$38 mil millones en riesgo: Flies exige a diputados que respalden inversión portuaria

• El rechazo de la Cámara Baja a convenios entre gobiernos regionales y empresas estatales pone en riesgo proyectos millonarios en Magallanes.

El rechazo de la glosa presupuestaria que habilita a los gobiernos regionales a suscribir convenios de inversión con las empresas estatales fue uno de los temas protagonistas de la última edición de la Feria Educativa del Hidrógeno Verde, ya que deja en vilo el convenio suscrito el año pasado entre la administración Flies y la Empresa Portuaria Austral, por más de $38 mil millones, con los cuales se pretende mejorar el Terminal Mardones y el muelle Prat en la capital regional.

Esta glosa debía ser aprobada por 76 votos; sin embargo, consiguió sólo 66. El diputado Carlos Bianchi responsabilizó a las bancadas de la Unión Demócrata Independiente (Udi) y del Partido Republicano de provocar la caída de esta disposición. Dicha glosa se votaba dentro de una partida que incluía temas que generaban menor apoyo, como el financiamiento a los sitios de memoria.

Bianchi afirmó que las bancadas que votaron en contra del Presupuesto le dieron “la espalda a la Patagonia, al territorio antártico y a la Región de Magallanes, una situación inentendible. Más allá de la visión política, debió primar una visión geopolítica, y por cálculos pequeños hicieron fracasar una oportunidad única para toda nuestra región”.

El biministro de Energía y Economía, Alvaro García, aseguró que, pese al revés, “los proyectos portuarios de la Región de Magallanes tienen un calendario de inversiones ya definido, de enorme magnitud”, indicando que en los próximos años se invertirá 15 veces más que en periodos anteriores. Sin embargo, recalcó que, sin aprobación parlamentaria, la ejecución se complica.

La habilitación de este tipo de convenios había sido aprobada previamente en la Comisión Mixta de Presupuestos e incluso había sido celebrada por el gobernador Jorge Flies, quien a comienzos de semana viajó a Valparaíso para defender los intereses de las regiones en el Presupuesto 2026.

“Hemos obtenido una ganancia considerable únicamente con la glosa restituida. Esto permite avanzar de manera concreta en la inversión pública regional”, afirmó la autoridad en un comunicado. En esa misma comunicación, aseguró que la medida permitiría que Magallanes continuara desarrollando convenios como los existentes con la Empresa Portuaria Austral (Epa) y Asmar, además de posibilitar acuerdos con otras empresas públicas presentes en la región.

Se había logrado, además, que los aportes que estas empresas recibieran mediante los convenios no constituyeran renta, por lo que quedarían exentos de impuestos. Esto incrementaría directamente los recursos disponibles para proyectos regionales, liberando, sólo en Magallanes, más de $3 mil millones.

La idea de Flies

El gobernador regional, Jorge Flies, señaló que la idea es reponer esta disposición en la ley de reajuste al sector público, en la cual se incorporan todas aquellas materias que no alcanzaron a ser revisadas en la Ley de Presupuesto. Flies aseguró que existe el compromiso de los ministerios de Hacienda, Economía y la Dipres. El gobernador confía en que se apruebe en los próximos 10 días y destacó el apoyo transversal recibido, incluyendo a diputados como Javiera Morales y Carlos Bianchi, así como a bancadas de la Udi y Renovación Nacional.

El gobernador hizo un llamado al diputado Christian Matheson, quien votó en contra de la glosa, a respaldar la iniciativa y garantizar que la región avance.

El principal escollo

La falta de infraestructura portuaria ha sido constantemente calificada como el principal escollo que enfrenta la industria del hidrógeno verde para su instalación en Magallanes. La Asociación de Hidrógeno de Magallanes explicó que, para importar todas las piezas necesarias para un equivalente de 10 GW en proyectos, se requerirían, a un ritmo optimista de unos 250 barcos al año, 5 años con 8 sitios de atraque.

A los $38 mil millones apalancados a través del convenio de programación se suman los $60 mil millones obtenidos por la Epa a través de un crédito con garantía estatal.