“Se necesitan optimizaciones sustanciales para bajar el precio de venta del amoniaco en, al menos, 30%”

Elia Simeone R.
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Chile está perdiendo competitividad respecto de la industria del hidrógeno y amoniaco verde a nivel mundial, escenario que pesa mucho más respecto de los proyectos que quieren desarrollarse en Magallanes, donde se parte, prácticamente, desde cero en términos de infraestructura portuaria, red vial y sistema de energía renovable.

¿Cómo puede nuestra región llegar a ser competitiva? “Tenemos que bajar el precio de venta en un 30%”. Así lo sentenció Salvador Harambour, director ejecutivo de la Asociación Gremial de Empresas Productoras de Hidrógeno Verde y sus Derivados de Magallanes.

El 70% del precio está incidido por los costos de infraestructura -parque eólico, planta productora y transporte-; el 22% se relaciona con las condiciones de financimiento; y el 10% restante, con los impuestos.

En las actuales condiciones, el producto generado desde Magallanes podría salir al mercado a 1.300 dólares por tonelada. “Eso, claramente, no es competitivo a nivel internacional”, señaló Harambour y agregó: “Tenemos que poder llegar a 900 dólares por tonelada para comenzar a ser competitivos”.

Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer para alcanzar el precio requerido para viabilizar los proyectos? Se cree que hay un margen para bajar en un 15% los costos técnicos en base a la optimización de las iniciativas; y otro 10% en lo relativo al financiamiento.

Queda como desafío país lograr reducir los costos derivados de los impuestos. “Si logramos bajarlos en un 5% más lo adicional, estaríamos en condiciones de comenzar a ser competitivos”, teorizó el directivo de H2V Magallanes.

Esto fue planteado por Salvador Harambour esta semana en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde se está analizando el proyecto de fomento a la industria del hidrógeno verde, el cual -según la visión de la asociación gremial de nuestra zona- puede convertirse en lo que se ha denominado un “salvavidas de piedra”.

Objeciones al
 proyecto de ley

Al respecto, Harambour hizo ver que la iniciativa del Ejecutivo contiene dos barreras, las que, si no se retiran, quitarán competitividad.

El primer obstáculo es -según el gremio regional- el tributo adicional del 35% a la repatriación de capitales, lo que lleva a que no impacte que se baje de 27% a 0% el Impuesto de Primera Categoría como está en el proyecto de ley.

El gremio propone, en cambio, el derecho a usar como crédito el Impuesto de Primera Categoría contra el gravamen adicional, de tal manera que se reduzca el monto a pagar, quedando el tributo a cancelar en alrededor de un 11%.

 “Esto nos puede hacer ganar entre un 5 y un 10% en competitividad final y es tremendamente relevante para viabilizar la inversión en Magallanes”, dijo.

Puntualizó que no se discute la contribución territorial del 1% tal y como está en el régimen actual, es decir, a partir del inicio de operación en cinco cuotas anuales. El Ejecutivo quiere, empero, adelantar tal pago al momento de que cada iniciativa de H2V obtenga su venia ambiental, lo cual importa un peso enorme a la naciente industria pues ello sería antes de que hubiera la decisión de inversión o estuviera el financiamiento cerrado.

Como alternativa al régimen actual versus la propuesta gubernamental, el gremio está disponible para hacer un anticipo del pago vinculado a la inversión efectiva materializada año a año. 

Escenario regional diferente
al del resto del país

En su presentación, Harambour detalló los componentes que hacen único al escenario magallánico, diferenciándolo de lo que se está desarrollando en el resto del país. “Tenemos una visión distinta”, apuntó Harambour respecto de la marcha de la industria y los incentivos que se requieren para su desarrollo. 

La asociación está integrada por seis empresas de capitales internacionales: Acciona & Nordex; Consorcio Austral; EDF Power Solutions; HNH Energy; Teg; y TotalEnergies H2. Estas compañías tienen ocho proyectos que suman 35 GW de potencia eólica instalada y US$70 mil millones de inversión. 

Son iniciativas diseñadas para producir amonico verde para el mercado internacional.

Actualmente, hay dos megaproyectos en tramitación en el Servicio de Evaluación Ambiental, el de HNH, por unos US$12 mil millones, y el de TotalEnergies H2, por unos US$16 mil millones. 

Según el timing, potencialmente podría haber 5 a 10 GW relacionados con estos dos proyectos en construcción paralela entre 2027 y 2032, generando sobre 10 mil empleos directos en la etapa de construcción y 3 mil cupos en la fase de operación de las iniciativas, con un “impacto enorme en la cantidad y la calidad de trabajo que se puede generar en la región”, de acuerdo a lo asegurado por Harambour.

Esto se enmarca en el Plan de Acción de Hidrógeno Verde 2023-2030 y Harambour reiteró que estas iniciativas están  destinados exclusivamente a la exportación por su escala.

Nuestra región ofrece tres ventajas importantes para la instalación de megaproyectos: el viento, con factores de planta ubicados entre los mejores del mundo; espacio disponible para instalar grandes proyectos con centenares de aerogeneradores; y agua, por la cercanía al estrecho de Magallanes que permite disponer de este elemento para la hidrólisis e instalar puertos que faciliten la exportación.

Desventajas y desafíos

¿Cuáles son los desafíos que se enfrentan? Primero, la estabilidad regulatoria, toda vez que los proyectos han debido enfrentar una tramitación ambiental compleja y un marco normativo cambiante, dado por el surgimiento de diversas guías. “Sin embargo, las empresas han podido ir acomodándose”, apuntó.

No obstante, aseveró que el proyecto de ley de fomento a la industria del H2V genera “una preocupación”, pues enfrenta a “algunos riesgos” a los proyectos a desarrollarse en Magallanes. 

El segundo reto es contar con la infraestructura habilitante: “¡En la región falta absolutamente todo!”, denunció Harambour, pues se carece de instalaciones portuarias y red vial necesarias para la etapa de construcción de los parques y plantas, así como de un sistema eléctrico regional con energía renovable competitiva.

El tercer desafío pasa por la competitividad y el apoyo financiero del Estado. Harambour hizo ver que el desarrollo de esta industria requiere de subsidios y/o incentivos tributarios, mucho más cuando otros países han estado anunciando programas de subsidios y/o de tax credits (créditos fiscales). 

“Nos están dejando, desgraciadamente, en desventaja. Estamos pasando de ser el país número uno en términos de competitividad, a quedar rezagados en ese aspecto”, advirtió.

En resumen, el gremio regional aspira a que se incluya en el articulado del proyecto de ley del Ejecutivo que haya una excepción de Impuesto de Primera Categoría y que se reduzca el impuesto adicional que grava la repatriación de capitales. 

“Si (el Estado) nos ayuda bajando los impuestos, esta industria puede ser viable y generar muchos recursos al fisco. De hecho, un solo proyecto de estos grandes que se instale significaría una recaudación fiscal en términos de impuestos durante la vida del proyecto de cerca de 2 mil millones de dólares. En cambio, lo que está diciendo el gobierno, al subsidiar la demanda, es que está dejando de percibir impuestos que hoy día percibe porque está desviando una demanda que ya existe, subsidiándola y, por lo tanto, dejando de percibir esos impuestos. Nosotros, lo que decimos es que,  si la industria se instala, va a generar más impuestos para el Estado, impuestos que hoy día no existen”, explicó Harambour a Pulso Económico.