Consejeros de oposición recurren a Contraloría por supuesta irregularidad en tasación del Club Hípico

Los consejeros regionales Rodolfo Arecheta y Max Salas presentaron un requerimiento ante la Contraloría General de la República para que se pronuncie sobre presuntas irregularidades en las tasaciones utilizadas por el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) en el proceso de expropiación de los terrenos del Club Hípico de Magallanes.

Ambos consejeros -representantes de la oposición- aseguran que los documentos presentados por el Serviu “no cumplen con los estándares normativos” que exige una tasación oficial en Chile. “Esto es el culmen de un proceso de expropiación. La tasación es el elemento clave, porque es lo único que se puede reclamar. Y lo que se entregó no era una tasación, era un pedazo de papel firmado”, señaló Arecheta, agregando que pidieron a la Contraloría determinar si el documento cumple con la normativa y, de no ser así, establecer las responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados.

Durante la votación en que el Consejo Regional aprobó el traspaso de $10 mil millones al Ministerio de Vivienda para continuar con la expropiación, el consejero Max Salas acusó la existencia de “tasaciones truchas”, lo que detonó un tenso intercambio con autoridades del Serviu y del Minvu.

El proceso de expropiación, iniciado en 2023, fijó el valor del terreno en $21.832 millones, según una Comisión de Peritos, cifra significativamente menor a los $44 mil millones solicitados inicialmente por el directorio del Club Hípico.

El director del Serviu (s), Omar González, en entrevista con El Magallanes, rechazó tajantemente las acusaciones, calificándolas de “sin fundamento técnico, erróneas e irrespetuosas”. “El informe de tasación lo realiza un ente externo al fisco. Nosotros, como servicio, no tenemos control sobre esos peritos, que actúan con autonomía técnica”, explicó González.

La Contraloría deberá ahora determinar si la documentación presentada por el Serviu cumple con los requisitos legales que establece la normativa chilena sobre tasaciones en procesos de expropiación.