Caso “colusión de la centolla”

La investigación de la Fiscalía Nacional Económica sobre la colusión en la compra de centolla en Magallanes expone un patrón sistemático de coordinación entre las principales empresas procesadoras de la región que afectó a miles de familias de pescadores artesanales durante casi una década. Las comunicaciones interceptadas, los correos y los registros de WhatsApp revelan un modus operandi claro: fijar precios de inicio bajos, controlar incrementos y coordinar estrategias entre competidores para garantizar beneficios económicos a costa de quienes capturan el recurso.

Frases como “Ustedes están pagando mucho más que nosotros po’ hueón” o “No sacan nada con pagar más” no son simples anécdotas, toda vez que reflejan un desprecio evidente por la equidad, la competencia y la economía local. Cada kilo de centolla comprado bajo este esquema se traduce en ingresos reducidos para las familias que dependen de la pesca artesanal, afectando directamente su sustento y su estabilidad económica. Según la subsecretaría de Pesca, son al menos 2.000 familias las perjudicadas cada temporada, una cifra que evidencia la magnitud del daño social.

La concentración del mercado -entre 81% y 88% de las compras controladas por estas empresas entre 2017 y 2021- permitió que el acuerdo fuera efectivo y difícil de detectar, hasta que la FNE intervino. La coordinación, basada en contactos frecuentes, monitoreo de precios y manejo de rumores, revela que la colusión no era circunstancial, sino parte de la cultura empresarial del sector, normalizada hasta que la ley la sancionó.

El caso pone en evidencia la vulnerabilidad de los pescadores ante prácticas anticompetitivas y también subraya la importancia de la fiscalización y de mecanismos como la delación compensada, que permitió a Bakkavör y sus ejecutivos colaborar con la investigación y facilitar la reconstrucción de la conducta ilícita. Las multas solicitadas por la FNE buscan resarcir parcialmente el daño económico y enviar una señal clara respecto de que el abuso coordinado del poder de mercado no será tolerado.

Más allá de las sanciones, este episodio debe servir de alerta, pues la defensa del mercado y la protección de los pequeños productores es responsabilidad de todos. La transparencia, la competencia leal y la vigilancia constante son pilares fundamentales para que la riqueza de Magallanes, su mar austral y su centolla, beneficie a quienes realmente dependen de ella. Que los hechos documentados por la FNE se traduzcan en justicia y en lecciones para el sector es clave para restaurar la confianza de la comunidad y garantizar que la actividad pesquera siga siendo un motor sostenible de la región.