Nuevo Presidente. Nuevo Estado

Se ha elegido un nuevo Presidente de la República y son muchas las tareas que ha propuesto en su Gobierno de Emergencia, como lo ha denominado, especialmente centrado en la tarea de ejecutar una recuperación de la economía en tormo a un mayor crecimiento, que debería generar una mejora en el número y calidad de empleos, y en el desarrollo de un sistema de seguridad para recuperar la tranquilidad de los chilenos.

Ambas tareas implican una modificación importante del Estado, sea en su estructura material o número, como en su estructura sustancial o competencias y potestades.

Pero, como no soy especialista en materia económica o de seguridad pública que, a mi juicio, son dos temas o aspectos cuya dinámica, complejidad social y factores externos hacen poco posible su predicción, prefiero centrarme en dos o tres aspectos que se han adelantado en relación con la administración del Estado, conforme a lo que el presidente electo o sus colaboradores más cercanos se han pronunciado.

Un primer aspecto está relacionado con los cargos de confianza y los asesores que contempla en actual Estado chileno. Los cargos de confianza bordean los 2.800 para ser proveídos, y en relación a dichos cargos hay poco más de 7.000 asesores que esperan la designación de los cargos de confianza para ser contratados. Al respecto es interesante y será muy importante conocer el contenido de los criterios que se utilizarán para realza este ajuste, pues todo gobierno que se instala requiere de cargos de confianza en la administración de carrera para asegurar la disciplina y su acción en el cumplimiento de sus promesas al electorado
 en palabras sencillas, a menos funcionarios de confianza, menos posibilidades de asegurar los resultados; así las cosas la decisión de no disminuir dichos cargos se puede convertir, para este Presidente, en la gran promesa incumplida del Presidente saliente: la eliminación de los delegados presidenciales. Espero que no sea ese, el fatal camino.

Un segundo aspecto está relacionado con la eficiencia del Estado que se enfoca al cumplimiento adecuado de las funciones de los funcionarios públicos, lo que implica nuevos procedimientos de evaluación de su gestión y desempeño para prescindir, como se ha señalado, de aquellos que no se encuentren a la altura de la labor que desempeñan. A mi juicio esto requiere reformas menores, pues los procesos de evaluación están y deberían ser objeto de modificaciones de optimización solamente, el problema radica en que quienes evalúan repiten año a año los mismos conceptos, sin atenerse a la realidad de los funcionarios que evalúan y ello es un problema evidente. Prueba de lo anterior se constata en los sumarios a nivel estatal y municipal, de los funcionarios que han salidos en diversas ocasiones del país, en el goce de licencias médicas y en lo cuales ha existido una evidente intensión de no sancionar, siendo conocidos sólo aquellos en los cuales se han adoptado las decisiones expulsivas que han terminado en Tribunales sin que exista, aún un criterio uniforme para determinar cuando la falta a la probidad es grave y cuando no.

Me parece que esto desafíos son importantes, pues podrían llevar a fijar, de una vez por todas, una planta estatal que sea acorde con las reales y urgentes necesidades del país, definir adecuadamente el número de funcionarios en los diversos servicios, sincerar la cifra real, eliminado los honorarios y contratas mentirosas, sin lugar a duda será un avance, no sólo en eficiencia, si no que en sinceridad.       

Pero, me atrevo a indicar un aspecto que no se ha considerado. Si se quiere avanzar en todos estos temas, es fundamental generar un sistema de justicia administrativa especializada radicada en el Poder Judicial, pues de lo contrario las Cortes de Apelaciones colapsarán con el conocimiento de estos asuntos por la vía de la acción constitucional de protección.     

Mis mejores deseos de éxito al Presidente electo.