Tensión por incentivo al hidrógeno verde: piden parcelar el pago del 1% y retrasar el cobro hasta el inicio de la construcción

• Empresas y autoridades regionales afirman que
  el pago anticipado del impuesto del 1% afectará
  las inversiones en Magallanes.

• El gobernador Jorge Flies y el gremio H2V piden modificar los plazos y condiciones del proyecto de ley. El Ejecutivo defiende la iniciativa, pero se muestra abierto a dialogar.

Si bien en un comienzo el proyecto de incentivo tributario al hidrógeno verde fue bien recibido por la industria, con el paso de los días comenzaron a surgir una serie de críticas desde Magallanes, región en donde se concentra la mayor cantidad de proyectos ingresados al Sistema de Evaluación Ambiental.

Uno de los primeros en poner señales de alerta fue el gerente general de TotalEnergies H2, Antoine Liane, quien indicó que la intención inicial era buena, pero que la llamada “letra chica lo convierte en un verdadero salvavidas de piedra”. Esta frase, vertida en una entrevista con El Magallanes, desencadenó una ola de críticas.

Este proyecto se encuentra actualmente en discusión por parte de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. La iniciativa busca generar un incentivo tributario transitorio para promover la generación de demanda local, al permitir a los adquirentes reducir parte del valor de compra mediante el uso de créditos tributarios contra el impuesto de primera categoría, compensando así los mayores costos de producción del hidrógeno verde y sus derivados.

A esto se suma que las empresas de H2V que se instalen en Magallanes no podrán acceder a ningún tipo de subsidio o retribuciones por las ventas que realicen; es decir, no se podrán acoger a leyes de excepción como Navarino o Tierra del Fuego. El proyecto solo les permitirá quedar exentas del impuesto de primera categoría, como ocurre con las empresas ubicadas en la Zona Franca.

Uno de los puntos que suscita mayor debate en las empresas ligadas al H2V es que el adelanto del pago de la contribución para el desarrollo regional -la cual corresponde al 1% del monto invertido- se deberá realizar un mes después de haber obtenido la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

A nivel regional, se acusó que el proyecto no fue socializado con el Gobierno Regional de Magallanes; que el incentivo a la demanda local no tendrá un impacto en la producción desarrollada en la Patagonia; y que el pago del impuesto regional del 1% después de obtener la RCA reduce la competitividad de los proyectos en Magallanes y le pone “una lápida” a la industria.

Todo este debate acaparó el tercer Hyvolution, en donde las reuniones, telefonazos y conversaciones de pasillo abundaron. También repercutió en el último Comité Estratégico del Hidrógeno Verde, cita en la que uno de los más iracundos fue el gobernador regional Jorge Flies, quien manifestó su malestar por no haber sido consultado sobre las implicancias que este proyecto puede tener en Magallanes.

“Nosotros tenemos nuestras aprensiones sobre cómo ha sido presentado. Yo creo que no se puede colocar la carreta delante de los bueyes”, señaló la máxima autoridad regional en conversación con El Magallanes. Flies mostró sus reservas a “hablar de impuestos antes de que exista la empresa”.

“Probablemente, esta propuesta del 1% una vez que se adquiera la RCA no es el mejor momento, por los volúmenes de inversión que involucra y, más que estimular, desincentiva la inversión”, añadió Flies, quien el pasado miércoles, durante la realización de Hyvolution en Santiago, sostuvo una reunión con miembros de la Asociación de Productores de Hidrógeno Verde y sus Derivados en Magallanes (H2V Magallanes).

Molestia en la industria

“No es el pago en sí, sino que la oportunidad del pago es muy complicada; ponía en serios aprietos a la industria para poder conseguir las inversiones que requiere para su instalación”, indicó el director ejecutivo de H2V Magallanes, Salvador Harambour, quien, en conversación con El Magallanes, explicó que cancelar el 1% del valor del proyecto 30 días después de haber obtenido la RCA es complejo, ya que no existen certezas sobre si la iniciativa se va a concretar, desconocen si será judicializada, ni existen contratos de venta. “Ninguno de estos proyectos se construye sobre la base de fondos que tenga una empresa guardados en una caja fuerte. Todos los proyectos van a buscar financiamiento”, agregó.

Otro tema que suscita dudas es que el incentivo a la demanda interna de hidrógeno verde no beneficiaría a las empresas domiciliadas en Magallanes, ya que existe un número limitado de compañías que utilicen hidrógeno en sus procesos productivos. Se estima que la Empresa Nacional del Petróleo o Methanex podrían ser potenciales compradores.

Esto contrasta con la realidad del resto del país. Por ejemplo, los proyectos de H2V que se instalarán en la región de Antofagasta podrían suministrar hidrógeno verde a la gran minería, o en el Biobío, otra zona de interés para este naciente sector productivo, podría proveerse al sector forestal.

