Exfiscal Manuel Soto se querelló en contra de funcionaria que lo denunció por falso abuso sexual

• “El relato de la querellada estuvo plagado de inconsistencias y falsedades”, según se sostuvo en la causa penal.

La investigación que se abrió en contra del exfiscal Manuel Soto Basauren por un supuesto abuso sexual quedó momentáneamente archivada, luego de que el Ministerio Público decidiera “no perseverar”.

Soto apostaba por el sobreseimiento definitivo, porque esto pone fin a la responsabilidad penal, así que optó por apelar a la Corte de Apelaciones, pero los ministros confirmaron lo resuelto por el Juzgado de Garantía, a solicitud del ente persecutor.

Esta causa nace a partir de la querella que interpuso una funcionaria de la Fiscalía de Porvenir en contra del exfiscal, patrocinada por el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, “por abuso sexual mayor de 14 años por sorpresa y/o sin consentimiento”.

Como la causa penal seguida en contra del entonces fiscal jefe de Tierra del Fuego, Manuel Soto concluyó en que “no fue posible reunir antecedentes suficientes para formular cargos ni deducir acusación en su contra”, ahora el abogado decidió querellarse por “calumnia e injurias”.

Durante la investigación se recibieron innumerables declaraciones de fiscales, funcionarios de la propia Fiscalía Regional de Magallanes; además de incorporarse los antecedentes médicos de la querellada, sin que se arribara a nada concreto.

Según Soto, esto obedece a que el hecho que dio origen a la investigación sumaria como a la investigación penal; y a la querella interpuesta por la funcionaria, “todo es absolutamente falso y jamás ocurrió”.

La querella criminal es patrocinada por la exdefensora regional penal pública, Gustava Aguilar Moraga, quien en el escrito da cuenta que por el contrario a lo que denunció la funcionaria, “mi representado fue quien resultó víctima del acoso por parte de la propia querellada quien, valiéndose de la normativa destinada a proteger efectivamente a víctimas de acoso y abuso, distorsionó su finalidad para sostener una falsedad, ocasionando a mi representado un daño profundo a su honor, a su reputación profesional y a su dignidad personal”.

A su turno, por resolución de fecha 15 de octubre de 2024, el fiscal nacional, Angel Valencia Vásquez, designó a la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel López, para dirigir la investigación penal.

Para Soto y su abogada, “el relato de la querellada estuvo plagado de inconsistencias y falsedades”, según se sostuvo en la causa penal.

“Es así como la querellada refiere a diferentes personas distintas versiones sobre la forma en que supuestamente se habrían dado los hechos previos al episodio en que supuestamente habría sido víctima de abuso sexual de parte de mi representado”.

Otro antecedente para la causa que consigna la querella es que “cuando mi representado dejó el cargo de fiscal jefe de la Fiscalía de Porvenir, lo que ocurrió a fines de marzo de 2024, la querellada le envió un afectuoso mensaje de whatsapp, lamentando su partida y destacando el trato que tuvo durante el tiempo que ejerció el cargo, no sólo con los funcionarios de esa Fiscalía Local, sino con todas las personas con las que debió relacionarse, lo que agregó era reconocido por todos”.

Otra inconsistencia y falsedad estaría dada en que el día en que ocurrió el supuesto abuso la funcionaria le envía un mensaje de whattsapp en la noche diciéndole “llegué bien”, acompañado de emoticones afectivos, “demostrando claramente una actitud incompatible con la de una persona recién violentada sexualmente”.

Calumnia e injurias

Para la abogada Gustava Aguilar los hechos antes descritos revisten las características típicas de los delitos de calumnia e injurias.

“Ambos delitos son de acción penal privada y concurren en la especie de manera evidente, toda vez que las manifestaciones difamatorias fueron reiteradas, contradictorias y difundidas en un contexto institucional, que trascendió del ámbito privado y fue de connotación pública, causando un perjuicio irreparable a la honra profesional, personal y familiar de mi representado”.

“Las afirmaciones falsas y difamatorias de la querellada han ocasionado a mi representado un grave daño moral y profesional, comprometiendo su reputación como fiscal y abogado, afectando su estabilidad emocional, su vida familiar y su carrera funcionaria”.

“El perjuicio se agrava al haberse efectuado las imputaciones en un contexto institucional, lo que multiplicó su difusión y el impacto público”.

“Es importante tener presente que, en la causa penal seguida en contra de mi representado, la fiscal a cargo de la investigación, en la cual se recibieron innumerables declaraciones de fiscales, funcionarios de la propia Fiscalía Regional de Magallanes, además de incorporarse los antecedentes médicos de la querellada, concluyó que no fue posible reunir antecedentes suficientes para formular cargos ni deducir acusación en su contra”.

Audiencia de conciliación

Ya interpuesta la querella en procedimiento de acción penal privada, el Juzgado de garantía agendó para el 24 de noviembre, a las 8,30 horas, una audiencia de conciliación y/o procedimiento simplificado.