Directora del Cadi-Umag se querella por uso de su firma digital durante medida de suspensión preventiva

Una grave denuncia fue estampada esta semana en contra del Cadi-Umag por parte de la directora del recinto, Karena Espinoza Saavedra, quien ingresó una querella criminal por falsificación de instrumento privado y prevaricación de funcionario público. Esto luego de que haya sido suspendida preventivamente de sus funciones, tiempo durante el cual habrían sido firmados informes de exámenes clínicos con su firma digital, sin su participación ni consentimiento. Aquello contraviene el funcionamiento de laboratorios clínicos e implicaría una investigación de la Fiscalía.

El 11 de junio pasado, la exdirectora del Cadi fue informada de la resolución fiscal de un sumario iniciado en su contra por una denuncia de acoso laboral. El séptimo considerando indica que la permanencia de Espinoza Saavedra en su cargo de directora del Cadi-Umag, en una posición jerárquica respecto de la denunciante, “tensiona gravemente el espacio laboral y representa un riesgo de afectación directa a su integridad”. Conforme a lo anterior, se resolvió decretar una suspensión preventiva “de sus funciones” a contar de la fecha señalada y mientras dure el sumario.

El 30 de junio, Espinoza entregó una declaración a la fiscal de la Universidad de Magallanes informando de hechos cometidos en el contexto de su suspensión preventiva. “He tomado conocimiento y constatado que, durante el periodo de mi suspensión preventiva, se ha hecho uso no autorizado de mi firma profesional digital en informes de exámenes clínicos, lo cual contraviene a lo establecido en el Decreto Supremo Nº20 del Ministerio de Salud, que regula el funcionamiento de los laboratorios clínicos en Chile”.

Según explica, “esta situación se produjo debido a que los templados de informes y el software del laboratorio mantienen mi firma incorporada de forma permanente, y que mi suspensión de funciones no fue informada oportunamente al equipo profesional del laboratorio por parte de la jefatura directa correspondiente, Melissa Flores Aguila”.

Como resultado de dicha omisión, se continuaron utilizando los templados con la firma digital para la validación de exámenes, “sin mi participación ni consentimiento”, deja expreso. “Tampoco fue informado el director médico del Laboratorio, Marcelo Navarrete de esta suspensión, dado que se encontraba en cometido funcionario. A la fecha no existía director/a técnico/a subrogante”.

La Prensa Austral tomó contacto con Karena Espinoza, quien indicó que no podía referirse al caso en estos momentos.

A su vez, en la querella, declarada admisible este 24 de septiembre, Espinoza indica que los informes cuestionados corresponden a cinco reportes, “tres de ellos consisten en estudios genéticos de alta complejidad”. A su vez, expone que los exámenes consisten “en el análisis de la secuencia de ADN del paciente, cuyas conclusiones tienen carácter permanente e inmutable”.

Finalmente, Espinoza concurrió a firmar su declaración por el sumario asociado a la suspensión, momento en que consultó a la fiscal respecto del uso ilegal de su firma. En aquella ocasión, le respondió “que aquello no correspondía al sumario y que no era objeto de la investigación que estaba llevando”.

El diario consultó miércoles y jueves por una versión al Cadi-Umag, desde donde respondieron únicamente que la Universidad de Magallanes aún no recibe una denuncia formal al respecto.

Sala de Residuos

Por otro lado, sostiene que el centro cuenta con Resolución Sanitaria vigente para la Sala de Residuos Reas, del cual Karena Espinoza figuraba como la persona designada para “realizar las declaraciones obligatorias relacionadas con la gestión de residuos peligrosos, o de aquellos que superan los umbrales establecidos por la normativa ambiental vigente”. Ese rol implica “ingresar y validar la información correspondiente en el sistema”. Dicha función reviste especial relevancia, señala, “considerando que diariamente se generan residuos peligrosos en las dependencias del centro”.

En esa línea, sostiene que “este uso indebido de mi firma no sólo transgrede principios básicos de legalidad y probidad administrativa por parte de mi jefatura directa, sino que también pone en riesgo la integridad de la información clínica de los pacientes, pudiendo acarrear consecuencias legales, éticas y de salud pública. Además, de posibles represalias por parte de mi jefatura a mi persona”.

La profesional hace especial referencia a que la situación descrita la expone a que se pudiese estimar un incumplimiento a la medida de suspensión dispuesta por la Universidad de Magallanes, “toda vez que yo aparezco como si estuviese firmando documentos oficiales de la universidad durante el periodo de suspensión”.