Ganaderos acusan abuso regulatorio por ampliación de sitio prioritario Bahía Lomas sin sustento científico ni diálogo

Elia Simeone R.
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Las Asociaciones Gremiales de Ganaderos de Magallanes y Tierra del Fuego han encendido las alarmas ante lo que califican como una “ampliación fuera de norma” del Sitio Prioritario Bahía Lomas, impulsada por el ministerio del Medio Ambiente en un proceso de consulta ciudadana.

Este proceso, enmarcado en la Ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (Sbap), no sólo ha generado “desconcierto y decepción” entre los productores que han trabajado la tierra por más de 140 años, sino que también ha reabierto el debate nacional sobre si la protección ambiental se está ejerciendo como un “abuso regulatorio” que vulnera derechos fundamentales.

Los gremios rechazan categóricamente la nueva propuesta de delimitación terrestre del referido sitio prioritario, alegando que se instaló sin la debida participación local, diálogo en terreno, ni respaldo en bases científicas, técnicas y jurídicas suficientes. Argumentan que esta acción administrativa va más allá de la simple cautela ambiental, reflejando una visión “extrema” del rol del Estado que amenaza la libertad individual y el derecho de propiedad en pos de un supuesto beneficio colectivo.

“140 años de convivencia
con la biodiversidad”

En la declaración conjunta, se hace ver que las familias ganaderas han sido históricamente parte viva de Tierra del Fuego, desarrollando su actividad económica -la crianza de ovejas- en armonía con la fauna local, incluyendo aves migratorias, cetáceos y el pingüino magallánico, especies por las cuales Bahía Lomas posee un valor ecológico.

“Llevamos 140 años conviviendo con la biodiversidad, pero hoy nos cierran la puerta del diálogo y de nuestros campos”, señalaron los dirigentes. Los ganaderos recuerdan que su trabajo responsable por generaciones ha contribuido a que el territorio conserve su riqueza natural, incluso antes de que existiera la preocupación por los ecosistemas.

Sin embargo, frente a esta larga historia de coexistencia, los productores acusan que no fueron convocados a dialogar sobre decisiones que afectan directamente su derecho al trabajo y su relación con la tierra. Tampoco se convocó a autoridades locales, otros gremios de la zona ni a la comunidad isleña en general.

Irregularidad y exceso: 66.000 hectáreas fuera de norma

El principal punto de conflicto se centra en lo que consideran la desproporcionada expansión del área terrestre propuesta. Según los antecedentes presentados por los gremios, la nueva superficie excede ampliamente lo definido tanto en la Estrategia Nacional como en la Estrategia Regional.

La preocupación se basa en cifras contundentes: del total de 92.320 hectáreas propuestas, más de 66.000 hectáreas -lo que representa un 70% adicional- no estaban identificadas en la base de estudio oficial de la estrategia.

Esta expansión “fuera de la base de estudio” abarca zonas productivas que no fueron informadas ni consultadas a quienes viven y trabajan allí. Las asociaciones consideran que esta acción excede la competencia de la Ley N° 21.600 (Ley Sbap), que estipula que los sitios prioritarios deben ser aquellos identificados precisamente en la estrategia. Tras revisar el expediente, concluyeron que la nueva delimitación del polígono carece de sustento técnico ni científico suficiente para considerarse válida, calificando el proceso como “tremendamente irregular”.

Las consecuencias de
la restricción regulatoria

La determinación de un área como sitio prioritario tiene implicancias legales y económicas severas para los productores. Los ganaderos alertan que la ampliación afecta directamente a cerca de 70 predios, lo que corresponde al 15% de la superficie de la comuna de Primavera, además de una parte de la comuna de Porvenir.

Trinidad Benavente, asociada de la firma Barros & Errázuriz, indicó que la designación como sitio prioritario no es menor, ya que puede:

Gatillar la obligación de ingresar cualquier proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia).

Identificar como infracción un amplio espectro de acciones que generen “cambios significativos” en las características ecológicas del sitio, según el artículo 116, letra a, de la Ley N° 21.600.

Para los gremios, estas disposiciones amenazan la única actividad productiva soberana que abarca la totalidad de Tierra del Fuego, la cual provee empleo, genera alimentos naturales y mantiene la presencia nacional en un territorio aislado. El cuestionamiento se centra en por qué el ministerio pretende disponer de propiedad ajena sin mediar la indemnización que la ley y la Convención Americana de Derechos Humanos consagran, elevando la protección ambiental a un valor absoluto por sobre derechos esenciales.

¿Control estatal del desarrollo?

El malestar de los ganaderos se acentúa por la evidente “contradicción profunda” detectada en los objetivos del proceso. Los gremios denuncian que la oficina de seremi de Medio Ambiente de Magallanes tuvo “el cuidado de excluir” del nuevo sitio prioritario las “zonas productivas intensas de combustibles fósiles e hidrógeno verde”, mientras que sí incluyó zonas históricamente ganaderas y productivas.

Para ello, esta exclusión selectiva refuerza la idea, ya planteada en el debate público, de que detrás del discurso ambientalista se asoma una tendencia ideológica que busca someter la iniciativa privada a una lógica de control estatal del desarrollo. Indican que se percibe un debilitamiento de la autonomía económica y ciudadana, lo que erosiona la legitimidad del Estado.

Exigencia de diálogo 

Frente a esta situación, el presidente de Asogama, Gerardo Otzen Martinic, y el presidente de la Asociación Ganaderos Tierra del Fuego, Jorge Tafra Vera, exigen al ministerio detener inmediatamente el proceso.

Su demanda es clara: frenar el proceso, revisar la nueva cartografía, y abrir mesas de trabajo en terreno con reglas claras.

“Queremos ser parte de las soluciones, no víctimas de las decisiones ineficaces de terceros. La sustentabilidad no se logra frenando el progreso, sino armonizando la responsabilidad ecológica con el respeto al derecho y a la propiedad”, concluyeron, instando a defender el equilibrio entre la conservación y las libertades fundamentales frente al poder sin límites.