Carlos Bianchi: “El gobierno no ha reconocido la deuda que tiene con las distribuidoras eléctricas de Chile”

“El Estado de Chile y el gobierno no han reconocido la deuda que tienen con las distribuidoras eléctricas de Chile”, así comenzó el diputado Carlos Bianchi su intervención, en la que denunció la existencia de esta acreencia, generada por la no firma del decreto que modifica el Valor Agregado por Distribución (Vad) por parte del ahora exministro de Energía, Diego Pardow. Esto se da en medio de la polémica existente por el mal cálculo de la tarifa eléctrica, lo cual desembocó en la salida de Pardow como titular de Energía. A esto se suma el recurso de protección interpuesto contra la Empresa Eléctrica de Magallanes por un presunto cobro excesivo en las tarifas eléctricas domiciliarias.

Decisión que, según el parlamentario, ha sido postergada deliberadamente por el gobierno actual para no asumir el costo político, dejando que la deuda se traspase a la administración siguiente. “Es una deuda real, pero escondida, que hoy amenaza con trasladarse a la cuenta de luz de cada hogar magallánico”, señaló Carlos Bianchi.

Esta acreencia, sólo con la Empresa Eléctrica de Magallanes, significaría $7 mil millones.

El diputado advirtió que, de no encontrarse una solución, las boletas eléctricas podrían incrementarse entre $10.000 y $15.000 mensuales por hogar. “Hoy tenemos personas que, con pensiones de $125.000, están pagando casi $100.000 en luz. Esto es insostenible”, agregó.

El Valor Agregado por Distribución es fijado cada cuatro años por el Ministerio de Energía, previo informe técnico de la Comisión Nacional de Energía, y corresponde, básicamente, a un costo medio que incorpora todos los costos de inversión y funcionamiento de una empresa modelo o teórica operando en el país.

Frente a este escenario, el diputado anunció que presentará una glosa presupuestaria en la Ley de Presupuestos 2026 para incluir los recursos necesarios a nivel nacional. Sin embargo, reconociendo que es difícil que dicha glosa sea aprobada, planteó una alternativa: que el gobierno regional, al igual que aprobó recientemente $10.000 millones para la compra de un terreno destinado a un parque, disponga fondos para cubrir esta deuda eléctrica regional.

“Si hubo fondos para un terreno, ¿por qué no para proteger a miles de magallánicos de un alza brutal en sus cuentas de luz?”, cuestionó. “No se trata de oponerse a un parque, pero hay prioridades urgentes y claras, y ésta es una de ellas”.

Además, indicó que se están evaluando fórmulas legales para que el gobierno regional pueda transferir esos recursos a la empresa eléctrica a través de mecanismos de compensación o convenios específicos.

“Este error de gestión desde 2022 no puede terminar afectando nuevamente a los ciudadanos. Lo que hacemos hoy es poner este tema sobre la mesa, exigir transparencia y buscar soluciones reales”, cerró Bianchi.

El denominado “tarifazo” es consecuencia del congelamiento durante cinco años de la electricidad. Este congelamiento fue una de las propuestas del expresidente Sebastián Piñera para aplacar las protestas originadas durante el estallido social. En los cinco años que estuvieron congelados, los precios se reajustaron en 41,45%. Esto provocó una deuda de $6 mil millones de dólares a nivel nacional.