Centro de Rehabilitación para Puerto Williams y el deber del Estado con sus territorios más australes

El inicio de las obras del Centro de Rehabilitación en Puerto Williams marca un hito largamente esperado por la comunidad más austral del país. No se trata sólo de un proyecto de infraestructura. Es la reparación de una deuda histórica con un territorio que, por décadas, ha debido sobrevivir a la falta de servicios esenciales que para otras ciudades son parte de la normalidad. El sueño, tantas veces postergado por aumentos de costos, trabas administrativas y licitaciones fallidas, finalmente comienza a convertirse en realidad. Y eso merece ser reconocido.

La presencia del Presidente Gabriel Boric en el terreno donde se levantará el futuro recinto, junto con sus declaraciones, apuntan a una verdad incómoda que el país ha preferido ignorar durante mucho tiempo: la ausencia de infraestructura sanitaria, educativa y habitacional en las zonas extremas no se debe a falta de demanda, sino a una carencia de voluntad política para construir las condiciones que permitan que esa demanda exista. No hay sala de diálisis porque nunca se instaló una. No nacen niños en Porvenir porque no hay maternidad. No se crean servicios permanentes porque es más fácil derivar pacientes o enviar rondas esporádicas que comprometer recursos reales en infraestructura estable.

La lógica del huevo o la gallina que planteó el Mandatario refleja precisamente ese círculo vicioso que ha mantenido a los territorios aislados en un estado de carencia permanente. Mientras no existan servicios, las estadísticas seguirán mostrando necesidades reducidas; y mientras las necesidades parezcan pequeñas, se seguirá justificando no invertir. Este razonamiento -alimentado por visiones centralistas y prejuicios sobre la vida en zonas extremas- ha frenado proyectos indispensables para comunidades que tienen los mismos derechos que cualquier ciudadano del país.

Por eso, la construcción del Centro de Rehabilitación en Puerto Williams trasciende su valor clínico, social o simbólico. Representa un cambio de paradigma. Implica entender que el Estado no puede seguir evaluando la pertinencia de una obra en función del número de beneficiarios inmediatos, sino de la dignidad y el derecho a acceder a servicios básicos sin tener que cruzar el estrecho de Magallanes o esperar semanas por una atención.

La inversión de más de $3.600 millones y la proyección de beneficiar a 177 personas no deben leerse como un gasto desproporcionado, sino como una afirmación de ciudadanía, pues los habitantes de Puerto Williams existen, importan y merecen ser atendidos en su propio territorio. El hecho de que con esta obra las cuatro capitales provinciales de la región finalmente cuenten con un centro de rehabilitación es un logro colectivo y una señal de que es posible avanzar cuando el Estado asume su responsabilidad.

La comunidad recibió al Presidente con cartas, peticiones y esperanza. No es casual. Las localidades como Puerto Williams se han acostumbrado a exigir lo básico, a esperar años por soluciones que en otras regiones se resuelven en cuestión de meses. Este centro, con boxes de atención, piscina terapéutica y espacios adecuados para profesionales, responde a una demanda sentida, pero también abre una expectativa: que esta no sea la excepción, sino el comienzo de una política real de presencia estatal en los territorios apartados.

Si el país quiere que sus zonas extremas se desarrollen, permanezcan habitadas y proyecten futuro, debe abandonar de una vez por todas los argumentos que reducen las inversiones a un cálculo utilitario. La pregunta nunca debió ser cuántos se dializan o cuántos nacen, sino cuántos deberían tener el derecho de hacerlo en su propia tierra.