Club Hípico: más allá de las disputas, un paso adelante

En medio de la sesión más tensa del año, el Consejo Regional de Magallanes aprobó finalmente la transferencia de $10 mil millones al ministerio de Vivienda para cofinanciar la expropiación del terreno del Club Hípico. La votación dividida, los enfrentamientos verbales y las recriminaciones cruzadas entre bloques políticos no deben eclipsar lo esencial, toda vez que se dio un paso relevante hacia la recuperación de un espacio emblemático para Punta Arenas y hacia una visión de ciudad más integrada y justa.

La sesión extraordinaria del Core dejó al descubierto las profundas fracturas que persisten en el debate público regional. Desde Chile Vamos y Republicanos, se levantaron duras críticas sobre la priorización de este proyecto frente a demandas urgentes como la salud, la vivienda o el alcantarillado. Los consejeros oficialistas, en cambio, encabezados por Juan Morano, Arturo Díaz y Ximena Montaña, defendieron la medida como un acto de justicia territorial y una apuesta por la recuperación urbana. El resultado -siete votos a favor, cinco en contra y tres inhabilitaciones- evidencia que, más allá de las posiciones, hubo voluntad política para resolver un tema que llevaba años estancado.

El proyecto, que busca transformar el abandonado recinto del Club Hípico en una suerte de “Central Park magallánico”, no está exento de complejidades. La expropiación, tasada en más de $21 mil millones, enfrenta posibles procesos judiciales y requerirá una cuidadosa planificación urbanística para no repetir los errores de otras iniciativas inconclusas. Sin embargo, su aprobación marca un cambio de rumbo, pues, luego de décadas de desuso, el terreno podrá ser destinado a fines públicos, combinando áreas verdes con espacios habitacionales y comunitarios.

El polémico encuentro también dejó una lección institucional. Es legítimo el disenso político y la defensa de prioridades distintas, pero la descalificación y el tono agrio restan altura a un debate que debiera centrarse en el interés regional. Los recursos aprobados provienen de excedentes no ejecutados del presupuesto anual, y su reasignación no compromete otras inversiones. En ese sentido, la acusación de “bochorno político” resulta exagerada. Lo verdaderamente vergonzoso sería mantener por más tiempo un terreno en ruinas, símbolo de abandono y especulación.

El desafío que viene será garantizar que el ministerio de Vivienda y el gobierno regional actúen con celeridad y transparencia. La comunidad tiene derecho a saber cómo se avanzará en la habilitación del predio, cuál será el diseño definitivo del parque y de qué manera se integrarán viviendas, servicios y espacios públicos en un mismo plan urbano. No basta con comprar el terreno. Hay que devolverlo a la ciudad con sentido, con criterios de equidad y sostenibilidad.

La sesión del Core demostró que, incluso entre enfrentamientos y desconfianzas, la región puede avanzar. Puerto Natales y Punta Arenas necesitan decisiones valientes que rompan la inercia y devuelvan vida a los espacios olvidados. Esta vez, el ruido político no impidió la aprobación de un proyecto que, bien ejecutado, podría convertirse en un símbolo de recuperación urbana y de reconciliación con el pasado.

Más allá de los dimes y diretes, Magallanes necesita hechos, no disputas. El voto afirmativo del Core, pese a todo, abre una posibilidad: la de imaginar una ciudad que vuelve a mirar sus terrenos vacíos y los transforma en lugares de encuentro, en vez de campos de batalla política.