Estudiantes de la Umag acusan falta de diálogo de Maripani y liberarán acceso para el proceso electoral del domingo
La Federación de Estudiantes de la Universidad de Magallanes (Feum) acusa falta de diálogo por parte de la rectoría y afirma que no depondrán la movilización hasta que renuncie el vicerrector de Finanzas, Freddy Cabezas, a quien apuntan como el principal responsable de la crisis económica que enfrenta la casa de estudios superiores.
Felipe Miranda, presidente de la Federación de Estudiantes de la Umag, afirmó que la rectoría no ha accedido a abrir conversaciones, pese a que el estudiantado se ha declarado dispuesto al diálogo. En paralelo, la Federación trabaja en un segundo petitorio centrado en demandas de seguridad, infraestructura, bienestar estudiantil y dotación de personal, documento que sería entregado a quien reemplace a Cabezas en Finanzas.
Miranda destacó que el segundo petitorio ha sido elaborado en jornadas de entre seis y doce horas, con énfasis en problemas de salud mental, efecto de desvinculaciones dentro del Dae -incluyendo a la única encargada de recibir denuncias de acoso y a la única enfermera especialista en salud mental- , además del deterioro general de la infraestructura universitaria.
Ayer sostuvieron una reunión con asociaciones gremiales para coordinar acciones como comunidad universitaria.
El movimiento aún evalúa si sumará la petición de renuncia del rector José Maripani, decisión que deberá discutirse en instancias internas del estamento estudiantil. Esto se da luego de que la Asociación de Funcionarios/as (Afun), la Asociación de Académicos/as (Araumag) y la Asociación de Técnicos y Profesionales (Aprotec) acusaran a la autoridad universitaria de haber perdido “totalmente la confianza de la comunidad”, responsabilizándolo por la escalada del conflicto y por una conducción que, a su juicio, muestra “meses de gestión deficiente, falta de comunicación, vulneración de protocolos y ausencia de liderazgo”.
“El rector […] debe poner su cargo a disposición y convocar a elecciones anticipadas, como gesto de responsabilidad y respeto hacia la comunidad magallánica que sostiene esta universidad pública”, señalaron el sábado los tres gremios en un comunicado conjunto.
El pasado viernes, en un punto de prensa realizado en el edificio del Cadi, Maripani informó que presentó un recurso judicial para “restablecer el imperio de la ley” y que se deponga lo que calificó como una “ocupación ilegítima” de las dependencias universitarias. En ese contexto, explicitó su solicitud de presencia policial para desalojar las instalaciones, argumentando que la universidad tiene el deber de resguardar sus recintos y garantizar su funcionamiento institucional. Durante su comparecencia insistió en que su disposición al diálogo es total; sin embargo, solicitó a los estudiantes deponer la ocupación para poder iniciar un diálogo constructivo.
A raíz de la toma, la universidad dispuso la suspensión total de las actividades académicas y administrativas. Si la ocupación se prolonga, el término del semestre podría extenderse hasta la primera o incluso la tercera semana de enero, como ha ocurrido en años anteriores.
La toma se inició el pasado jueves, luego de que 360 estudiantes votaran a favor de la medida como respuesta a la negativa del rector José Maripani de remover al vicerrector de Finanzas, Freddy Cabezas, en el marco de la reciente crisis de seguridad que incluyó la vandalización del mural conmemorativo de la desaparición de Silvio Francisco Bettancourt durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet.
Local electoral
Este viernes, las Fuerzas Armadas tomarán el control de la Universidad de Magallanes, ya que funcionará como local de votación para la segunda vuelta presidencial entre José Antonio Kast y Jeannette Jara.
Al ser consultado sobre si permitirán el acto eleccionario, el presidente estudiantil sostuvo que permitirán el acceso, enfatizando que no pondrán en riesgo a los alumnos ni irán “en contra de los valores democráticos”. Sin embargo, aclaró que eso no implica el fin de la movilización, sino una adaptación temporal de la toma a paro durante el proceso electoral.




