Crisis en el Sag Magallanes: denuncias cruzadas, sumarios y dimisión sacuden al servicio

Acusaciones de maltrato, persecución laboral y malas prácticas administrativas son algunos de los hechos detectados en la entidad. La directora regional renunció tras acusar presiones del nivel central y una campaña de desprestigio.

Marcos Sepúlveda Loyola 

Hostigamiento, persecución, menoscabo, humillación y malos tratos verbales son algunas de las denuncias realizadas por una funcionaria del servicio en contra de una jefa de sección. Esto desencadenó un proceso por Ley Karin en contra de esta jefatura.

De acuerdo con la denuncia, los hechos comenzaron en abril de 2023, cuando su jefatura directa le comunicó una reasignación de funciones. Esta decisión coincidió con la contratación directa de una nueva profesional en el área que anteriormente desempeñaba, la cual se habría realizado sin concurso público.

Durante más de seis meses, estuvo sin funciones claras, debiendo autogestionarse en otro sector del servicio. A pesar de múltiples solicitudes verbales y por correo electrónico, la jefatura no le entregó tareas formales hasta noviembre de 2023.
La situación escaló en abril de 2024, cuando fue designada en un cargo de jefatura. En ese contexto se produjo una situación con una técnico del servicio, quien, según relató una fuente consultada por este medio, la habría insultado, desacreditado profesionalmente y amenazado verbalmente con expresiones como: “Ahí te quiero ver, ¡arrastrándote!”.

Tras este incidente, esta trabajadora habría sido blanco de burlas públicas, gritos y comentarios denigrantes en su lugar de trabajo, incluyendo frases denostativas. Estos presuntos maltratos se encuentran en proceso, a la espera de las resoluciones correspondientes.

Este hecho es solo la punta del iceberg de un complejo entramado que existe al interior del Servicio Agrícola y Ganadero (Sag), donde actualmente un jefe de área se encuentra condenado por faltas a la probidad; la directora presentó una denuncia por Ley Karin en contra de cinco funcionarios, entre ellos dos dirigentes sindicales, entre otros antecedentes.

Jefe de personal sumariado

El Magallanes accedió a un sumario administrativo realizado contra Jorge Gallardo Oyarzún, encargado regional de Gestión y Desarrollo de las Personas del Servicio Agrícola y Ganadero, por haber cometido una falta grave a la probidad administrativa al divulgar información confidencial. Gallardo fue sancionado con una multa del 20% de su remuneración mensual y una anotación de demérito de cuatro puntos en su factor de calificación.

La investigación determinó que Gallardo divulgó información confidencial del proceso de selección para el cargo de Encargado Regional de Administración y Finanzas a una postulante de iniciales P.M.P. El jefe de personal reveló puntajes relativos entre postulantes y detalles sobre el estado del proceso, infringiendo el principio de confidencialidad exigido en estos procedimientos.

El contacto se habría producido el 12 de abril de 2024, fuera de horario laboral, cuando Gallardo llamó telefónicamente a P.M.P para informarle sobre sus resultados y el estado del concurso.

P.M.P presentó una denuncia ante Contraloría, acusando a Paula Quiero, entonces directora regional del servicio,  de intervenir en un proceso de selección. Esta acusación habría presuntamente surgido a partir de la llamada con Jorge Gallardo. 

El ente contralor determinó que Quiero no habría intervenido en el proceso de selección y habría instruido cursar un sumario.

Dicha acción fue considerada una contravención al Estatuto Administrativo y al Código de Ética del Sag por parte de Gallardo, al utilizar su posición para favorecer a una postulante de forma indebida.

Gallardo interpuso un recurso de reposición a través de su apoderado, el abogado Luis Díaz Coñuecar, argumentando, entre otras cosas, que la sanción fue desproporcionada, que no existió perjuicio real y que el proceso habría sido mal encauzado. También cuestionó la participación de Paula Quiero en el proceso investigativo.

Dicho recurso fue rechazado por el nivel central, señalando que no se aportaron nuevos antecedentes que justificaran revertir la medida disciplinaria. Asimismo, reiteró que el procedimiento cumplió con las garantías del debido proceso y que las conductas de Gallardo estaban suficientemente acreditadas.

