Una docena de víctimas de la bullada estafa piramidal se querelló contra sociedades chinas

Un jubilado, una ingeniera comercial, un psicólogo, una trabajadora, una secretaria ejecutiva, un estudiante, un ingeniero, un jefe de bodega, un chofer, una ingeniera en administración, un ingeniero mecánico y una trabajadora independiente, figuran en la querella criminal que un grupo de 12 personas presentó en contra de siete sociedades y todos quienes resulten responsables de la bullada estafa piramidal protagonizada por una fachada de inversión china que defraudó a miles de personas a lo largo de todo Chile.

A nivel local la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Punta Arenas de la PDI detectó en redes sociales que una supuesta empresa de origen chino realizaba donaciones millonarias a entidades benéficas. Además de incentivar a los magallánicos a invertir capital en la citada empresa, a través de plataformas digitales donde reclutaban a interesados para realizar supuestas tareas de inversión.

Esto los llevó a estampar una denuncia por oficio ante la Fiscalía, en julio de este año. Y recibieron una orden de investigar por el delito de estafa y otras defraudaciones. Fue así que lograron establecer la existencia de una organización que estaba operando a nivel nacional con características de una estafa piramidal, la que en Magallanes era liderada por dos personas de nacionalidad chilena, que actuaban como gerente y subgerente.

La fiscal Johanna Irribarra dijo que conforme a la investigación que desarrolla la Unidad del Crimen Organizado y Alta Complejidad de la Fiscalía, junto a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, hasta el momento aparecen mil personas afectadas en Magallanes por la estafa piramidal conocida hace un tiempo, con pérdidas aproximadas que suman 200 millones de pesos para las víctimas.

Querella

A través de la abogada Claudia Valdés López, la última semana una docena de personas se querelló en contra de las sociedades Tecnología Co. Ltd. de Zhihui Youpin; Shenzhen Zhihui Youpin Technology Co. Ltda.; Zhihui Youpin Technology SpA; ZYT SpA; Compañía Zhihui Youpin SpA; Sociedad de Inversión y Reestructuración de Redes SpA, y Sociedad Química Industrial y otros SpA, por haberlos estafados en más de 30 millones de pesos.

“Si bien no tenemos los antecedentes exactos de los representantes legales de todas las sociedades indicadas, algunas de ellas son representadas por Johanna González Guerra, Juan Lara Araya y Scarlet Lara Ibarra”.

La maniobra fraudulenta

La estafa que sufrieron los denunciantes comenzó el 6 de junio de este año. Uno de los querellantes, Víctor Manduani Bórquez, recibió la invitación de un amigo y fue derivado a un chat de whatsapp donde se contactó con una supuesta ejecutiva del país chino, quien se presentó como Zhan Han.

La supuesta ejecutiva ofreció a Manduani trabajar de forma remota a través de una plataforma digital alojada en una página, en la cual debía escoger “firmar” un acuerdo de colaboración en una ciudad determinada de China, para efectos de realizar una “reposición virtual de productos” chilenos. Posteriormente se conocería como “tareas diarias”, que se importaban a dicho país.

El supuesto trabajador ganaría un porcentaje de cada producto “repuesto” en China. El valor de dicha acción dependería de la ciudad en que desarrollara funciones virtuales.

Le explicaron que para comenzar a realizar esta actividad, debía pagar “una cuota de ingreso” la cual era retenida para efectos de “asegurar las funciones” y devuelta, supuestamente, en el momento en que quisiera dejar de prestar servicios.

Este mismo modelo de trabajo le ofrecieron a las diferentes víctimas que ahora se querellaron.

Con el transcurso de los meses “la empresa” ofreció “otras líneas de ingresos”, una de ellas consistía en inversión de acciones a diferentes plazos, con una tasa de retorno importante.

Y la tercera forma de generar ingresos era a través de la “formación de equipos de trabajo”. Esta consistía en un sueldo de $500.000 mensuales por estar a cargo de 10 personas, las cuales debían realizar las tareas descritas.

Siguiendo con esta línea, se agregaba un bono de $100.000 mensuales por cada persona que del propio equipo y de “primera línea” -quienes eran agregados directamente por el beneficiario de dicho bono- formara, a su vez, su equipo de 10 personas de trabajo.

Se incrementaron los bonos

Con el paso de los meses (toda vez que cada persona ingresó en diferentes fechas al supuesto trabajo), se fueron incrementando los bonos y fórmulas de ganar más ingresos aumentándose de parte de la supuesta empresa el número de tareas diarias a realizar, e inclusive se organizó y realizó un sorteo de premios consistentes en electrodomésticos, relojes y dinero, en la comuna de Punta Arenas, como premio al equipo más grande de esta supuesta empresa. A este evento asistieron alrededor de 400 personas.

“De la mano con los beneficios, se incentivaba el invertir en las supuestas acciones, y ‘firmar’ por otras ciudades, con el objeto de lo que ahora creemos era una forma de aumentar las ganancias de los presuntos delincuentes”, refieren en la querella.

La supuesta empresa se comunicaba con todos ellos a través de grupos de whatsapp donde supuestos ejecutivos de origen chino, daban instrucciones, “y fue así como casi a diario iban cambiando las condiciones de pagos”.

Le prometían a la gente ganar millones de pesos con este sistema de trabajo.

Les entregaban diversos documentos que daban credibilidad a la supuesta empresa. Además de la celebración de diversas cenas y ayudas sociales de millones de pesos en diferentes ciudades del país, “lo que a nuestro juicio y pese a nuestras dudas, nos generaba confianza y creíamos que se trataba de una forma legal y segura de aumentar ingresos”.

La querella fue acogida a trámite por el Juzgado de Garantía de Punta Arenas y remitida a la Fiscalía para su investigación.