“Olvidé que existía una prohibición constitucional”

En el marco de la indagatoria por la compraventa de la casa que perteneció al ex Presidente Salvador Allende, la Fiscalía Regional de Coquimbo —que dirige las pesquisas— ha tomado múltiples declaraciones a funcionarios de las diversas reparticiones que participaron del fallido proceso. Uno de los testimonios corresponde a Francisca Burgos Bustos, abogada del Ministerio de Bienes Nacionales, quien comentó, entre otros aspectos, que el jefe de división de la cartera pidió constantemente a los funcionarios acelerar el hoy fallido proceso de adquisición. 

“Respecto a la compra de este inmueble debo mencionar que es primera vez que tengo conocimiento que como Ministerio de Bienes Nacionales compramos de oficio, ya que lo que se acostumbra es comprar a solicitud de otros servicios y ministerios, sin embargo, esta vez como los fondos estaban asociados a nuestro ministerio debía nacer desde el mismo la necesidad de compra, por lo que entiendo que se tomó como iniciativa la ya propuesta anteriormente por el Servicio del Patrimonio y las Culturas”, planteó la profesional.

Se pretendía una compraventa por casi mil millones de pesos.

De la universidad
al gobierno 

“Debo hacer mención que soy abogada desde el año 2022, egresada de la Universidad de Chile, para posteriormente comenzar mi carrera laboral como abogada en el Ministerio de Bienes Nacionales, específicamente en el departamento de Adquisición y administración de bienes como abogada analista”, comenzó describiendo la profesional a los investigadores.

“Mi labor como analista del departamento de adquisición —siguió—, era comprobar que el inmueble fuese jurídicamente apto para su adquisición, hecho que implica la revisión de las inscripciones en el conservador de bienes raíces, que no tenga algún tipo de prohibición de venta o limitante, que no tenga deudas, como por ejemplo servicios básicos y contribuciones”.

Ahora, si bien ella redactó el contrato para comprar casa de Allende desde Bienes Nacionales, en el proceso participaron jefaturas y funcionarios de distintas reparticiones, por ejemplo, de Presidencia, de las Culturas, entre otras. De hecho, tanto la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, como la exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, a quien se le pidió la renuncia por este caso, dijeron en sus declaraciones ante la fiscalía que se levantaron alertas desde sus equipos —jurídicas, comunicacionales— y que estas se comunicaron a La Moneda. Asesores de Presidencia, no obstante, lo han negado.

Más adelante, respondiendo otra pregunta a los fiscales, expresó: “Debo señalar que en la revisión de los documentos olvidé que existía una prohibición constitucional respecto a la venta de esta propiedad, por cuanto dentro de sus dueños existía una senadora (Isabel Allende, PS) y una ministra (Maya Fernández, PS), sin embargo, debo aclarar que mí labor principal era realizar un análisis documental del inmueble lo que implica los estudios de títulos”. 

Tanto Allende como Fernández dejaron sus cargos —a la primera de ellas, la removió el Tribunal Constitucional; la segunda, renunció a su cargo— en medio de la polémica por esta inhabilidad no considerada y que terminó por frenar la compraventa.

Redacción del
contrato post decreto

La abogada sostuvo, además, durante la diligencia que es “Pablo Maino quien desde el momento en que llega el oficio a nuestro departamento nos pide constantemente que nos apuremos, debido a que esta compra se debía ejecutar lo antes posible, ya que de no hacerse se podrían perder los dineros asignados a este proyecto, inclusive entregándonos un cronograma respecto a los plazos que teníamos”. 

A su vez, afirmó que “es así que ya teniendo esta respuesta se puede proceder a la redacción del contrato de compra, siendo la encargada de esto la división de jurídica antes mencionada, sin embargo, una vez más en virtud a la celeridad del trámite es Pablo Maino quien me solicita realizar dicho contrato, el cual una vez realizado se lo envió directamente a Carolina Thomas, abogada de la división jurídica, para que esta le de curso”.

Emol