Exfiscal removido del cargo acusó a jefe regional de orquestar un “plan maquiavélico” y lo demandó en $200 millones

• “Las autoridades del Ministerio Público terminaron decretando mi remoción del cargo, situación que buscaban prácticamente desde la llegada a la región del actual fiscal regional”, planteó el demandante.

El viernes 5 de septiembre el receptor judicial laboral notificó al fiscal regional Cristián Crisosto Rifo de la tutela laboral que presentó en su contra el expersecutor penal Manuel Soto Basauren, por lo que considera un “despido injustificado”, cuyo decreto fue firmado con fecha 23 de junio de 2025.

La titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas, Claudia Ortiz Quinteros, llamó a las partes a audiencia preparatoria para el 8 de octubre, a las 9,30 horas

En esta audiencia las partes deberán presentar sus pruebas documentales y señalar todos los demás medios de prueba que pretenden hacer valer en la audiencia de juicio.

La presentación de Manuel Soto cuenta con el patrocinio del abogado Fernando Leal Aravena, quien pide que al demandado se le condene al pago de las indemnizaciones y prestaciones legales, “por las vulneraciones sufridas por mi patrocinado”.

Considerando “las afectaciones físicas, emocionales y psicológicas que mi representado ha sufrido con motivo del actuar antijurídico de la denunciada, y considerando asimismo el lucro cesante que le afecta, vengo en solicitar a su señoría que condene a la denunciada al pago de una indemnización ascendente a $200.000.000.  Y, por las afectaciones físicas, psíquicas y emocionales sufridas a raíz del actuar de la denunciada, consistentes en el daño moral ocasionado y; el lucro cesante por el monto que corresponda a la fecha de dictación de la sentencia, considerando la remuneración que ha dejado de percibir por actos arbitrarios del que fuera su empleador”.

Soto Basauren ingresó al Ministerio Público el 26 de mayo de 2008, desempeñó diversas funciones. Incluso en marzo de 2023, el fiscal nacional Angel Valencia Vásquez lo designó como fiscal regional suplente en la Región de Magallanes, hasta mayo de ese mismo año, cuando asumió Crisosto”.

Versión de Manuel Soto

El escrito, de 53 páginas, recoge la versión del propio exfiscal Manuel Soto, donde reafirma que “durante todos estos años he realizado mi trabajo de manera responsable y profesional, teniendo una conducta intachable”.

Desde las primeras reuniones con la nueva jefatura (fiscal regional y directora ejecutiva regional), entre junio y julio de 2023, aduce de que “ambos conversaban y me ignoraban”.

Al mes siguiente lo dejaron a cargo de la unidad de drogas, delitos contra la propiedad y delitos sobre control de armas, compuesta por un fiscal adjunto, un ayudante de fiscal y dos gestores. Además de responder por la Fiscalía de Tierra del Fuego.

“A los pocos meses estábamos completamente sobrepasados en la carga de trabajo, y nuestras autoridades (fiscal regional y directora ejecutiva regional) sólo nos representaban pública y privadamente que nuestro trabajo estaba mal realizado, que toda este incremento laboral sólo se debía a una mala gestión nuestra”.

Llegó a pensar que lo único que pretendían era perjudicarlo y que pudiera cometer algún error que implicara una sanción administrativa.

Desde la llegada de Crisosto y su equipo a Magallanes, “siempre se mostró distante en el trato hacia mi persona, lo que denotaba sentimientos de animadversión. Por ejemplo, en reuniones con otros jefes se refería a mi persona como ‘el Soto’, de manera peyorativa, en circunstancias que al resto los mencionaba como fiscal y su respectivo nombre o apellido”.

Para el “Caso Confederación”, el más grande tráfico de drogas desbaratado en Magallanes, solicitó reiteradamente ayuda por su alta complejidad.

A los pocos días fue citado de manera urgente al despacho del fiscal regional, quien “me señala de manera agresiva cómo se te ocurre enviar un correo electrónico solicitando ayuda”. Y lo recriminó en términos autoritarios.

