Tercer imputado por presunta red de narcotráfico a quien la justicia le deniega la libertad

La justicia le denegó la libertad a una tercera persona que en julio de este año fue formalizada por tráfico de drogas, en el marco de una investigación donde cayó un “clan familiar” dedicado al comercio de estupefacientes.

Primero fue la semana pasada el colombiano Abad Cuero Belalcazar y luego se sumó Ana Rosa Llancalahuén Velásquez. Los nombres de ambos fueron a parar a la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, instancia que confirmó la resolución de primera instancia.

Y ahora fue el turno de Luis Martínez Caicedo, quien recibió la negativa por parte del juez Pablo Alvarez a la solicitud de la defensora María Isabel Godoy, que pidió la sustitución de la prisión preventiva por un arresto domiciliario nocturno.

La fiscal Johanna Irribarra se opuso a los argumentos de la defensa, porque a su juicio el imputado sigue siendo un peligro para la seguridad de la sociedad. Recordó que fue formalizado por tráfico de drogas, formando parte de una agrupación de personas y que la pena que arriesga parte en los 10 años de cárcel.

En el celular se extractó información importante de la participación del imputado en el delito de tráfico, con diversos consumidores de la zona. En allanamientos a diferentes domicilios la policía encontró cámaras de seguridad. Este sistema de vigilancia lo utilizaban para resguardar los sitios de acopio de la droga.

Esta investigación la desarrolló personal del OS-7 de Carabineros. En julio del presente año detuvieron a un total de 8 personas (4 chilenos y 4 colombianos). Tres son mujeres y al menos 5 son familiares directos. Hay una madre y 3 hijos que son hermanos entre ellos. Y uno de los colombianos es pareja de una de las detenidas.

Todos mantenían una “mipyme” de la droga. Por eso el Ministerio Público los formalizó como “agrupación de delincuentes dedicada al tráfico de drogas, de carácter familiar”.

Usando “drones” el OS-7 posicionó a la banda en cada una de las funciones que tenían asignadas dentro de la organización.

Además se coordinaban a través de grupos de Whatsapp, desde donde generaban los contactos para la compra y venta de la droga, ya sea marihuana o clorhidrato de cocaína.