Corte dio “luz verde” a la fiscalización que ordenó la Dirección del Trabajo al interior de la Fiscalía Regional

La Corte de Apelaciones de Punta Arenas no dio lugar a la “orden de no innovar” solicitada por el fiscal Cristian Crisosto, mediante la cual buscaba frenar la fiscalización que dispuso la Dirección del Trabajo al interior de la Fiscalía Regional de Magallanes.

La petición de Crisosto se enmarca en un recurso de protección que interpuso el pasado 11 de noviembre, “en contra de la fiscalización laboral notificada por la Inspección del Trabajo de Punta Arenas el 7 de noviembre de 2025 a la Fiscalía Regional de Magallanes y Antártica Chilena, por carecer aquél órgano público de potestades legales para efectuarla”.

La presentación es también en contra del oficio, de fecha 30 de octubre de 2025, dictado por el Tribunal de Letras del Trabajo de Punta Arenas, en la causa del exfiscal Manuel Soto en contra del Ministerio Público, por el cual se dispuso oficiar a la Dirección del Trabajo a “objeto de emitir informe acerca de la existencia de vulneración de derechos y existencia de denuncias anteriores o actuales contra el mismo empleador Ministerio Público, Fiscalía Regional de Magallanes”.

Crisosto solicitó que se dejen sin efecto ambas actuaciones, “por carecer la Inspección del Trabajo de competencia legal para efectuar una fiscalización laboral al Ministerio Público”.

Apunta a “una atribución de facultades jurisdiccionales de las que dicho órgano administrativo carece, ya que el asunto ya está sometido a un juicio laboral”.

En el recurso de protección solicitó que le concedieran una “orden de no innovar, disponiendo la suspensión inmediata de la fiscalización que la Dirección del Trabajo pretende realizar en las dependencias de la Fiscalía Regional de Magallanes”.

Rechazan reposición

El tribunal de alzada acogió a trámite el recurso de protección, pero rechazó la orden de no innovar.

Frente a este escenario, Crisosto volvió a la carga e interpuso un “recurso de reposición”. Pero los ministros de la Corte también se lo rechazaron, por ende la fiscalización dispuesta por la Dirección del Trabajo puede seguir su curso al interior de la Fiscalía Regional de Magallanes.

Entre otros argumentos de la reposición, el fiscal plantea los efectos inmediatos que pueden tener la fiscalización, “sobre el clima laboral y la integridad psíquica de los funcionarios hacen que el daño sea actual, real y grave”.

Además de que la fiscalización se fundaría en actos que podrían ser contrarios a la Constitución y la ley, especialmente en lo relativo a la competencia de la Dirección del Trabajo respecto del Ministerio Público y la prohibición de ser juzgado por comisiones especiales.

Con fecha 18 de noviembre la Corte de Apelaciones rechazó la reposición: “atendido que los argumentos vertidos en el recurso de reposición no hacen variar lo resuelto, no ha lugar”.