Fiscal apeló y espera en la Corte revertir fallo que no acogió prisión por revisiones técnicas “truchas”

La fiscal del Sistema de Análisis Criminal y foco Investigativo (Sacfi), Johanna Irribarra Alarcón, apeló a la Corte de Apelaciones de Punta Arenas el fallo de la jueza Paula Stange, que no dio lugar a la prisión preventiva para los siete mecánicos de la Planta de Revisión Técnica Serviden, de calle Carlos Condell, formalizados este lunes por el delito de cohecho agravado; y una infracción al artículo 192, letra G, de la Ley del Tránsito, que sanciona la certificación falsa de las revisiones técnicas.

Ahondando en esto último, la fiscal explicó a este diario que el artículo 192 aborda distintas falsificaciones, pero en específico la letra G se refiere a la falsificación y certificación que no corresponda en las plantas de revisión técnica.

“En el fondo lo que dice es que se castigará al que certifique indebidamente o falsamente la condición de un vehículo para poder circular por las arterias del país. Esta es una norma puntual que se aplica derechamente a la revisión técnica y a quienes certifican si un vehículo se encuentra en condiciones mecánicas de circular. Y quiénes hacen esto, los mecánicos”.

Irribarra apunta a que si bien la figura del cohecho podría tal vez ser discutida, por la calidad de funcionarios públicos que le atribuyó a los operarios formalizados, no sucede lo mismo con la Ley del Tránsito, que es clara en cuanto a sancionar las llamadas “revisiones técnicas truchas”.

El lunes formalizó a ocho imputados, siete mecánicos de la planta y un funcionario de Carabineros respecto de quien se tramita su baja de la institución.

“Según lo que tenemos acreditado habrían recibido coimas a efectos de pasar distintos vehículos y aprobar de esta forma la revisión técnica. El tribunal no concordó con nuestra calificación jurídica y respecto a la necesidad de cautela también la valoró de menor intensidad y finalmente decretó un arraigo regional y un plazo de investigación de 90 días”.

Respecto al carabinero, lo formalizó por el delito de cohecho agravado y solicitó la previsión preventiva, la que fue decretada por el Juzgadi de Garantía, que compartió los argumentos del Ministerio Público.

Apelación

En cuanto a los argumentos de la apelación interpuesta, dicen relación con que “para nosotros los mecánicos sí realizan una función pública, que tiene que ver con certificar el estado en que se encuentran los vehículos para circular. El tribunal razonó que ellos sólo eran mecánicos y que no certificaban nada. Discrepamos porque la certificación viene de ellos, para quienes va la coima. Sino sería la persona que emite el certificado, en el segundo piso, que fue en definitiva lo que planteó el tribunal”.

Respecto a la Ley de Tránsito, Irribarra insiste en que los mecánicos son los que otorgan el visto bueno para que se emita la respectiva certificación y revisión técnica. “Por eso apelamos, por ambos hechos y ahora a esperar lo que resuelva la Corte”.