Acusan eventual concertación de ejecutivos del Slep para falsear simulación de sueldos y eludir licitaciones para favorecer a proveedor

 Dos denuncias separadas presentadas ante la CGR exponen presuntas irregularidades en el Slep regional y cuestionan la probidad de su dirección.

Una eventual falsificación del proceso de “simulación” de remuneraciones en el marco del traspaso de la educación municipal al Servicio Local de Educación Pública de Magallanes y posibles maniobras destinadas a eludir una licitación pública vigente y asignar directamente labores a una empresa de selección de personal son parte de las denuncias presentadas ante la Contraloría General de la República y que tienen como denunciados a los altos directivos del Slep regional.

En el primer caso, figuran como denunciados el director ejecutivo del Slep, Mario García Martínez (hoy suspendido de sus funciones tras el paro de profesores de marzo); el subdirector de Control y Planificación, Jorge Valdés; y el subdirector de Administración y Finanzas, Benjamín Agurto.

La primera denuncia, presentada el 9 de septiembre, por dos profesionales del Slep regional, plantea que hubo hechos graves en el proceso de instalación del Slep en Magallanes respecto del sistema de remuneraciones del Programa Presupuestario (P02) para más de 3 mil docentes y asistentes de la educación.

El segundo escrito fue ingresado al ente contralor el martes recién pasado y expone presuntas irregularidades -también consideradas graves- en la forma que se habría contratado servicios de reclutamiento de personal, capacitaciones y levantamiento de perfiles de cargo, favoreciendo a una conocida empresa de selección de personal al margen de los mecanismos habituales de competencia que exige la normativa de compras públicas.

Se pide a la Contraloría investigar los hechos, instruir sumarios administrativos y derivar antecedentes al Ministerio Público si, del mérito de lo actuado, resultasen indicios de ilíticos. 

Versión del Slep Magallanes

Tras tener acceso a estas denuncias, El Magallanes se comunicó con el Area de Comunicaciones y Difusión del Slep en Punta Arenas, para solicitarle su versión. Empero, sólo se consignó la siguiente respuesta:

“Hasta esta fecha, el Servicio Local de Educación Pública Magallanes no ha sido notificado ni se han remitido los antecedentes fundantes de la denuncia. Por esta razón se prefiere esperar este trámite para conocer a fondo los elementos que se cuestionan y entregar los informes que se requieran al organismo contralor y a la opinión pública. 

“Una vez notificados formalmente, y si se estima que haya antecedentes que lo justifiquen, el Slep Magallanes evaluará eventuales procesos disciplinarios”, concluye la respuesta.

Simulación de remuneraciones

Respecto de la primera denuncia ingresada a Contraloría, se acusa “la falsificación (ideológica) y/o uso de antecedentes no veraces para hacer aparecer como realizadas “simulaciones” de remuneraciones que no cumplieron con las condiciones técnicas mínimas ni cubrieron los componentes propios de un ciclo de nómina (parametrizaciones completas, haberes/descuentos, archivo txt Previred, archivo bancario, contabilidad, liquidaciones y reportes), con el propósito de comunicar el supuesto cumplimiento de metas y validar hitos del proyecto ante autoridades sectoriales y el proveedor”.

Los denunciantes pertenecen a la subdirección de Gestión de Personas y trabajaron directamente en la configuración del sistema (Sigper). Acusan a Mario García, Jorge Valdés y Benjamín Agurto de, en definitiva, presentar ante la dirección de Educación Pública (Dep), el Ministerio de Educación, y la comunidad un escenario de “simulaciones exitosas”, siendo que -según aseguran- ello no se ajustaba a la realidad técnica.

Sostienen que esta maniobra “vulnera la fe pública, lesiona gravemente la probidad administrativa, quiebra el principio de veracidad e induce a error a la autoridad sectorial y a la comunidad educativa, afectando la confianza ciudadana y exponiendo al servicio a daño fiscal”.

Para validar sus imputaciones, se adjuntan correos internos y se reconstruye la cronología de los hechos, a fin dejar constancia que desde el nivel técnico “el equipo de remuneraciones informó la imposibilidad material de realizar simulaciones integrales por falta de datos íntegros, inconsistencias entre fuentes (Sige/Dep/sostenedores) y ausencia de respaldos contractuales individuales para parametrizar haberes y descuentos (muchos de naturaleza estatutuaria, sindical o judicial)”. Acotan que igualmente, con semanas de anticipación al traspaso de la educación municipal al Slep, expusieron los nudos críticos al director ejecutivo, Mario García, y a los equipos de la Dep (durante la visita celebrada entre el 6 y el 8 de noviembre de 2023), subrayando que “no estaban dadas las condiciones para “simular” conforme al estándar de nómina”, es decir, que esto impedía contar con simulaciones integrales y confiables.

