Cuando la institucionalidad cede a las presiones

El reciente sobreseimiento de la exseremi de las Culturas y las Artes, Carolina Herrera, tras no acreditarse las denuncias de maltrato laboral en su contra, abre un debate incómodo pero necesario: ¿hasta qué punto la institucionalidad logra sostenerse frente a las presiones políticas y gremiales?

Herrera dejó su cargo en mayo, en medio de una paralización de funcionarios y acusaciones que, según determinó la propia Subsecretaría de las Culturas, carecían de respaldo suficiente. Su salida, entonces, no respondió a una falta administrativa comprobada, sino a un ambiente insostenible que terminó forzando su renuncia. Esto nos confronta con un problema mayor, dado por el hecho de que la institucionalidad queda debilitada cuando la presión de grupos de interés se impone sobre el debido proceso.

La situación no es aislada. Durante este mismo gobierno ya se removió a dos seremis de Cultura por denuncias de maltrato. Algo ocurre al interior de esa repartición que merece ser revisado con urgencia: la reiteración de conflictos laborales, la fractura con asociaciones de funcionarios y la incapacidad de generar liderazgos sólidos en el territorio. El patrón habla de un clima institucional enrarecido, donde la denuncia se transforma en arma y la salida de las autoridades en una consecuencia casi inevitable.

De paso, también se abre una arista política, pues perfectamente se podría cuestionar la falta de apoyo del Frente Amplio a dos de sus figuras con proyección política.

Pero hay otra cara que tampoco puede ignorarse. En otras ocasiones -y en otros sectores- se observa lo contrario: autoridades denunciadas que logran mantenerse en sus cargos gracias al blindaje de sus partidos o del gobierno de turno, pese a la gravedad de las acusaciones. Esa doble vara erosiona la confianza ciudadana, ya que o bien se destituye sin pruebas suficientes, o bien se protege sin importar las evidencias.

El caso de la exseremi Herrera pone en cuestión la capacidad del Estado de garantizar procesos justos y consistentes. Si una denuncia no tiene fundamentos, no puede ser causal suficiente para arruinar la trayectoria de una persona ni para descabezar una repartición. Pero si la institucionalidad responde de manera errática -a veces sobreprotegiendo, a veces cediendo- lo que se resiente no es sólo la credibilidad de las autoridades, sino la confianza en el sistema democrático en su conjunto.

Este caso debe llamar a la reflexión y la responsabilidad. Cabe pedir que se revisen estructuras, liderazgos, estilos de gestión y canales de diálogo. De lo contrario, la historia seguirá repitiéndose, con o sin fundamento en las denuncias. Y será la institucionalidad, una vez más, la que pague el precio más alto.