Slep Magallanes: claridad urgente ante denuncias que inquietan

El proceso de instalación del Servicio Local de Educación Pública de Magallanes debió ser un ejercicio de rigor técnico y transparencia. Sin embargo, las dos denuncias ingresadas a la Contraloría General de la República revelan un cuadro inquietante que no puede normalizarse en una institución llamada a velar por la enseñanza pública de nuestra zona.

La primera denuncia apunta a un aspecto fundamental del traspaso desde los municipios: la simulación del sistema de remuneraciones para más de tres mil trabajadores. Los funcionarios a cargo del proceso afirman que nunca fue posible realizar simulaciones integrales, por falta de datos, inconsistencias en las fuentes y ausencia de respaldos contractuales. Pese a ello, acusan que las autoridades del Slep habrían comunicado avances inexistentes al ministerio de Educación, a la Dirección de Educación Pública e incluso al propio ministro, afirmando públicamente la existencia de simulaciones “exitosas”. Si esto es cierto, no solo se vulnera la probidad, sino que se expuso a miles de trabajadores a errores en sus haberes, cotizaciones y futuras acciones judiciales, además de comprometer la fe pública en un sistema que ya ha enfrentado tensiones significativas.

La segunda denuncia describe un escenario igualmente preocupante: la presunta utilización de boletas de honorarios para contratar, vía trato directo, a una socia de una empresa del rubro de selección de personal que había sido descartada en una licitación pública formalmente adjudicada. Según lo expuesto, los pagos realizados comprometidos ya bordean los $40 millones, superando con creces el límite original y el umbral que obliga a licitar. Si este mecanismo buscó eludir procesos de competencia y favorecer a un proveedor específico, se estaría frente a una práctica que atenta contra los principios de transparencia y eficiencia que deben guiar el uso de recursos públicos.

Ante ambos casos, la respuesta del Slep Magallanes ha sido cauta: aún no ha sido notificado y entregará antecedentes cuando corresponda. Es comprensible desde el punto de vista procedimental, pero claramente insuficiente ante la magnitud de las imputaciones. La comunidad educativa -docentes, asistentes, estudiantes y familias- tiene derecho a conocer si el servicio que administra la educación pública de la región ha actuado con negligencia, falta de control o derechamente simulando procesos críticos. 

Por eso, es indispensable que estas denuncias se despejen lo antes posible. La probidad no puede esperar ni tampoco la estabilidad de un sistema que está en pleno proceso de consolidación. Magallanes necesita instituciones que generen confianza, no más dudas; que rindan cuentas con claridad, no que acumulen opacidad; que corrijan errores con prontitud, no que los arrastren al punto de erosionar su legitimidad.

La Contraloría debe investigar con rigor, instruir los sumarios que correspondan y derivar antecedentes al Ministerio Público si se identifican elementos constitutivos de delito. Pero también el propio Slep debe asumir una actitud activa, transparente y responsable. La educación pública de la región no puede permitirse quedar atrapada en la sombra de denuncias tan graves que afectan directamente la credibilidad del modelo.