El 28 de noviembre de ese mismo año, se comunicó que la información enviada por el Dep y las comunas era inconsistente, que los libros de remuneraciones no coincidian y que muchas carpetas de funcionarios estaban desactualizadas o derechamente ausentes. Se carecía también -según ellos- de lineamientos claros de la asesoría jurídica sobre bonos y asignaciones especiales.

A sólo ocho días del traspaso, la Unidad de Remuneraciones advirtió algo que, de acuerdo a dicha fecha límite, parece insólito: no se conocía quiénes serían los funcionarios traspasados al Slep y que la labor de revisar las simulaciones correspondientes a unas 3 mil personas se presentaba inviable para un equipo de sólo dos funcionarios. 

El equipo propuso alternativas para poder realizar bien este trabajo, pero no fueron oídas y, pese a todas las alertas, la dirección del Slep -acusan- habría seguido comunicando los supuestos avances. 

Según sostuvieron los denunciantes a El Magallanes, “la autoridad del Slep conocía estos riesgos, pero igualmente decidió presentar las simulaciones como exitosas, vulnerando el deber de probidad y exponiendo a miles de trabajadores a errores en sus sueldos y cotizaciones, además de posibles reliquidaciones, juicios laborales y daño fiscal”.

Simulación de remuneraciones: los 8 hechos y antecedentes a considerar

En la presentación ante Contraloría, los denunciantes buscan resumir los hechos y exponer antecedentes que resultarían importantes para evaluar y “entender” correctamente lo sucedido:

1.- Meta de Alta Dirección Pública:

La denuncia hace ver que “la realización de dos simulaciones del proceso de remuneraciones (P02) no era un acto aleatorio, sino una meta de Alta Dirección Pública del director ejecutivo, Mario García Martínez. La presión por cumplirla, pese a las advertencias técnicas de inviabilidad, generó un contexto de decisiones improvisadas y falsificación administrativa”. 

2.- Falsedad ante el Mineduc:

Los denunciantes aseguran que “el subdirector de Finanzas, Benjamín Agurto, comunicó al ministro de Educación, Nicolás Cataldo (en transmisión por televisión en vivo) que ya se había realizado una primera simulación “exitosa” y que se programaba una segunda, información absolutamente falsa, entregada sin consulta ni coordinación con el área de Remuneraciones. Ello constituye un acto de engaño a la autoridad ministerial y a la ciudadanía, configurando una falta grave a la probidad”.

3.- Asignación de tareas ajenas a Remuneraciones

También se arguye que “los profesionales del área de Remuneraciones fueron constantemente sobrecargados con labores ajenas a sus funciones (registros en Siaper, control y registros de cometidos, reportes presupuestarios, etc.), situación que obstaculizó deliberadamente el trabajo con el sistema Sigper. Este desvío de funciones impidió avanzar en las tareas críticas del traspaso, revelando desidia y menosprecio por el trabajo técnico”.

4.- Negativa de oficios formales

Luego, se denuncia que dos funcionarias habrían dilatado e impedido “el envío del oficio que solicitaba a los sostenedores la información necesaria para el poblamiento del sistema. Esta omisión intencional -se acusa- privó a la unidad de Remuneraciones de los respaldos contractuales indispensables, demostrando obstrucción administrativa consciente”.

5.- Amenzas y maltrato

En este contexto, los funcionarios de Remuneraciones habrían sido objeto de maltrato por parte del subdirector de Planificación y Control de Gestión, Jorge Valdés. 

6.-   Pago de PreviRed con dinero personal

La denuncia también consigna que, por fallas en el sistema y ausencia de gestión ejecutiva, la subdirectora debió pagar con fondos personales una nómina de cotizaciones previsionales, “situación inaceptable -se hace ver- en un servicio público y que refleja la irresponsabilidad administrativa y falta de control de los directivos”.

7.- Informe falso

La última imputación reza que “el “Informe de Traspaso” publicado por el ministerio de Educación en diciembre de 2023 incluyó afirmaciones derechamente falsas, como que se había realizado una “simulación total de pago de remuneraciones”. Esta información se elaboró -indican los denunciantes- sobre los antecedentes remitidos por el Slep Magallanes, lo que -a juicio de ellos- significa que los ejecutivos del servicio concertaron una versión distorsionada de la realidad, comprometiendo la fe pública y engañando a la autoridad ministerial”. 