“Efectivamente, las empresas que desarrollan proyectos de producción de hidrógeno en el norte del país van a tener, por supuesto, una prioridad”, precisó el seremi de Energía, Sergio Cuitiño, quien aseguró que los mayores consumos internos se darían en la gran minería. “Por supuesto que los costos más competitivos se van a dar, o los van a tener, las empresas que estén más cerca de esos puntos de consumo”, prosiguió.

Desde la Asociación Chilena de Hidrógeno (H2 Chile), su director ejecutivo, Marcos Kulka, señaló a Pulso que “hay que evaluar la ley en su conjunto, porque son para zonas distintas y fines distintos”, y que “todo lo que está asociado al incentivo a la demanda local ha sido bien recibido por los proyectos”.

Apertura del Gobierno
y propuesta del H2V

El ministro de Energía, Diego Pardow, se mostró sorprendido con la reacción de la industria, pero abierto a discutir el proyecto: “Si este 1% tiene que tener un techo, si tiene que ser menos, si el hito que gatilla su adelantamiento puede ser otro, es algo que se puede conversar”.

“Es una muy buena noticia”, así calificó Salvador Harambour la apertura del Gobierno a modificar el proyecto.

En conversación con El Magallanes, Harambour explicó que la propuesta del gremio apunta a modificar el momento del pago del 1% a las arcas fiscales regionales. Actualmente, el proyecto de ley establece que este pago debe realizarse 30 días después de otorgada la RCA.

La propuesta es que el pago se haga cuando comiencen los trabajos de construcción, y de forma parcelada.

“Buscamos adecuar este pago a un momento en que efectivamente sirva de aliciente a la instalación de los proyectos y a la recepción de esos fondos por parte de la región, y no que se transforme en un obstáculo para que eso ocurra. El pago que recibiría la región es, de todas maneras, adelantado, pero no tan adelantado como el momento de la RCA”, cerró Harambour.

Defensa a nivel central

Fuentes del Gobierno de Gabriel Boric, consultadas fuera de micrófono, señalaron que la idea del incentivo habría surgido desde una empresa del rubro del hidrógeno, la cual propuso esta medida a cambio de extender la Ley Navarino. Esta ley otorga una serie de beneficios tributarios y aduaneros que favorecen la competitividad, incluyendo una bonificación del 20% sobre las ventas al resto del país, exenciones del impuesto de primera categoría, Iva, aranceles aduaneros e impuestos adicionales sobre maquinarias, equipos, repuestos y combustibles destinados a procesos productivos.

Sin embargo, por responsabilidad fiscal, se habría optado por no acoger la extensión de la Ley Navarino y, en su lugar, crear un estatuto especial para los productores de hidrógeno verde o sus derivados que se instalen en Magallanes.

La iniciativa fue defendida por el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, quien destacó que se trata de un “empujón” necesario para el desarrollo de la industria en Chile. Si bien el país tiene los costos estimados más bajos del mundo para la producción de hidrógeno verde, estos aún son dos o tres veces más altos que las alternativas convencionales, generalmente más contaminantes.

“Lo que hace este proyecto es permitir que el productor traspase un crédito tributario a quien va a comprar sus productos”, explicó Grau, citando como ejemplo una minera que usa explosivos convencionales. Cambiar a alternativas basadas en hidrógeno verde implicaría mayores costos que, sin incentivos, desincentivan la compra. “La incertidumbre de demanda mata la inversión”, agregó.

El incentivo busca facilitar que sectores como la minería, el transporte u otras industrias que utilicen hidrógeno o sus derivados en Chile puedan acceder a insumos más competitivos, además de aportar al cumplimiento de la estrategia de carbono neutralidad.

En cuanto al estatuto especial, Grau afirmó que la existencia de múltiples instrumentos tributarios distintos puede “generar distorsiones económicas e inequidad territorial que es necesario evitar”.

Sesionar en Magallanes

Durante la discusión del proyecto en la Comisión de Hacienda, el diputado Carlos Bianchi solicitó que el debate se traslade a los territorios más involucrados, proponiendo que al menos una sesión se realice en Magallanes con participación de todos los actores.

“No se trata solo de Magallanes, esto -como dijo el ministro Grau- es un beneficio que podría llegar al país entero”, dijo Bianchi, destacando la importancia nacional del nuevo sector productivo.

En qué está el proyecto

El proyecto cuenta con urgencia suma, lo que implica que debe ser despachado en un plazo de diez días. El diputado Bianchi pidió al Gobierno moderar esa presión legislativa:

“No se trata de retrasar el proyecto, pero la urgencia suma me parece una presión indebida. Esta es una propuesta que marca un antes y un después, al menos para Magallanes, y merece un análisis detallado. Es una discusión que debe ser también social, no solo económica”, concluyó.