Amplían investigación por 250 días y revelan diligencia clave pendiente en caso Nandwani y Sociedad Real

En el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, se realizó una nueva audiencia en la causa por delitos tributarios que investiga el Ministerio Público y que tiene por imputados a Sunil y Laju Nandwani Vaswani, ambos socios y representantes legales de Sociedad Real y Compañía Limitada. Tras solicitar 180 días más para continuar investigando, la defensa replicó aumentando a 250 días, basándose en una pericia contable clave para su teoría, que busca desarticular la querella del Servicio de Impuestos Internos. La fiscalía aceptó el plazo, que será utilizado para realizar una serie de peritajes pendientes en la causa.

La investigación se inició en base a querellas presentadas por el Servicio de Impuestos Internos en 2022 y, desde entonces, ha tenido múltiples ampliaciones. La última extensión de la querella fue interpuesta por el Servicio de Impuestos Internos en marzo de 2025, donde se detalla que el perjuicio fiscal, actualizado a diciembre de 2024, asciende a $2.937.998.344.

Los delitos imputados a Sunil y Laju Nandwani, ambos del Código Tributario, corresponden al de declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que induzcan a una liquidación de impuesto inferior, y al de utilización de la calidad de usuario de Zona Franca con la finalidad de defraudar al fisco.

A modo de resumen, se alega que entre 2015 y diciembre de 2023, la empresa vendió vehículos motorizados nuevos, de marcas como Mahindra, Ford y Toyota, en su sucursal de Coyhaique (Zona Franca de Extensión). La maniobra consistió en ampararse en su calidad de usuario de Zona Franca para extender un beneficio tributario (extensión de Iva) que solo es aplicable a la “Zona Franca Primaria”, no a la Zona de Extensión.

Documentos falsos y diligencias

En la audiencia del viernes, el fiscal Sebastián Marín solicitó un plazo adicional de 180 días para investigar, lo que fue adherido por el Sii como querellantes, detallando que, si bien se han efectuado comparecencias y declaraciones, aún restan diligencias cruciales. Una de ellas es un peritaje caligráfico a la PDI respecto de tres Solicitudes Registro Factura (SRF) presuntamente falsificadas.

El abogado querellante, Jorge Mihovilovic, detalló que hasta la fecha se han tomado múltiples declaraciones: a funcionarios fiscalizadores, asesores y abogados de Sociedad Real; representantes de Recasur; funcionarios de Aduanas; y trabajadores de la empresa en Coyhaique. También se han formulado preguntas a notarios, adquirientes y funcionarios del Registro Civil.

“Falta la declaración del director regional del Registro Civil de Coyhaique, a fin de que responda preguntas que se han formulado sobre la modalidad de inscripción de los vehículos”, ejemplificó Mihovilovic. También faltan declaraciones de empresas adquirientes, para que “precisen qué hicieron con los contratos notariales”. Todo ello tiene por fin determinar daños colaterales derivados de las acciones de Sociedad Real.

Faltan también declaraciones de la Municipalidad de Coyhaique por la adquisición de camionetas a Sociedad Real y la documentación de respaldo de dichas compras. “El sistema de compras públicas exige contar con las facturas”, sostuvo el abogado querellante, indicando que el municipio no ha dado explicaciones sobre este punto.

Notarías de Coyhaique que autorizaron contratos notariales de venta de autos también han sido requeridas vía oficio.

“Hay muchas diligencias que están en curso y que aún no han sido evacuadas, tanto por las policías como por el Servicio de Impuestos Internos y otras instituciones, que fueron el motivo principal para poder pedir esta ampliación de la investigación”, explicó el fiscal Sebastián Marín a la salida de la audiencia.

Peritaje contable

La defensa se mostró de acuerdo con la extensión del plazo de investigación, pero propuso 250 días, por cuanto este jueves 20 de noviembre se solicitó una petición al Ministerio Público para efectos de que se ordene una pericia contable. Esto implica la designación de un perito contador auditor, porque “se ha revelado que todas las liquidaciones que fundamentan esta querella de marras del Servicio de Impuestos Internos son incorrectas, erróneas, nulas”, argumentó el abogado defensor, Germán Ovalle.

El abogado explicó que “para nosotros resulta extremadamente relevante que esto se realice”, lo que a su juicio “constituiría un giro radical en el futuro de la querella que nos convoca”.

Desde el Servicio de Impuestos Internos hicieron ver que “la Fiscalía no se ha pronunciado respecto de la procedencia de esta solicitud”. Este punto lo relevó, dado que “si el fiscal dice que no a la diligencia, no tiene sentido los 250 días”, argumentó Mihovilovic. El magistrado Franco Reyes Pozo resolvió finalmente establecer dicha extensión de plazo, habiéndose acordado por Ministerio Público y defensa.

El fiscal Marín agregó que dicha pericia contable “está en análisis” actualmente.

Al cierre de la audiencia se ofició a la Primera Comisaría de Punta Arenas para que informe si el imputado Sunil Nandwani ha dado cumplimiento a la medida cautelar de firma diaria en dichas dependencias durante el período comprendido entre el 14 y 21 de noviembre, plazo en el que viajó a Punta Arenas en el marco de las elecciones.