Auditoría revela “pagos improcedentes” y multas impagas a empresa Salfa en proyecto Cesfam 18 de Septiembre
Un demoledor informe de la Contraloría Regional de Magallanes (Informe Final N°552) dejó al descubierto una serie de irregularidades financieras y administrativas que afectan la construcción del nuevo Cesfam 18 de Septiembre, cuyas obras visitó a fines de noviembre el Presidente Gabriel Boric. Los hallazgos no sólo apuntan a una deficiente gestión del Servicio de Salud Magallanes (SSM), sino que exigen el reintegro de cifras millonarias por pagos que nunca debieron realizarse con fondos públicos.
El hallazgo más alarmante revela que el SSM autorizó pagos improcedentes por un total de $107.345.804. Según los auditores, el Estado terminó pagando “extra” por elementos que, por ley, debían estar incluidos en el diseño original del proyecto.
Entre estos gastos figuran más de $85 millones destinados a reforzar muros contra incendios. La Contraloría determinó que esto no era una mejora voluntaria, sino una exigencia legal vigente que el diseño inicial omitió.
Se pagaron poco más de $17 millones por obras de mitigación vial que eran requisito básico para obtener el permiso de edificación. Además, se invirtieron otros $4 millones en ajustes a rampas de accesibilidad universal, muebles de farmacia y seguridad en calderas, todos regulados por normas preexistentes que el contratista debía conocer y cumplir.
Para la Contraloría, aceptar estos contratos con cargo a la administración es improcedente, ya que el contratista declaró conocer todos los antecedentes y normativas al momento de adjudicarse la obra.
Cabe señalar que la Contraloría anunció el inicio de un procedimiento disciplinario para determinar las responsabilidades administrativas de los funcionarios del Servicio de Salud Magallanes.
Por otro lado, desde el Servicio de Salud emitieron un comunicado público, cuyas respuestas se consideran en la siguiente nota. No obstante, hasta el cierre de esta edición no contestaron ninguna pregunta formulada por este medio.
Multas olvidadas y “libro paralelo”
La fiscalización también detectó un perjudicial relajo en la aplicación de sanciones. El SSM dejó de cobrar multas por 330 UF (poco más de $13 millones actuales) ante incumplimientos claros en las instrucciones del fiscalizador de obras. Los auditores descubrieron que el SSM admitió haber omitido estos cobros “por error”.
A esto se suma una práctica que compromete la transparencia de la obra: la inspección técnica utilizó un sistema digital paralelo no oficial para registrar avances y comunicaciones, saltándose folios y dejando espacios en blanco en el Libro de Obras oficial. Esta situación impide una trazabilidad real de lo que ocurre en la construcción y vulnera la fe pública de los registros obligatorios por ley.
Fuga de recursos
Además de los pagos indebidos, tanto el SSM como el Gobierno Regional de Magallanes fallaron en aplicar reajustes por inflación en las devoluciones de anticipos y retenciones. Esta omisión administrativa generó un “menor ingreso fiscal de $58.412.344” (entre ambas instituciones), según constató la Contraloría. Este dinero debe ser recuperado obligatoriamente.
Ceremonia “engañosa”
Una de las voces críticas frente a estos hallazgos fue el diputado electo Alejandro Riquelme, quien destacó que estos hallazgos “son parte del trabajo de fiscalización que se realizó cuando fui consejero regional”.
“La ceremonia de ‘término de obras’ del Cesfam de la 18 no sólo fue prematura, sino derechamente engañosa. Según el informe de Contraloría, a la fecha de dicha actividad existía ítems inconclusos, observaciones técnicas graves y deficiencias administrativas que impedían sostener con seriedad que la obra estuviera efectivamente terminada”, planteó Riquelme.
Calificó el acto del Presidente Boric y el gobernador Flies como una “puesta en escena que ocultó a la comunidad una realidad muy distinta a la que se intentó mostrar”. Más grave, plantea Riquelme, es que “estas irregularidades no son posteriores, ni eran desconocidas para ambas autoridades: están debidamente consignadas en un extenso informe de Contraloría de septiembre”.
Finalmente, Riquelme sostuvo que “se optó por realizar una inauguración que transmitió una falsa normalidad y se les mintió derechamente a todos los vecinos del barrio 18 que lo más probable no puedan utilizar su Cesfam en varios meses más”.




