Torres del Paine y la necesaria rectificación

La reciente resolución de la dirección ejecutiva de Conaf que posterga la implementación de la nueva estructura tarifaria en el Parque Nacional Torres del Paine hasta mayo de 2026 constituye una señal institucional que merece ser valorada. No porque renuncie al objetivo de regular el uso público de uno de los parques más visitados del país -propósito que cuenta con amplio respaldo-, sino porque reconoce que las políticas públicas, para ser efectivas y justas, deben considerar los tiempos, las capacidades operativas y los impactos reales que generan en los territorios.

Los propios considerandos de la resolución son elocuentes. Conaf reafirma su misión de garantizar la conservación y el manejo sustentable de los ecosistemas, pero también admite que la comunicación tardía de la medida -con la temporada turística ya en curso- generó incertidumbre y riesgos económicos para operadores y actores locales. A ello se suma un factor no menor: la insuficiente dotación de guardaparques para fiscalizar adecuadamente una nueva estructura tarifaria más compleja. Reconocer estas limitaciones no debilita a la institución; por el contrario, la fortalece, porque demuestra capacidad de autocrítica y disposición a corregir.

En territorios como Magallanes, donde el turismo de naturaleza es un pilar del desarrollo regional, las decisiones centralizadas deben dialogar con la realidad local. La regulación del acceso al sendero Base Torres es necesaria para proteger un ecosistema frágil y reducir los impactos de la sobrecarga turística, pero su implementación exige planificación, gradualidad y corresponsabilidad. Postergar no es retroceder. Es dar el tiempo indispensable para informar adecuadamente, ajustar procesos y asegurar que la medida cumpla su objetivo sin dañar a quienes, desde hace años, sostienen la actividad turística.

En tiempos donde la confianza en las instituciones públicas se construye -o se erosiona- con hechos concretos, la decisión de Conaf marca un precedente relevante. Escuchar a los actores territoriales, ponderar las capacidades reales del Estado y actuar con sentido de oportunidad es parte esencial de una buena gobernanza ambiental. En ese equilibrio entre conservación y desarrollo, rectificar a tiempo también es una forma responsable de avanzar.

Aunque cabe valorar la decisión, también se tiene que  subrayar que hubiera sido altamente preferible que, antes de aplicar la medida que hoy se posterga, se hubiera generado un diálogo más directo con los gremios turísticos, quienes vienen señalando que alzas de tarifas, modificaciones en los recorridos y otras decisiones atingentes al manejo del parque deben ser adoptadas dialogando con quienes habitan y conocen la región y ser anunciadas, a lo menos, con un año de antelación, pensando que los turistas extranjeros planifican con mucho tiempo un viaje a este lugar tan recóndito del mundo.