Punta Arenas demanda al Fisco por costos de la desmunicipalización

Siguen las esquirlas de la disputa entre la Municipalidad de Punta Arenas y el Fisco por el traspaso de los colegios al Servicio Local de Educación Pública (Slep). Desde la administración de Radonich volvieron al ataque con una demanda contra el Fisco para frenar los millonarios descuentos que arrastra desde 2023 tras el traspaso al Slep.

La acción judicial busca revertir lo que el municipio considera un cobro indebido e indefinido por bonos de zona extrema y aumentos salariales de personal educativo que, según alega, deberían haber quedado a cargo del Estado.

Según el escrito publicado por La Tercera -y que fue notificado al Fisco el pasado 12 de septiembre-, el municipio detalló que solicitó al Fisco hacerse cargo de los pagos de bonos de zona extrema y los incrementos salariales negociados con asistentes de la educación y profesionales Pie, argumentando que estos costos ya no corresponden al municipio tras el traspaso de la educación al Slep.

Sin embargo, la ley de reajuste del sector público cambió las reglas a última hora, obligando a los municipios a financiar los incrementos salariales de manera indefinida.

En rigor, la acción judicial sostiene que los descuentos aplicados por la Dipres son indebidos y de carácter indefinido, violando principios de seguridad jurídica y previsibilidad presupuestaria. Además, busca que se detenga cualquier cobro futuro mientras se resuelve el fondo del conflicto.

“Nos cambiaron las reglas, y así se modifica. Dicen que toda municipalidad o corporación municipal que hubiese negociado aumentos de sueldos desde 2021 en adelante se hace cargo de ese extra. Después, en 2024, se estableció que ocurre ad aeternum (para siempre), hasta que la última persona se retire o fallezca del sistema”, expresó Claudio Radonich a La Tercera.

En 2024, Punta Arenas interpuso un recurso de protección para detener los cobros, que fue acogido en primera instancia pero rechazado por la Corte Suprema en enero de 2025. Por lo mismo, la demanda actual apunta a que el Fisco asuma los costos que la comuna considera que le corresponden al Estado.

Según Radonich, los descuentos afectan a cerca del 8% del presupuesto anual del municipio, que asciende a $38 mil millones.