La responsabilidad gremial en un escenario de transparencia y probidad

Un sabor raro dejó la reciente denuncia formulada por la Confusam ante la Contraloría General de la República en contra de la secretaria general de la Corporación Municipal de Punta Arenas. Ello, atendida la versión entregada por la propia Elena Blackwood y la ratificación de sus dichos y respaldo que recibió de la administración municipal.

En la denuncia de la Confusam, hay imputaciones que, en un primer examen, parecen no tener todo el asidero que deberían considerando que fundamentan la presentación ante el ente contralor.

Esto lleva a reflexionar sobre el rol y la responsabilidad de la representación sindical. Cuando los gremios se presentan como garantes de justicia y defensa institucional, no pueden escudarse tras argumentos que vulneran la integridad de los procesos. En el reciente caso -por presunta infracción al deber de probidad y la eventual voluntad de dejar sin efecto los sumarios disciplinarios que ella misma suscribió- emerge con claridad un dilema ético y corporativo indispensable. 

Los gremios tienen un papel esencial: visibilizar incumplimientos, representar a sus asociados y promover reformas. Pero ese rol se vuelve inconsistente si se instrumenta para revertir medidas disciplinarias sin atender el fondo de las obligaciones públicas. Admitir que el objetivo de una denuncia sea prioritariamente “dejar sin efecto los sumarios y destituciones que ella firmó” merece una reflexión crítica. 

Cuando se plantea que la denuncia tiene como fin último revertir sumarios, se transforma en un mecanismo de amparo selectivo que termina por minar la credibilidad del gremio ante sus propios representados y la ciudadanía. 

En este escenario, corresponde demandar que los entes gremiales adopten principios claros de transparencia: que informen de los objetivos de sus acciones, que declaren posibles conflictos de interés, que no utilicen la denuncia como escudo de impunidad. Y sobre todo, deben respetar el imperativo de que la defensa de sus asociados no implique menoscabo de los procesos de control que rigen la función pública.

La construcción de legitimidad gremial pasa inevitablemente por la coherencia, la trazabilidad de sus acciones y la convicción de que la defensa colectiva no puede legitimar el amparo individual cuando este colisiona con el interés público.