Recorte presupuestario y aumento de violencia obligan al cierre de la Unidad Psiquiátrica de la Cárcel

• Funcionarios advierten sobre sobrecarga laboral, riesgos de seguridad y falta de protocolos ante el fin del convenio entre Gendarmería y el Servicio de Salud.

Lucas Ulloa Intveen
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El fin del convenio entre el Servicio de Salud Magallanes y Gendarmería, que desde 2003 permitía la operación de la Unidad Psiquiátrica Forense Hospitalaria Intrapenitenciaria (UPFHI), ha generado tensión entre las distintas instituciones carcelarias. Por más de dos décadas se implementó un modelo único en Chile, que permitía la atención psiquiátrica de internos en la cárcel. No obstante, ante recortes presupuestarios y conflictos internos en la entrega de medicamentos, las autoridades determinaron cerrar la unidad de aquí a diciembre, lo que ha generado alerta por parte de funcionarios y otras instituciones del sistema.

A pesar de que en agosto de 2023 se renovó el convenio y se decidió mantener en operaciones la Unidad Psiquiátrica, ya se evaluaba por aquel entonces su cierre. Para mantener su funcionamiento, el Servicio de Salud comprometió aumento de personal y horas clínicas, mientras que Gendarmería debía redoblar las condiciones de seguridad para el personal de salud al interior del penal.

Este año, el contexto era otro y los efectos comenzaron a verse desde principios de año. Según explica la seremi de Justicia, Michelle Peutat, las razones del cierre de la unidad tienen relación con “cambios en las condiciones bajo las cuales el convenio se venía ejecutando (…) El Servicio de Salud dejó de disponer de recursos para la contratación de personal externo a cargo de la entrega de medicamentos a pacientes ambulatorios”.

Así también lo confirma el director regional de Gendarmería, coronel Rodrigo Campusano. “A fines de marzo y principios de abril se termina esa parte del contrato por parte del Servicio de Salud por un recorte presupuestario, lo cual nos ocasionó bastantes problemas al interior de la cárcel, como tráfico de pastillas, medicamentos, agresiones y violencia”.

No obstante, desde el Servicio de Salud de Magallanes (SSM) y sus funcionarios agregan otra visión al problema. “La población penal con los años ha crecido bastante, las condiciones intrapenitenciarias también han cambiado. Hay mayores situaciones de vulnerabilidad hacia los funcionarios que antes no había (…) Los funcionarios de salud están en un sistema intrapenitenciario que es bastante complejo y no solo tenían que atender a la población que está en hospitalización de salud mental, sino también a los ambulatorios. Lo cual con el tiempo se volvió cada vez más complejo”, explica la directora Verónica Yáñez.

La decisión de cerrar la unidad psiquiátrica ha generado diversas reacciones. Una de las más drásticas ha sido anunciada en los últimos días por las asociaciones de funcionarios de Gendarmería, quienes se declararon “en estado de alerta”. Lamentaron la decisión y advierten que uno de los efectos está asociado con la atención rápida de estos pacientes. “Al no ser tratados con celeridad, podría acarrear problemas dentro de las zonas modulares, como autoagresiones, riñas, desórdenes colectivos y un alto riesgo de peligro hacia la integridad física de nuestros funcionarios penitenciarios y entre privados de libertad”.

Por otro lado, la seremi de Salud, Lidia Amarales, indicó que la medida de cerrar esta unidad “es lo mejor que se pudo haber hecho al 2025. Dar por terminado un convenio de un modelo de 2003, a un modelo que realmente le dé seguridad a los pacientes, a nuestros funcionarios que trabajan dentro de la penitenciaría, porque se estaba vulnerando su seguridad”.

Preocupación de Defensoría

Desde la Defensoría Penal Pública (DPP) indicaron a este medio que el cierre de esta unidad genera gran preocupación, especialmente por la complejidad que implica el posible traslado de las personas privadas de libertad en el complejo que actualmente están siendo tratadas en la unidad y su atención médica. Actualmente son 4 personas hospitalizadas y 74 personas asistidas en forma ambulatoria.