En el encuentro estaba presente la directora ejecutiva regional, quienes lo hicieron sentir humillado. Entiende Manuel Soto que nada justifica el trato degradante, por el sólo hecho de solicitar ayuda para la Unidad de la cual formaba parte, y para dos causas de alta complejidad para la región. Incluso un fiscal habría solidarizado con él.

Sólo para la prensa

Cuando terminaba el juicio oral del “Caso Confederación” fue notificado de sanciones administrativas. Lo suspendieron de funciones por dos meses con el pago de media remuneración mensual.

Un castigo injusto, sobre todo cuando estaba terminando una causa emblemática, que junto a otra de alta complejidad del Equipo Conjunto de Investigación (ECI), le permitieron al fiscal Crisosto viajar a exponer los resultados de este trabajo en Santiago y Argentina. Por este motivo tuvo que prepararle resúmenes con los hechos principales investigados y delitos imputados. En marzo de 2024 el mismo Crisosto viajó a la Onu con sede en Viena, Austria, precisamente para exponer acerca de la causa indicada. Siendo que no participó de ninguna audiencia, ya sea de formalización, reformalización o discusión de medidas cautelares. “Sin embargo, se encargaba de aparecer constantemente en cuñas periodísticas”.

El exfiscal de Punta Arenas menciona también la denuncia que interpuso la administradora de la Fiscalía de Tierra del Fuego por un supuesto acoso sexual, que calificó de “falsa, injuriosa y calumniosa”. Califica esto como una infamia, de la cual fue víctima. “De esta manera no logro entender y comprender el grado de maldad que algunas personas pueden tener, sólo fundada en una especie de envidia”.

“Lo curioso de estas denuncias no sólo es la extemporalidad de los hechos, sino lo falso, artificial, y lo dañino que ha resultado para mí persona y familia. Lo que me hace pensar naturalmente, y ahora lo señalo desde la perspectiva de víctima, que ha sido por el acoso o maltrato laboral, que se han instrumentalizado normas legales y personas para denostar mi honor y familia, sin ningún escrúpulo, motivados por actos de desconsideración y abuso”. Le llama poderosamente la atención, que, “por el transcurso del tiempo, las modalidades utilizadas por mi jefatura, para llevar a cabo una verdadera operación para removerme del cargo, instan a poner en práctica toda esta persecución o acoso laboral sin ningún escrúpulo”.

“Quienes me conocieron saben de mi irreprochable conducta, profesional y personal, por lo que nunca dieron crédito a los planes maquiavélicos de mi jefatura. Pero lamentablemente, están sujetos y bajo la supervisión de los denunciados, que han demostrado en este último tiempo que son personas dispuestas a cualquier cosa con el único propósito de conseguir sus objetivos, sin importar que se denoste la honra de las personas, que en definitiva terminen despidiendo de sus trabajos a funcionarios honestos y responsables, que así lo han demostrado durante varios años de trabajo en el Ministerio Público. Sin el afán de especular, se desconocen las motivaciones, intereses que mueven a los denunciados a realizar este tipo de actuaciones, donde utilizan e instrumentalizan normas y a personas, en perjuicio de otras”, señala Manuel Soto.

Todo esto le ha significado sufrir problemas físicos y mentales, teniendo dificultades para dormir, cuadros graves de estrés y ansiedad. “Además, se ha visto afectado mi núcleo familiar (cónyuge e hijos), quienes pudieron observar que me encontraba triste, desanimado y en extremo preocupado, teniendo la sensación de que fuera otra persona”.

Remoción

Añade que “finalmente, las autoridades del Ministerio Público terminaron decretando mi remoción del cargo, situación que buscaban prácticamente desde la llegada a la región del actual fiscal regional, Cristián Crisosto Rifo, con ello, ensucian, dañan y perjudican toda una labor profesional y honesta que desempeñé por muchos años, y que lamentablemente, por mentes inescrupulosas, y otros no prestando atención del acoso que fui víctima, terminé siendo removido e imputado”.