Alcalde de Porvenir formalizado por prevaricación administrativa

“¡Sí, entendí!”, respondió ayer sin agregar el consabido “su señoría” y con el semblante muy afectado, el alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada, a la pregunta del juez Pablo Aceituno, respecto a si había entendido los cargos que le formuló el fiscal Sebastián González, en la audiencia en la que fue formalizado por el delito de prevaricación administrativa por el cese unilateral de obras del Agua Potable Rural (APR) de la comuna, rescindiendo el contrato a la empresa constructora Cobra, Servicios, Agua y Montajes Ltda.

La audiencia se realizó en el Juzgado de Letras y Garantía de Tierra del Fuego desde las 11 horas de este martes, aunque con todos los comparecientes declarando por vía telemática, donde sólo el magistrado y sus asistentes permanecían en la sala del Tribunal y con presencia de apenas dos medios de comunicación en el disminuido sector reservado para público. El persecutor reseñó cómo se llevó el proceso de licitación, los aspectos técnicos, la adjudicación y la ejecución por parte de Cobra del proyecto APR en los Loteos Selknam y Laguna de los Cisnes, del sector periurbano de la capital fueguina.

Indicó que el alcalde isleño habría dictado “a sabiendas, una resolución manifiestamente injusta y contraria a la ley, que perjudicó directamente a dicha empresa”, narrando la firma del contrato de obras, el inicio de las mismas y que con fecha 17 de junio de 2022, el jefe comunal emitió el decreto N°607 que dictó el término anticipado del mencionado contrato. Dijo que el edil se apoyó en un presunto abandono de los trabajos y atraso injustificado de avance físico por parte de la empresa.

Con ello, describió que Parada ordenó efectuar la recepción definitiva de las obras, liquidar el mencionado contrato y activar el cobro de dos boletas de garantía que había emitido la empresa, para asegurar la ejecución y dar fiel cumplimiento laboral, por las sumas de 202 millones 187 mil 947 pesos y $20.218.795, respectivamente. Sin embargo, el acusador especificó que el contratista estaba imposibilitado de continuar las obras, por un problema legal que aquejaba al proyecto, “que era de exclusiva responsabilidad del municipio”.

Obligaba a construir
en zona militar

Expuso que la caseta que cubriría la planta de agua debía construirse en Zona ZB-4, “destinada a recintos militares y cárceles”, según detalla el Plano Regulador de Porvenir. “El imputado José Gabriel Parada Aguilar optó por responsabilizar del impedimento a Cobra, exigiéndole la resolución de un contrato que no resultaba factible y sancionándola con el término anticipado de éste”, en forma deliberada y a sabiendas, subrayó.

González pidió para el imputado la firma mensual en la Comisaría de Carabineros más cercana y un plazo de investigación de 90 días. El abogado de Parada, el jefe de Estudios de la Defensoría Regional, Rodrigo Lillo, no se opuso a las cautelares, aunque pidió firma bimensual dada la naturaleza del cargo y las numerosas actividades de su representado. Por su parte, el abogado querellante en representación de la subcontratista regional de Cobra, Logística y Servicios, Rufino Martínez, se sumó a los términos del Ministerio Público, aunque recordó que hay diligencias pendientes, ante lo cual el magistrado fijó firma bimensual y mantuvo los 90 días para la indagación del delito imputado al alcalde insular.

Incidencia

En seguida, el defensor pidió al juez fueguino el incidente de “sobreseimiento temporal y total” para su representado, en tanto se desarrolla la demanda civil de la empresa Cobra interpuesta contra la Municipalidad de Porvenir por más de mil 600 millones de pesos. Lo anterior, atendiendo que se trata de casos concatenados, tras lo cual se debería reanudar o no -según corresponda al término de esa acción legal- la imputabilidad de la autoridad comunal. La audiencia para debatir lo anterior la fijó el juez el 25 de noviembre a las 11 horas, en el mismo tribunal.