Maternar en resistencia: racismo y neoliberalismo en el Día Internacional de la Mujer Indígena

Cada 5 de septiembre recordamos a Bartolina Sisa, mujer aymara asesinada en 1782 por enfrentar al colonialismo. Su memoria inspira el Día Internacional de la Mujer Indígena, una fecha de homenaje, pero también de denuncia: las violencias hacia nuestros cuerpos no quedaron en el pasado, solo cambiaron de rostro.

La noticia más reciente lo confirma. El 28 de agosto, Dinamarca debió pedir perdón a más de 4.500 mujeres inuit de Groenlandia que, entre 1960 y 1992, fueron sometidas a anticoncepción forzada. Muchas quedaron estériles, casi todas con cicatrices físicas y emocionales. Este perdón histórico nos recuerda que el control sobre la reproducción de las mujeres indígenas ha sido una práctica sistemática, no un error aislado.

Y no es un hecho lejano. En Perú, entre 1996 y 2000, más de 200 mil mujeres —principalmente quechuas, aimaras y amazónicas— fueron esterilizadas bajo el gobierno de Fujimori. En Chile, en 2016, el caso de Lorenza Cayuhan mostró la misma lógica: mujer mapuche, encarcelada, obligada a parir engrillada. Distintos contextos, un mismo mensaje: las maternidades indígenas incomodan, se desconfía de ellas, se las castiga.

La pregunta que surge es urgente: ¿quién tiene derecho a tener hijos? Según la lógica neoliberal, solo quienes cumplen con el estándar del “éxito” —casa propia, contrato indefinido, auto— merecen maternar. Para el resto, la maternidad se convierte en un gesto irresponsable.

Pero cuando esa mirada se dirige hacia las mujeres indígenas, la sospecha es doble. No solo se nos juzga bajo criterios aporofóbicos, sino que esa aporofobia adquiere un rostro etnocida: se nos asocia automáticamente a la pobreza, incluso cuando no lo seamos económicamente. Nuestra cultura, nuestras lenguas y nuestras formas de vida son vistas como carencia, como atraso, como pobreza simbólica. Y desde ahí se construye la deslegitimación de nuestras maternidades.

Lo más perverso es que estas violencias se disfrazan de prudencia: “¿cómo vas a tener hijos si no puedes mantenerlos?”. Lo que no se dice es que la pobreza no es un defecto individual, sino la consecuencia de siglos de saqueo. Y lo que tampoco se reconoce es que en nuestras comunidades la crianza ha sido siempre compartida, sostenida por redes familiares y territoriales que el neoliberalismo no entiende ni valora.

Así, la aporofobia deja de ser solo desprecio por la falta de recursos: se convierte en una estrategia de silenciamiento, una forma contemporánea de racismo que busca negar la posibilidad de que los pueblos indígenas insistan en existir a través de sus hijas e hijos.

Por eso, en este Día Internacional de la Mujer Indígena, urge recordar que maternar no es un privilegio condicionado por contratos o cuentas bancarias: es un derecho humano, un acto de resistencia y, para nuestros pueblos, una forma de supervivencia cultural.

El derecho a maternar no se pide: se ejerce. Se defiende con políticas públicas, con respeto a la diversidad cultural y con justicia social. Y sobre todo, se ejerce sin pedir permiso.