Madre denuncia abandono institucional en caso de joven con adicción y trauma

Un crudo relato de desamparo institucional y lucha familiar llegó al Juzgado de Familia de Punta Arenas. A través de una carta, una madre expuso la crítica situación que vive con su hija, una joven con historial de trauma complejo y adicción, ante la falta de apoyo efectivo y continuo de los programas del Estado. Ambas tuvieron que salir de la región como testigos protegidas, sin embargo, a la distancia, la situación ha devenido en múltiples batallas con instituciones de protección.

El documento, al que tuvo acceso este diario, describe un patrón de abandono: instituciones que retiran su apoyo, programas que “se desvanecen sin explicación” y respuestas hostiles de directivos cuando la madre solicita ayuda en momentos de emergencia. Apunta, entre otros, al programa Mi Abogado, indicando que en llamadas con el coordinador regional fue “maltratada verbalmente y amenazada con perder la representación jurídica de mi hija, incluso en causas tan graves como las de violación y explotación. Ese trato, más que apoyo, ha sido un abandono y una forma de maltrato institucional hacia mí como madre”.

Ella señala que finalmente ha tenido que actuar por cuenta propia. “Lo que está en juego no es un trámite ni un programa: es la vida de mi hija”, es una de las frases clave de la misiva, que resume la desesperación de la madre. Ante la intermitencia de los tratamientos y la falta de una contención psiquiátrica adecuada, tomó la decisión, junto a su hija, de internarla en un centro de rehabilitación privado en otra región del país, asumiendo costos que superan los $250.000 mensuales, más los gastos de una cuidadora y un implante subcutáneo antidrogas.

En contraste, la mujer destaca positivamente el trabajo de la Unidad de Atención a Víctimas (Uravit), en particular el de su jefa, señalando que su intervención “siempre ha demostrado preocupación y humanidad”. Esta mención resalta que una atención efectiva es posible cuando existe voluntad.

“Es mi única hija”

En su relato también indica que tomará acciones legales contra el coordinador del Programa Mi Abogado por maltrato y contra el director de RFA (Residencia Familiar Adolescente) por incumplimiento de sus deberes. No obstante, indica que “lo urgente y lo único que importa es salvar a mi hija. Es mi única hija, no tendré más y si ella pierde la vida, nada ni nadie me la devolverá”.

Su solicitud al Tribunal y a quienes forman parte del intersector de salud es directa: “Que definan con urgencia un plan concreto de apoyo y de continuidad de tratamiento para ella y que se reconozca también que detrás de esta joven hay una madre que necesita contención y salud para seguir sosteniéndola”.