Investigación chilena sobre Esterilización Forzada será presentada en Congreso Mundial

• Dos investigadores y académicos de la Facultad de Ciencias de la Salud llevarán al Congreso Mundial de Terapia Ocupacional, una investigación que expone la persistente y oculta violación de derechos humanos por esterilización forzada de mujeres. Esta práctica sigue afectando a personas con discapacidad y otros grupos.

La Dra. Andrea Yupanqui-Concha y el Dr. Cristián Aranda-Farías, destacados investigadores del Departamento de Terapia Ocupacional de la Universidad de Magallanes (Umag), llevarán una investigación crucial al 19º Congreso Mundial de Terapia Ocupacional WFOT 2026, que se realizará del 9 al 12 de febrero de 2026, en Bangkok, Tailandia.

Su ponencia, titulada “Esterilización forzada de mujeres vulnerables: violaciones constantes de derechos humanos desde una perspectiva de género en Terapia Ocupacional y Ciencia de la Ocupación”, abordará la persistencia de estas prácticas en contextos diversos como Chile, España y Canadá. Adoptando una perspectiva interseccional, examinarán cómo la confluencia de género y otras características identitarias (discapacidad, VIH, pertenencia a pueblos originarios) determinan quién es considerado “apto” para la reproducción. Los investigadores introducirán conceptos como el apartheid y la privación ocupacional para explicar la exclusión sistémica de ciertos grupos en la toma de decisiones reproductivas.

A juicio de la prolífica Dra. Yupanqui, “éste es un reconocimiento a una línea de investigación que hemos desarrollado durante muchos años, y que busca incidir tanto en políticas públicas como en prácticas inclusivas”. Para el Dr. Aranda, en tanto, se trata de “una oportunidad indiscutible para la Universidad de Magallanes, de posicionarse en el escenario internacional como una institución comprometida con la investigación de impacto social, que trabaja por cambios concretos en la vida de las personas”.

Antecedentes de una violencia invisible

Entre 1870 y 1945, durante el auge de la eugenesia (corriente de pensamiento que busca disminuir las características consideradas indeseables en la población, a través de la selección artificial o la manipulación genética), se aprobaron leyes en diversos países que promovieron la esterilización forzada en un sinnúmero de personas marginadas, en su mayoría mujeres, muchas de ellas con discapacidad. Esta situación se mantuvo hasta fines de la década de 1970 en Estados Unidos, y hasta los 2000 en América Latina, pues ha sido especialmente prevalente en los países colonizados del sur global.

Según el artículo “Violencias invisibles hacia mujeres y niñas con discapacidad: elementos que favorecen la continuidad de la práctica de esterilización forzada en Chile”, publicado en 2021 por Yupanqui, Aranda y la investigadora Victoria Ferrer-Pérez, este fenómeno tiene profundas raíces históricas y se ha convertido en un instrumento de control poblacional y de salud pública a nivel mundial, con el objetivo de “mejorar la constitución genética de la especie humana”.

A pesar de su reconocimiento en 1995 como una forma de violencia contra la mujer y su declaración como tortura, trato cruel, inhumano y degradante por Naciones Unidas en 2008, la esterilización forzada continuó aplicándose en 2017 en 38 países del mundo, con una prevalencia que triplicaba la observada en la población general. Chile, a pesar de haber ratificado diversos acuerdos internacionales de derechos humanos, fue denunciado por esta práctica en 2017.

Academia y activismo

En otro artículo titulado “Análisis de la producción científica mundial sobre esterilización forzada de mujeres con discapacidad entre 1997 y 2016”, publicado en Gaceta Sanitaria (2019) por Yupanqui y Ferrer, se revela que, si bien el tema ha sido insuficientemente explorado en términos científicos, hay una tendencia al crecimiento en la producción entre 2007 y 2016. La mayor parte se debe a liderazgos de autoría femenina, y provino principalmente de universidades y del activismo de mujeres con discapacidad.

Además, en la literatura revisada, destaca la supuesta “protección frente al embarazo” como argumento, a menudo ocultando un complejo entramado de violencia sexual y esterilización forzada, donde la salud de la mujer o niña no es el foco central, sino la eliminación de una consecuencia no deseada.

Yupanqui y Aranda coinciden en que el diálogo con organizaciones de personas con discapacidad y colectivos feministas ha sido clave para validar hallazgos y proyectar acciones concretas. “El vínculo entre academia y activismo hace que la investigación esté anclada en la realidad, y que los movimientos sociales cuenten con datos y argumentos sólidos para su incidencia”, afirma la académica. Aranda, en tanto, cree que es “una forma también de no quedarse sólo en discursos, si no de favorecer una verdadera inclusión, pues la historia nos enseña que es por medio del activismo en la que la inclusión ha podido cambiar paradigmas instaurados en las sociedades”.

¿Por qué continúa
esta práctica?

Un estudio más reciente en Chile, realizado por Yupanqui, Aranda y Ferrer-Pérez (2021), profundizó en los elementos que favorecen la continuidad de esta “violencia invisible”. A través de entrevistas a activistas, profesionales e investigadoras chilenas, se identificaron tres factores principales:

– Aceptación de la violencia sexual y el no reconocimiento de la violencia ejercida a través de prácticas de salud. Las participantes señalaron que la esterilización forzada se justifica como una medida preventiva contra el abuso sexual o el embarazo no deseado, sin abordar la violencia subyacente.

– Ausencia de un Estado protector. Este factor se manifiesta en un marco regulatorio nacional insuficiente, que no considera la práctica como vulneración de derechos, y mantiene la interdicción legal en el Código Civil, eliminando la capacidad jurídica de estas mujeres.

– Dinámicas de abuso de poder sobre mujeres y niñas con discapacidad. Esto incluye relaciones jerárquicas de dominación donde la opinión de los profesionales de la salud prima sobre la autonomía de las mujeres, y el control y apropiación de sus derechos y cuerpos, especialmente, en relación con sus derechos sexuales y reproductivos.

El trabajo que presentarán ambos doctores en el Congreso Mundial representa un llamado a la acción para los profesionales de la salud, más allá de los entornos clínicos, impulsando la acción social y política para construir una sociedad donde se garanticen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad.

Fuente:
Comunicaciones Umag