Falta de cesión de derechos y convenios habría frenado aportes estatales a excasa del Samaritano

Nuevamente, la situación de la excasa del Samaritano, hoy administrada por la Fundación Chay Austral bajo el nombre de Residencia Vida Austral, volvió a copar la agenda del delegado presidencial regional, José Ruiz Pivcevic, quien aseguró estar trabajando en el tema y salió a aclarar que la transferencia de recursos públicos está sujeta al cumplimiento de requisitos legales y administrativos, particularmente en lo relativo a los aportes de Senama y Fonasa.

La autoridad explicó que, en el caso de Senama, existía una condición indispensable para concretar la subvención: la cesión de derechos desde la Fundación Fide XII a la Fundación Chay Austral. Dicha cesión se concretó recién el pasado 10 de diciembre, lo que hacía imposible cualquier transferencia previa de recursos, al tratarse de un acuerdo entre entidades privadas. Una vez cumplido este trámite, señaló que Senama comenzó a agilizar el proceso y que se espera concretar el traspaso de fondos durante el transcurso de esta semana.

Respecto de Fonasa, Ruiz Pivcevic fue enfático en señalar que no existen pagos pendientes ni incumplimientos, ya que no hay un convenio firmado entre las partes, lo que constituye un requisito básico para cualquier transferencia de recursos públicos. “Por más noble que sea el destino, tiene que haber un acto administrativo que respalde esa transferencia”, sostuvo.

El delegado agregó que, para suscribir un eventual convenio con Fonasa, deben cumplirse garantías mínimas, entre ellas contar con resolución sanitaria, requisito que -según antecedentes presentados por la propia Fundación Chay Austral- aún no se encontraba regularizado. Actualmente, indicó, se está revisando la documentación existente para determinar los pasos a seguir.

Cumplimiento estricto
de la normativa vigente

En respuesta a las críticas de la Fundación Chay Austral, que ha denunciado abandono por parte de organismos como Senama, Ministerio de Desarrollo Social y la Delegación Presidencial, José Ruiz reiteró que no se trata de una falta de voluntad del gobierno, sino del cumplimiento estricto de la normativa vigente. Enfatizó que la ausencia de la cesión de derechos y de convenios formales impidió cualquier transferencia anterior y que estos son procesos que deben resolverse entre privados antes de comprometer recursos fiscales.

Subrayó que los fondos públicos no pueden asignarse de manera discrecional y deben estar respaldados por convenios, presupuesto y garantías de cumplimiento, asegurando que, una vez cumplidas estas condiciones, el Estado podrá actuar conforme a la ley.

Hace un par de días, la directora ejecutiva de la Fundación, Gabriela Sandoval, explicó que el hogar requiere $11 millones mensuales para su funcionamiento, de los cuales $8 millones corresponden al pago de personal, actualmente contratado a honorarios debido al modelo de financiamiento del gobierno regional.

Sandoval advirtió riesgos en la continuidad de las atenciones y acusó abandono por parte del Estado. La misma crítica fue planteada por el gobernador regional, Jorge Flies, quien anunció gestiones para asegurar un financiamiento permanente y evitar el cierre del recinto. El hogar acoge actualmente a 11 personas mayores; el pasado fin de semana falleció uno de los ancianos atendidos.