“Toma” de la Umag: dos diagnósticos que ya no se encuentran

La Universidad de Magallanes atraviesa una crisis interna. Lo que comenzó como un nuevo episodio de tensión terminó por estallar tras el ataque vandálico al mural de Francisco Bettancourt, hecho que los estudiantes calificaron como “la gota que rebasó el vaso”. Sin embargo, más allá del símbolo violentado, lo que hoy se confronta son dos visiones incompatibles sobre la conducción institucional, la seguridad del campus y la legitimidad de la protesta.

Para el rector José Maripani, la prioridad es inequívoca: resguardar la continuidad de una universidad que lleva cuatro años con números en rojo y cumplir a rajatabla el plan de sostenibilidad aprobado por la Superintendencia de Educación Superior. Bajo ese marco, cualquier interrupción de actividades amenaza un calendario ya frágil y una estabilidad financiera que, de no concretarse, puede abrir la puerta a una intervención externa. Su mensaje es claro: “diálogo total”, sí, pero solo después de que se deponga la “toma”.

En la vereda opuesta, la Federación de Estudiantes sostiene que la “toma” indefinida no es un acto caprichoso, sino una respuesta acumulada a lo que consideran “incumplimientos históricos” y una “gestión negligente” en áreas sensibles como seguridad, bienestar estudiantil y administración financiera. Apuntan directamente al vicerrector Freddy Cabezas, cuya remoción exigen, y cuyos errores atribuyen desde fallas en medidas básicas de resguardo hasta la mala gestión del Fondo Solidario, que obligaría a la Umag a asumir un costo de $1.200 millones en 2025.

El rector, sin embargo, ha cerrado filas en torno a su colaborador: “No son puntos lo suficientemente fuertes para decir que el vicerrector perdió su confianza”. Esa frase resume el abismo actual. Para la autoridad, son argumentos insuficientes. Para los estudiantes, son la evidencia de que las prioridades de la administración están invertidas: desvinculaciones en salud estudiantil, paralización de denuncias de género, solo 10 guardias para más de 4.200 alumnos, y una respuesta tardía ante una amenaza previa al ataque del mural, cuyo hallazgo -denuncian- recayó en funcionarias de aseo trabajando solas.

La rectoría cree que la seguridad estuvo garantizada porque Carabineros no detectó riesgo inminente; los estudiantes sostienen que la comunidad se enteró del peligro al ver al Gope dentro del campus. Dos relatos, dos percepciones, dos confianzas rotas.

En este choque, ambos actores parecen hablar lenguajes distintos. El rector teme que la “toma” comprometa la aplicación del plan financiero y la estabilidad institucional. Los estudiantes tienen miedo de que, sin presión, nada cambie y la precarización interna siga normalizándose. Ambos tienen motivos, pero ninguno puede darse el lujo de ignorar al otro.

Una universidad pública no se sostiene solo con balances saneados ni únicamente con movilizaciones encendidas. Necesita un diálogo efectivo, con transparencia, con responsabilidad real ante los errores y, sobre todo, con un sentido de comunidad que hoy está peligrosamente resquebrajado.

La Umag necesita una conducción que escuche y una movilización que construya. Y necesita, con urgencia, que el rector y los estudiantes vuelvan a encontrarse en un punto básico: reconocer que la crisis existe y que no se resolverá con querellas ni con “tomas” prolongadas, sino con decisiones valientes y acuerdos verificables.

Mientras eso no ocurra, la universidad seguirá en “toma” y con el riesgo de que, ad portas de la segunda vuelta electoral, se puedan pedir medidas de fuerza para lograr su desalojo. 

Con este escenario y el diálogo cortado, lo peor es que la Umag seguirá “tomada” por sus propias fracturas internas.