Autoridades de Salud, Justicia y Gendarmería firman compromiso para mantener Unidad Psiquiátrica en la cárcel

A las doce del día, mientras asociaciones de funcionarios de Gendarmería regionales y nacionales daban cuenta de su descontento y la ausencia de respuestas ante el cierre de la Unidad Psiquiátrica Forense Hospitalaria Intrapenitenciaria (Uphfi) de Punta Arenas, a través de un comunicado firmado por las distintas autoridades involucradas en la decisión de cierre, manifestaron que resolvieron finalmente dar continuidad al dispositivo. Mientras los dirigentes manifestaban no recibir ninguna respuesta, el comunicado con la nueva decisión llegó primero a los medios de prensa.

Desde la zona central viajaron dos dirigentes nacionales de la Asociación de Directivos, Profesionales, Técnicos, Administrativos y Auxiliares de Gendarmería (Adiptgen), quienes mantuvieron reuniones ya desde este jueves con distintas autoridades. La asociación representa alrededor de 2.700 a 3.000 funcionarios de la institución, quienes no llevan uniformes al interior de las unidades penales.

“A nosotros nos interesa que las prestaciones continúen y que el convenio se respete, que se ajusten los detalles que hay que ajustar. No vamos a permitir y rechazamos tajantemente que esta carga, de producirse esta situación negativa del cierre del convenio, recaiga sobre nuestros colegas paramédicos, porque no están dando abasto”, explicó el dirigente nacional Leopoldo Benavides.

A las 12,30 horas, que daban la entrevista en las afueras del edificio de Gendarmería, explicaban que “no tenemos ninguna certeza de nada, no ha habido claridad (…) Aparte de la buena intención y el deseo que nos manifiestan las autoridades, no vemos que se esté trabajando para que estén garantizadas las prestaciones y el servicio con personal ajeno al institucional”, agrega Benavides.

Comunicado oficial

Sin embargo, minutos antes de que las asociaciones de funcionarios expusieran su visión sobre la problemática que implicaría el cierre, las autoridades ya habían enviado un comunicado oficial firmado por la seremi de Justicia, Salud, la dirección regional de Gendarmería y del Servicio de Salud, con los nombres de sus autoridades.

En la misiva exponen que “tras diversas reuniones sostenidas para abordar la situación de la Upfhi se ha resuelto que dicho dispositivo seguirá funcionando. Por su parte, todas las prestaciones en materia de salud mental se seguirán entregando a la población penal”.

Explican que Gendarmería y el Servicio de Salud “trabajarán en las modificaciones necesarias para dar continuidad a esta colaboración de acuerdo con las nuevas condiciones acordadas entre ambas partes”. Sobre el detalle de estas condiciones, no entregaron mayor información.

Diputados Matheson y Bianchi advierten colapso sanitario
y de seguridad por cierre de Unidad Psiquiátrica

En una muestra de preocupación transversal, los diputados Christian Matheson y Carlos Bianchi se sumaron al coro de críticas contra el anunciado cierre de la Unidad Psiquiátrica Forense Hospitalaria Intrapenitenciaria (UPFHI) del centro penitenciario de Punta Arenas, previsto para el 21 de diciembre. Ambos legisladores alertaron sobre graves consecuencias para el sistema de salud pública y la seguridad, respaldando explícitamente el reclamo de los funcionarios de Gendarmería y del área de la salud.

La intervención de ambos diputados evidencia la gravedad de la problemática y amplifica la presión sobre las autoridades regionales de Salud y Justicia. Sus posturas refuerzan los argumentos de los sindicatos y agregan alertas adicionales, como los “rescates violentos” que menciona Matheson. En tanto, los funcionarios mantienen su movilización.

Matheson

El diputado Christian Matheson expresó su “completa indignación” tras conocer la determinación del Servicio de Salud de poner término al convenio con Gendarmería, vigente desde 2003 y renovado en 2023. Calificó la medida de “extremadamente preocupante y de una falta total de criterio”, atribuyéndola a una “supuesta falta de recursos”.

Matheson fue enfático en detallar el impacto: “Actualmente existen 14 camas en psiquiatría de adultos en el Hospital Clínico y hay 22 hospitalizados. El cierre agravará este déficit al tener que trasladar a los reclusos, que ocuparán camas destinadas a los vecinos”. Además, advirtió que unos 90 pacientes penales que hoy son atendidos dentro de la cárcel saturarán el Centro de Salud Mental Ambulatorio (Cosam), postergando la atención de la comunidad.

El parlamentario también levantó una alerta de seguridad: “Existirá un peligro para los funcionarios y los vecinos si se produce un posible rescate violento por bandas delictuales en el entorno hospitalario”.

Debido a esto, Matheson no descartó “iniciar alguna acción judicial en contra de la directora del Servicio de Salud, la seremi de Salud y la seremi de Justicia”, por afectar gravemente el derecho a la salud de la población. Hizo un llamado urgente al diálogo para evitar que los responsables del cierre sean “cómplices” de cualquier hecho grave que ocurra.

Bianchi

Por su parte, el diputado independiente Carlos Bianchi manifestó su “apoyo totalmente a la reclamación legítima de los funcionarios de Gendarmería” y anunció acciones directas a nivel ministerial.

“Vamos a oficiar al ministro de Justicia, Jaime Gajardo, y hablar directamente con él”, afirmó Bianchi, subrayando que el problema no sólo afecta el tratamiento de los reclusos, sino también “las condiciones laborales de Gendarmería”.

Bianchi coincidió con su colega en el diagnóstico catastrófico: “Esto podría provocar el colapso en el hospital de Punta Arenas y en la salud primaria”. Alertó que la medida derivará en el “colapso de la enfermería del recinto” y traerá “complicación a la propia comunidad con la falta de especialistas y de camas clínicas”.