Servicio de reclutamiento: ¿mecanismo para eludir licitación pública?

La segunda presentación a Contraloría denuncia eventuales infracciones a la Ley de Compras Públicas, Ley de Presupuestos y presuntas faltas a la probidad administrativa en el Slep Magallanes.

Se acusa derechamente al director ejecutivo (s) de esta entidad de instruir la contratación de servicios de reclutamiento, autocuidado y talleres de capacitaciones mediante trato directo, fijando un monto máximo de $15 millones, lo cual se ha pagado contra boletas a honorarios de una socia de una empresa de este rubro. Se puntualiza que, no obstante, los montos cancelados y comprometidos a la fecha ascienden a $39 millones 386 mil, “superando el límite del convenio y eludiendo completamente la obligación de licitación establecida en la Ley de Compras Públicas”.

En el escrito ante el ente contralor, los denunciantes exponen: “Esta situación reviste gravedad, pues existía un proceso de licitación pública ya realizado y adjudicado, con proveedores habilitados y valores significativamente menores”.

Se pide a la Contraloría que se pronuncie sobre la legalidad de estas contrataciones, determine si existió elusión de la licitación, fraccionamiento y uso impropio de honorarios.

En la misma línea, se solicita al ente contralor que instruya un sumario administrativo respecto de las autoridades y funcionarios involucrados y adopte medidas para revisar, regularizar e incluso poner término anticipado al convenio cuestionado. 

Antecedentes

En la denuncia se hace ver que el Slep Magallanes realizó una licitación pública (ID 1233613- 64-LE24), denominada “Servicio de reclutamiento de personal”. En ella participaron once proveedores y el contrato fue adjudicado por $29 millones 971 para 20 procesos de selección, con un valor unitario de $1 millón 499 mil. 

Se apunta un antecedente no menor: en este proceso la empresa denunciada ante Contraloría fue rechazada y no obtuvo adjudicación. 

Pese a ese antecedente, los denunciantes sostienen que en junio de este año, el director ejecutivo (s) del Slep Magallanes instruyó la contratación de una de las socias de la referida empresa, mediante un convenio de honorarios por asignación directa, sin pasar por Mercado Publico. Para ampliar el monto inicialmente acordado ($15 millones), posteriormente el convenio habría sido modificado. A octubre de este año ya se habrían pagado $13 millones 70 mil y, con nuevos procesos de selección iniciados el 7 de noviembre, el gasto comprometido llegaría a los ya referidos $39 millones 386 mil, “superando -subrayan los denunciantes- el límite fijado y el umbral que obliga a licitar”. 

La denuncia también detalla la intervención del subdirector de Administración y Finanzas. La empresa bajo escrutinio fue contactada por este ejecutivo y le envió una cotización (Nº 377-25, de 26 de agosto de este año), para servicios de levantamiento de perfiles de cargo, auditoría de procesos e informe de mejoras. Los denunciantes observan algo más: la referida cotización “señala explícitamente ‘según lo conversado’”.

Esta propuesta consideraría pagos mensuales de $1 millón 875 mil entre septiembre y diciembre de este, por un total de $7 millones 500 mil más impuestos. Nuevamente, se usa el mecanismo de pagar contra boletas de honorarios emitidas por la propia socia de la compañía en cuestión. 

Desde el punto de vista jurídico, el escrito afirma que no se trata de una contratación aislada de una persona natural, sino de un mecanismo para asegurar la contratación directa de la empresa. 

Las actividades se ejecutarían bajo la marca la compañía de servicios, pero con documentación remitida a nombre de la socia, lo que, según la denuncia, permitiría eludir la licitación y favorecer a un proveedor específico. “Esta figura implica, en la práctica, una simulación contractual: se utiliza formalmente la modalidad de honorarios a persona natural para eludir la aplicación del régimen de compras públicas y, en particular, evitar la obligación de recurrir a la licitación pública ya existente y adjudicada para el mismo objeto (reclutamiento y selección de personal)”, arguye en la denuncia presentada ante Contraloría.

Además, se acusa incumplimiento de la regla general de licitación pública, uso injustificado del trato directo, fraccionamiento de contratos, vulneración del principio de probidad y uso indebido del subtítulo de honorarios, generando incluso un sobrecosto estimado de sobre $5 millones 884 mil en comparación con el servicio prestado por el proveedor anterior.