Icha 2025: Ciencia, vigilancia y responsabilidad ciudadana frente a las toxinas marinas

• Leonardo Guzmán, investigador principal del Ifop, explica el programa nacional que protege la salud pública ante las Floraciones Algales Nocivas.

En el contexto de la XXI Conferencia Internacional sobre Algas Nocivas (Icha 2025), realizada recientemente en Punta Arenas, el investigador principal del Instituto de Fomento Pesquero (Ifop) y presidente del Comité Organizador Local, Leonardo Guzmán, abordó uno de los temas más sensibles para la salud pública y la sostenibilidad de la acuicultura chilena: las Floraciones Algales Nocivas (Fan), conocidas popularmente como marea roja. Con más de cinco décadas de experiencia en la investigación de toxinas marinas, Guzmán destacó que el país cuenta hoy con un sistema de monitoreo continuo y protocolos de control que han permitido salvar vidas y prevenir intoxicaciones graves.

“En general, existen normas y protocolos que se deben adoptar cuando los niveles de toxina son de riesgo para consumo humano. Eso le corresponde legalmente a la seremi de Salud, que puede prohibir la extracción, distribución y comercialización de mariscos”, explicó el investigador. Recordó que en las tres regiones más australes del país -Los Lagos, Aysén y Magallanes- esta regulación es fundamental, pero en Magallanes se aplica “con mucho más fuerza porque el tema viene de los años 70, por lo tanto, hay un mayor conocimiento y una mejor comprensión del porqué los ciudadanos deben ser responsables con respecto a las medidas que adopta la autoridad”.

Toxina paralizante: un riesgo letal sin antídoto

La llamada toxina paralizante de los mariscos es la más conocida en la región. Guzmán enfatizó que se trata de una sustancia extremadamente peligrosa. “En cantidades muy pequeñas, puede ocasionar la muerte de una persona. No hay antídoto. Lo único que puede hacer el equipo médico es tratar de controlar los síntomas, y eliminar la toxina por la orina”.

En los últimos años, Chile ha enfrentado casos fatales asociados a la imprudencia en zonas bajo prohibición sanitaria. “En 2022 falleció un pescador que zarpó desde Puerto Montt hacia Aysén y comió mariscos en un área cerrada. También murió un niño de dos años en Calbuco, luego de consumir cholgas contaminadas que su abuelo había traído desde Aysén”, relató Guzmán. “Todas esas situaciones obedecen a una manera de ser poco responsable frente a la integridad personal y al respeto a las normas. Es como cruzar una luz roja y exponerse a un atropello: el riesgo es el mismo”, advirtió.

Ciencia al servicio
de la salud pública

El Ifop lidera actualmente un programa permanente de monitoreo e investigación de las algas nocivas en los fiordos chilenos, que abarca desde el norte de la Región de Los Lagos hasta el sur del Canal Beagle. “Tomamos muestras todos los meses. Tenemos nueve embarcaciones que trabajan en paralelo, registrando datos hidrográficos, temperatura, salinidad, oxígeno y clorofila. También recolectamos mariscos y agua para analizar nutrientes, microalgas y toxinas”, detalló Guzmán.

El programa -que opera de manera ininterrumpida desde 2006- forma parte de la Ley de Pesca y Acuicultura y busca proporcionar información “objetiva, confiable y oportuna” para que las autoridades adopten decisiones que protejan la salud pública y las actividades productivas. “El Estado de Chile invierte un volumen importante de dinero para contar con esta información. Esto permite minimizar los efectos sobre la pesca artesanal y la acuicultura cuando las microalgas producen problemas”, señaló.

Entre las toxinas vigiladas se incluyen, además de la paralizante, la toxina diarreica y la amnésica, esta última capaz de provocar pérdida permanente de la memoria a corto plazo. “Es una toxina muy preocupante. En Chile no ha habido casos, pero sí niveles de riesgo”, advirtió.

Toxinas emergentes y variabilidad ambiental

Gracias a las mejoras tecnológicas y al aumento del personal científico -35 personas integran hoy el equipo del Ifop en los fiordos-, se han detectado más tipos de toxinas marinas. Sin embargo, Guzmán aclaró que su presencia “no siempre implica riesgo para el ser humano”, ya que muchas veces se trata de concentraciones bajas.

Históricamente, Magallanes fue la región con mayor riesgo por toxina paralizante, pero hoy Aysén concentra los casos más complejos, con cierres prolongados de áreas de extracción. En Magallanes, añadió, la tendencia es a la baja, aunque cada año varía según las condiciones ambientales. “Hay años buenos y años malos, pero la microalga sigue presente”, indicó.

El investigador recordó que los primeros registros datan de 1972, cuando él y su colega Ítalo Campodónico diagnosticaron el fenómeno por primera vez en la región. “Fue difícil que la autoridad incorporara el tema porque era algo nuevo, pero hoy existe un sistema sólido y regulado. A fines del siglo XIX ya hay registros de intoxicaciones fatales entre grupos yaganes en el Canal Beagle, lo que demuestra que esta microalga ha estado siempre en el ambiente”, apuntó.

Educación y cultura preventiva

Para Guzmán, el desafío más urgente está en la educación pública y la responsabilidad individual. “Se requieren comunidades educadas y responsables. Esto debería aprenderse desde niño, casi desde párvulo. Que cada persona conozca su entorno local y sepa cómo comportarse”, sostuvo.

El investigador comparó la respuesta cultural chilena con la japonesa: “En Japón, cuando hay niveles de riesgo, la autoridad solo sugiere no comercializar mariscos y la comunidad responde. Aquí, en cambio, debemos aplicar decretos de veda, y aun así hay quienes intentan eludirlos porque lo ven como una oportunidad de negocio. Es un tema cultural”.

Con más de medio siglo de investigación, Leonardo Guzmán considera que la combinación de ciencia, fiscalización y educación es el camino para sostener los avances alcanzados. “Hay que tener esperanza y ser positivos. Estos procesos son lentos, graduales, de muchos años”, concluyó.