Denuncia de Paula Quiero

Hace un par de meses, Paula Quiero enfrentó los micrófonos y reveló que, durante su gestión al frente del servicio, ha sido víctima de constantes conductas de acoso por parte de un grupo de profesionales de la entidad. Esto ocurrió en una pauta de prensa ante la mirada incómoda del seremi de Gobierno, Andro Mimica, y la titular de Agricultura, Irene Ramírez.

La hasta ahora jefa del Sag Magallanes presentó una acusación por Ley Karin contra cinco funcionarios, entre ellos dos dirigentes gremiales.

Quiero denuncia que, apenas asumió el cargo en enero de 2024, ha enfrentado una oposición directa y sistemática. Cree que el no ser magallánica ni funcionaria de carrera del Sag podrían ser las causas del rechazo por parte de algunos funcionarios.

Esto desencadenó en una carta enviada al Presidente Gabriel Boric y a la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, el pasado 15 de septiembre, en la que solicitó una audiencia con el Mandatario y denunció presiones indebidas, hostigamiento laboral y falta de respaldo institucional.

El pasado 11 de septiembre, el director nacional del Sag, José Guajardo Reyes, le comunicó que debía firmar su renuncia voluntaria al cargo. Esta fue firmada la noche del 18 de septiembre y se hará efectiva durante la segunda semana de octubre. Quiero aseguró que fue presionada por el nivel central a firmar el documento. “A veces los directores deben tomar decisiones para bajar la presión y complacer a los gremios”, añadió.

En conversación con este medio, acusó que en su contra existe una “campaña de desprestigio” promovida por una dirigente gremial. “Se generó una acumulación artificial de denuncias sin fundamento, con el fin de construir una imagen de maltrato que no corresponde a la realidad”, afirmó.

Clima laboral

A finales de julio, la Asociación de Funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero (Asfusag), liderada por Pamela Gross y Pilar Navarro, denunció que desde marzo de 2024 se han reportado múltiples casos de maltrato atribuidos directamente a la directora regional del Sag. “Hoy hay cuatro investigaciones abiertas y, pese al tiempo transcurrido, no han tenido resolución. Estamos enfrentando un clima laboral muy deteriorado”, afirmó Pamela Gross, quien también habría postulado sin éxito al concurso para directora del SAG.

En una entrevista radial, Gross acusó malas prácticas en el manejo del personal, incluyendo reubicaciones arbitrarias y designaciones sin procesos técnicos formales. “Hay miedo a denunciar por temor a represalias”, agregó, apuntando a un ambiente laboral marcado por el temor y la desconfianza.

“Niego rotundamente haber ejercido cualquier acción de maltrato. Uno de mis principios es el respeto. Así me crié y así he trabajado”, sostuvo Paula Quiero en julio pasado. “Como directora, soy la más interesada en que estas investigaciones se lleven a cabo y se pueda conocer la génesis”, agregó sobre las denuncias realizadas por funcionarios en su contra. “Estas herramientas, que se utilizan actualmente y que son para prevenir y mejorar los ambientes laborales, muchas veces son mal utilizadas”, indicó.

El 29 de abril del año pasado, Quiero fue informada de una denuncia anónima sobre problemas de clima laboral en el Sah, presentada ante el delegado presidencial José Ruiz y su otrora asesor Daniel Pacheco. Ella se habría reunido con el entonces hombre de confianza del delegado, a quien le contó el presunto acoso laboral que venía experimentando.

A esto se suma que la Asociación Nacional de Empleados Fiscales solicitó a la Contraloría Regional una investigación sobre el proceso de calificación en el Sag Magallanes, llevado a cabo los días 3 y 4 de octubre del año pasado, en donde a un número de funcionarios se les bajó las calificaciones.

Silencio dieciochero

El Magallanes contactó al equipo comunicacional de la seremi de Agricultura, Irene Ramírez; al del delegado presidencial regional, José Ruiz; y al del seremi de Gobierno, Andro Mimica. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se pronunciaron respecto a las acusaciones vertidas por Paula Quiero en su carta al Presidente Gabriel Boric.