La defensora regional, Verónica Reyes Cea, señaló que la decisión “debería implicar trasladar a los internos con trastornos mentales a hospitales de la red pública para recibir la atención médica correspondiente, con las consiguientes dificultades e incomodidades tanto para internos como para pacientes en general y el personal de salud”.

En ese sentido, hacen ver que la medida ha generado preocupación tanto en los internos, familiares como en la propia Defensoria. Entre las principales preocupaciones describen la interrupción de tratamientos y dificultades para mantener adherencia a planes terapéuticos; eventuales retrasos en la atención profesional ante la necesidad de citas externas y demoras en la logística de traslado; riesgos de descompensación de cuadros psiquiátricos debido a cambios de entorno; la “deshumanización y falta de privacidad” durante el proceso de traslado y hospitalización fuera de la cárcel; los desafíos de seguridad y manejo de crisis en un contexto penitenciario. Y por último, apunta Reyes, “resulta preocupante la pérdida de camas psiquiátricas a nivel regional, las que desde ya resultan escasas”.

Recarga en hospital
y funcionarios

El plan de cierre implicaría una serie de adecuaciones en distintas unidades, tanto médicas como penitenciarias. En este proceso, el Hospital Clínico de Magallanes deberá mantener la coordinación que existe con Gendarmería para la atención de consulta de especialidad y procedimientos como lo hace habitualmente, y específicamente en los casos en que se requiera una atención de urgencias y eventualmente una hospitalización.

Para el caso de los internos hospitalizados, estos serían ingresados siempre bajo el resguardo de Gendarmería. “Cuando se requiere hospitalización por descompensaciones agudas de salud mental, ingresan a la UHCIP hasta su estabilización, para posteriormente continuar con tratamiento ambulatorio”, adelantó sobre los ingresos la subdirectora médica del HCM, Francisca Sanfuentes.

A su vez, las custodias de Gendarmería dependerán del nivel de complejidad que se requiera y podrían ser “dos o tres custodias”, indicó la seremi de Justicia.

Sobre este último punto cobra mayor relevancia lo advertido por funcionarios de Gendarmería en sus comunicados, que apuntan a que la medida “generaría una gran cantidad de salidas de urgencias donde exigiría una mayor sobrecarga laboral y logística, donde la dotación no es la suficiente para atender las diferentes salidas al exterior, vulnerando gravemente la seguridad a nivel carcelario como así los centros regionales de salud”.

Consultada la seremi de Justicia si la medida de cierre contempla algún refuerzo presupuestario o de recurso humano para realizar los traslados que se avizoran, no hubo respuesta.

Peligrosidad en aumento

Silvia Millapel es funcionaria de la Unidad Psiquiátrica desde su creación en 2003 y ha trabajado más de dos décadas en este sistema único en Chile. Asegura que un problema de fondo ha sido la entrega de medicamentos ambulatorios, prestación que nunca estuvo formalmente en el convenio. “Se hacía nomás. Gendarmería se acostumbró a que nosotros lo hiciéramos. Y llegó un momento donde la peligrosidad de los internos ha ido en aumento. Ya no son los mismos que eran antes”, relata.

Trabajar en la cárcel implicaba riesgos sin beneficios. “Era hacer la pega dentro de los módulos, sobre todo en la noche. Pasamos por un montón de cosas todos estos años y nadie veló por nosotros”, agrega.

Millapel advierte que el cierre de la UPFHI traerá consecuencias. “Estos pacientes van a tener que salir a controles, urgencias o SOS fuera del penal. Gendarmería tendrá que movilizar toda la red para sacar a un interno”.

La unidad siempre contó con psicólogos y especialistas, lo que evitaba muchas derivaciones. Con el cierre, los pacientes deberán ser trasladados al hospital, lo que implica mayor demanda de personal. “Tres hospitalizados significan 12 funcionarios, y Gendarmería no los tiene”.

Hasta ahora, no han recibido instrucciones claras sobre cómo operarán los próximos meses. Desde el SSM se informó que se están coordinando los retiros y tratamientos, y que los funcionarios apoyarán en otras áreas de salud mental.