Seguridad en Torres del Paine

La reciente tragedia en el paso John Gardner, que costó la vida a cinco visitantes, volvió a exponer una fragilidad que Magallanes conoce demasiado bien: la de un Parque Nacional Torres del Paine que funciona, desde hace décadas, con un modelo de administración insuficiente para el nivel de exigencia que supone un destino de clase mundial. La montaña impone riesgos, sí. Pero lo ocurrido no puede explicarse solo por condiciones climáticas adversas. Lo que falló -como han denunciado gremios turísticos y sobrevivientes- es un sistema público de gestión que sigue operando con herramientas del siglo pasado.

La Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (Hyst) fue directa al señalar que el Estado es “incapaz de gestionar un destino de clase mundial”. Lo dijo sin eufemismos: ausencia de guardaparques en zonas críticas, lentitud burocrática, nula modernización de protocolos, un aparato estatal que mira el turismo con recelo y que no ha entendido que conservar también implica gestionar activamente.

A este diagnóstico se sumó, con igual contundencia, la Asociación Magallánica de Empresas de Turismo Austro Chile. El gremio lamentó la tragedia y recordó que el rubro lleva décadas alertando sobre las debilidades de administración, operación y seguridad en las áreas protegidas. Su mensaje fue claro, en cuanto a que el riesgo es inherente a territorios de alta montaña, pero la responsabilidad del Estado es garantizar condiciones básicas de gestión y presencia en el territorio, algo que, a juicio del gremio, “no se cumplió”.

Austro Chile subrayó una contradicción grave: en los últimos años se han endurecido normas y procedimientos, haciendo más engorrosa la operación para turistas y empresas, pero sin reforzar lo realmente indispensable, como lo son patrullajes efectivos, capacidad de respuesta, presencia permanente y protocolos acordes a un parque remoto y complejo.

Ambos gremios coinciden en una advertencia que hoy resulta imposible de ignorar, respecto a que Chile sigue administrando Torres del Paine con una institucionalidad “arcaica”, lenta y desconectada de la realidad operativa. Los operadores locales -los mismos que enfrentan tormentas, emergencias y rescates- han sido sistemáticamente marginados de decisiones estratégicas que suelen resolverse desde oficinas lejanas, en mesas técnicas eternas o en planes de manejo congelados por años.

En paralelo, mientras sobrevivientes describen ráfagas de viento que superaron los 190 km/h, rutas colapsadas y ausencia de personal en zonas de riesgo, el Estado optó por respuestas defensivas y un cierre temporal del circuito, como si la clausura fuera sinónimo de gestión. La tragedia deja claro que no basta con más reglas o más restricciones; no es necesario “encandilar” el circuito O con guías obligatorios ni levantar más barreras.

Lo que falta -y falta hace mucho, según la denuncia de los gremios- es una administración moderna, profesionalizada, equipada y presente.

La próxima puesta en marcha del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas tampoco convence a los actores locales. Si reproduce la misma rigidez, la misma desconfianza y la misma cultura administrativa, nada cambiará. “Un servicio nuevo no salvará vidas si no cambia la mentalidad”, advirtió Hyst. Y Austro Chile complementó, indicando que esta tragedia debe ser el punto de inflexión para avanzar hacia un modelo más moderno, eficiente y acorde al valor internacional de Magallanes.

La seguridad en Torres del Paine no se resolverá con culpables fáciles ni reflexiones a distancia. Se resolverá cuando el Estado -por fin- asuma su rol estratégico y actúe en consecuencia, lo que implica comprometer recursos, invertir en tecnología, garantizar una presencia real y adoptar decisiones basadas en gestión y no en dogmas.