La urgencia de despejar la incertidumbre en Torres del Paine

La cuenta regresiva ya comenzó. En los próximos tres años, seis concesiones esenciales dentro del Parque Nacional Torres del Paine vencerán, comprometiendo directamente la operación de los circuitos W y O, las rutas más emblemáticas y demandadas del turismo de montaña en Chile.

Lo que podría ser un proceso administrativo rutinario se ha transformado en un foco de alarma para el sector turístico, que advierte un escenario donde la renovación de contratos podría atrasarse peligrosamente, afectando la planificación de operadores, viajeros y, más importante aún, de toda una comunidad que depende de esta actividad.

El gremio no exagera. Las reservas para estos circuitos se realizan con hasta doce meses de anticipación, y los procesos licitatorios deberían abrirse con al menos dieciocho meses de margen. Pero el calendario marca otra realidad: hay concesiones -como la del Área de Acampar Río Serrano- que caducan en semanas, y otras fundamentales para la continuidad de los refugios y campamentos vencerán en 2027, sin que existan garantías de que los requisitos legales previos -reglamentos, planes de manejo, objetivos de conservación- estén listos para entonces.

A ello se suma la transición institucional hacia el nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Un cambio que, aunque necesario, introduce más incertidumbre en el corto plazo, pues surgen nuevas funciones, nuevos criterios y una estructura estatal que aún no termina de demostrarse capaz de gestionar un sistema de áreas protegidas reconocido mundialmente, pero también uno de los más desfinanciados del planeta.

El diagnóstico es viejo, pero hoy se vuelve urgente: falta claridad normativa, falta planificación, falta seguimiento y falta un diálogo de alto nivel entre el Estado y quienes sostienen buena parte de la operación turística en el parque. La tragedia reciente en Torres del Paine dejó expuestos problemas que los gremios venían advirtiendo en silencio. No es sólo la burocracia, los contratos rígidos o la escasa fiscalización. Es la ausencia de una visión estratégica que mire a diez años y no a seis meses.

Torres del Paine no es un parque más. Es un termómetro económico. Sólo el año pasado aportó más de $4.700 millones en ingresos al sistema nacional de áreas protegidas. El 56% de toda la recaudación del país provino de esta octava maravilla. Su funcionamiento ordenado sostiene no sólo la experiencia del turista, sino también la empleabilidad de más de 8.200 personas en la región y la estabilidad de los hogares de Puerto Natales, donde casi una de cada cuatro empresas tiene a un jefe de hogar trabajando en turismo.

El Estado no puede permitirse repetir el viejo ciclo de improvisación. Torres del Paine necesita licitaciones transparentes, oportunas y previsibles; una institucionalidad que funcione antes de cambiarla; y una política pública que entienda que conservación y turismo no son fuerzas opuestas, sino dimensiones interdependientes para la supervivencia del propio parque.

El reloj avanza. Lo que está en juego no es sólo la operación de un refugio, un campamento o una navegación. Es la reputación del destino, la seguridad de los visitantes y la estabilidad económica de toda una región.