Presidenta de Te Abrazo Magallanes: “La inclusión avanza por esfuerzo de las familias, no por acción del Estado”

A casi dos años de la promulgación de la Ley N°21.545, que busca promover la inclusión, atención integral y protección de los derechos de las personas dentro del espectro autista, la realidad en Magallanes dista de lo que el texto legal prometía. Así lo señaló la presidenta de la agrupación Te Abrazo Magallanes, Rosa Miranda Tobar, quien advierte que los avances en materia de inclusión educativa siguen dependiendo, en la práctica, de la voluntad de los directores y equipos docentes de los colegios más que de una política pública efectiva.

Añadió que el ejemplo más visible en la región ha sido la Escuela Juan Williams, donde gracias a la gestión de una familia y al apoyo de la comunidad educativa, se permitió la presencia de tutores sombra dentro del establecimiento para acompañar a los estudiantes que requieren apoyo constante. La dirigenta recalcó que es el único colegio que lo tiene hasta el momento y que eso depende sólo de la voluntad de los directores.

Para la agrupación, la experiencia ha demostrado que la inclusión efectiva no requiere grandes recursos, sino apertura institucional y empatía. En la Escuela Juan Williams, por ejemplo, la habilitación de una sala con camilla y material de apoyo ha permitido ofrecer contención a los niños cuando se descompensan y reintegrarlos luego a sus actividades académicas. En otros establecimientos, en cambio, las familias son llamadas a retirar a los estudiantes, quienes muchas veces permanecen apenas una hora en el colegio, perdiendo continuidad en su proceso educativo.

Añadió que la agrupación ha identificado grandes diferencias entre los colegios que cuentan con programas de integración sólidos y aquellos donde no se aplica de manera real. Junto con la Escuela Juan Williams, destacó a la Escuela Hernando de Magallanes, donde los equipos de integración “trabajan con compromiso, vocación y empatía”, a pesar de la falta de apoyo ministerial. Sin embargo, afirmó que en otros casos “no hay criterios, no hay respeto, no hay empatía”, lo que deriva en exclusión o en la desvinculación de niños con diagnóstico.

La dirigenta criticó que el Estado no haya cumplido con su responsabilidad de capacitar a los profesionales que trabajan en educación, lo que obliga a muchos docentes a invertir recursos propios para formarse. “El Ministerio de Educación no ha capacitado a nadie, porque no están los recursos. Tenemos la ley, y no ha pasado nada”, lamentó. Añadió que el país “está acostumbrado a tener leyes sin recursos”, y que esta situación deja la inclusión sujeta a esfuerzos personales o a iniciativas aisladas.

La falta de profesionales especializados agrava el panorama. Según explicó, en algunos colegios hay hasta diecisiete estudiantes con distintos diagnósticos y sólo un especialista para atenderlos, cuando deberían ser al menos cuatro. Ello impide que todos reciban el apoyo que necesitan y obliga a priorizar los casos más complejos, dejando a muchos sin acompañamiento suficiente. Miranda enfatizó que “cada profesional es importante, pero se están haciendo pocos y no cubren a todos los niños”.

Más allá del ámbito educativo, Te Abrazo Magallanes advierte que la implementación de la Ley de Autismo tampoco ha tenido efectos concretos en materia de salud. La dirigenta señaló que las familias siguen enfrentando listas de espera, falta de horas de atención y carencia de acompañamiento psicológico, especialmente en comunas como Puerto Natales y Porvenir. “Natales está abandonado, Porvenir también. En salud seguimos igual”, alertó, señalando que el Centro de Salud Mental de Punta Arenas está sobrecargado y que no se ha ampliado la cobertura profesional para responder a la demanda.

La agrupación, que reúne a decenas de familias de la región, ha impulsado distintas instancias de diálogo con autoridades locales y regionales, pero sostiene que los avances reales seguirán siendo lentos mientras no se asigne financiamiento específico a la aplicación de la ley. “Estamos terminando el año igual que cuando se promulgó la ley”, resumió Miranda, quien pidió que el Estado “haga la pega” y garantice que la inclusión deje de depender del esfuerzo individual de los padres y educadores.