Seguridad aérea y voluntad política

La aprobación en general, por parte de la Comisión de Transportes del Senado, del proyecto que obliga a las aerolíneas a entregar con antelación los listados de pasajeros a las autoridades constituye un paso concreto en la dirección correcta. Se trata de una iniciativa que, más allá de tecnicismos legislativos, responde a una necesidad urgente: dotar al país de herramientas eficaces para prevenir delitos, identificar prófugos y combatir redes criminales que utilizan el transporte aéreo como medio para evadir la justicia.

Contar oportunamente con estos listados funciona como herramienta de seguridad fundamental en la aviación y el transporte al permitir a las autoridades identificar y controlar a las peronas antes de su llegada o salida, previniendo así actividades delictivas como el terrorismo, la trata de personas, el narcotráfico y todo tipo de contrabando.

La propuesta, impulsada desde regiones por el alcalde de Punta Arenas y apoyada por parlamentarios magallánicos tiene además el valor de visibilizar que muchas de las demandas de mayor seguridad nacen fuera de Santiago, en territorios donde la sensación de vulnerabilidad es creciente y la confianza en el Estado depende de respuestas rápidas y concretas.

El Congreso ha dado un primer paso, pero lo que sigue es aún más relevante: no basta con aprobar la idea de legislar. Es indispensable que la discusión en sala y la incorporación de indicaciones no dilaten innecesariamente el proceso. La “suma urgencia” otorgada por el Ejecutivo debe ser real y efectiva, traducida en plazos acotados y voluntad política para que la ley esté vigente lo antes posible.

En materia de seguridad, cada demora tiene costos. El país necesita avanzar hacia sistemas de información integrados y actualizados, donde Carabineros, el Ministerio Público y el futuro Ministerio de Seguridad puedan actuar antes de que los problemas se materialicen. La experiencia internacional muestra que la anticipación es clave para evitar que el crimen organizado y la delincuencia se aprovechen de vacíos normativos.

Chile está a tiempo de cerrar esa brecha. La ciudadanía espera hechos, no discursos, y la aprobación de esta ley sería un mensaje claro de que la política puede responder con eficacia a una demanda transversal: más seguridad para todos.