Licencias médicas y el costo de la desconfianza

El inicio de las notificaciones de sumarios a funcionarios de la salud municipal por el mal uso de licencias médicas marca un punto crítico en la Corporación Municipal de Punta Arenas. Son 59 los casos investigados, y ya se han materializado las primeras destituciones, incluyendo a un médico de la red primaria. 

Estas medidas van en el sentido correcto y lo esperado por la ciudadanía, mucho más cuando fue muy bullado el caso licencias médicas, el cual tuvo a Magallanes en la mira, pues varias instituciones ranquearon en los primeros lugares del mal uso de éstas denunciado por Contraloría.

Pero, aunque la medida responde a la necesidad de resguardar la probidad y el correcto uso de recursos públicos, abre un flanco que no puede ignorarse: el impacto directo en la atención de los usuarios.

El dirigente regional de la Confusam, Alberto Vargas, advirtió que, si los sumarios derivan en la desvinculación de más profesionales médicos, la red de salud primaria resentirá su funcionamiento. El recurso humano especializado es escaso en la región y atraer nuevos profesionales al sistema público es una tarea compleja. Expuesto así, la expulsión de personal, por legítima que sea en términos administrativos, puede traducirse en tiempos de espera más largos, menor continuidad de tratamientos y un deterioro en la calidad de la atención.

Pero, aunque lo planteado por el dirigente tiene cierto asidero, también corresponde preguntarse: ¿de qué sirve mantener en la nómina a un profesional cuya conducta demuestra reiteración o extensión excesiva en el uso de licencias? Un médico ausente de manera permanente o prolongada genera el mismo efecto que su desvinculación: el deterioro de la atención. Si la integridad del sistema se mide en términos de confianza y disponibilidad, es necesario priorizar la permanencia de quienes cumplen, para no hipotecar la credibilidad de toda la red frente a los usuarios.

Este caso expone, una vez más, la tensión entre la necesaria sanción a prácticas indebidas y la urgencia de garantizar un servicio esencial como la salud. La autoridad municipal debe demostrar que está a la altura de esa doble responsabilidad: aplicar las sanciones sin debilitar el sistema. Para ello, se requiere de un plan claro de reemplazo de profesionales, de medidas de refuerzo a la atención y de una comunicación transparente hacia la comunidad, que merece certezas en lugar de incertidumbres.

Ante la gravedad y la magnitud de los casos detectados en el mal uso de licencias médicas, resulta imprescindible que existan sanciones proporcionales y equilibradas. No todos los hechos revisten la misma entidad y, por ello, la institucionalidad debe contemplar desde la remoción definitiva, hasta castigos pecuniarios o anotaciones de demérito, según corresponda. Lo que no puede ocurrir, bajo ningún pretexto, es la impunidad. La señal que se entregue hoy marcará un precedente respecto de la seriedad con que se protege la probidad en el sistema de salud municipal y el respeto a los recursos públicos.

El caso de las licencias médicas en la Cormupa debe servir de lección. La probidad es intransable, pero también lo es la continuidad del servicio público. El desafío está en equilibrar ambas exigencias, sin que los usuarios -los más vulnerables en esta cadena- terminen siendo los principales perjudicados.