Seguridad pública, armas, políticas sociales y otras acciones

De manera sostenida se plantea la necesidad de endurecer la posición y la acción del Estado frente a los hechos de violencia y las acciones criminales que han afectado a nuestra sociedad en los últimos meses: homicidios a vista y paciencia de ciudadanos, secuestros, daños, turbas de personas ingresando a domicilios particulares y suplantación de funcionarios policiales para cometer delitos.

Creo que, en la medida que se desarrolle sólo una línea de medidas: represivas, sociales, rehabilitadoras o conciliadoras, estaremos condenados al fracaso como sociedad.

Lo cierto es que el fenómeno se desarrolla en diversos niveles y requiere una atención multidisciplinaria. Veamos.   

Socialmente no se puede desconocer que una determinada condición social o, mejor dicho, socioeconómica y cultural, genera una mayor o menor incidencia en la generación de determinados delitos y este no es un fenómeno nuevo, basta escuchar la canción “In the Ghetto” de Elvis Presley, para reconocer esta situación, entre tantas otras manifestaciones culturales. Lo anterior efectivamente requiere una política social más cercana a la fraternidad, a la solidaridad, que a la represión y con ello, efectivamente se previene o limita la posibilidad de incrementar el fenómeno delincuencial.  

En segundo lugar, la inteligencia en la detección del delito y la fuerza que se emplee en su represión o rechazo es fundamental, no porque con ello se inhiba a otros sujetos que delinquen o los hagan desistirse, si no que, porque con ello se evita la expansión de sus consecuencias o se saca de circulación a quienes lo cometen. Pensar en el siglo XXI que mayores penas o mayor represión va a asustar a quien delinque es, francamente, inocente.   

En tercer lugar y de la mano de lo anterior, la preparación de más y mejores agentes policiales, plenamente capacitados en el manejo de la fuerza y de las armas como fuerzas de elite, de excelencia, es una necesidad, cada vez más imperiosa. Se debe comprender que no cualquier persona puede portar y usar armas o medios disuasivos, pues su uso indebido, emocional o intuitivo expone a que gente inocente sea afectada por su uso. En este sentido, también quien tiene esta enorme responsabilidad, lamentablemente, debe ser responsable de los eventuales daños que provoque.  

Finalmente, es necesario, de una vez por todas, contar con un servicio penitenciario completo, que castigue y rehabilite, con dependencias adecuadas para cumplimiento de penas, con la segregación selectiva de la población penal, con medidas de educación y trabajo reales y no de papel, que se apliquen de acuerdo a la gravedad y reincidencia, favoreciendo a aquellos sujetos que presentan condiciones objetivas para ser recuperados para la sociedad.

Pensar que este fenómeno sólo requiere mano dura nos conduce a una batalla que siempre vamos a perder como sociedad y que engendra más violencia y revancha. La única alternativa de solución es una intervención multidisciplinaria en distintos niveles y con la adecuada cantidad de recursos y allí esta el problema final: ¿qué dejamos de financiar, por parte del Estado, para dar curso a estas acciones?