Restricción a despidos en el sector público desata controversia entre Gobierno de Boric y Kast

La cláusula del reajuste al sector público que endurece las condiciones para no renovar contratas se transformó en el mayor punto de fricción entre la administración saliente y la entrante tras el triunfo de José Antonio Kast. El foco del conflicto es el punto 14 del acuerdo negociado por Hacienda con la CUT y los gremios de empleados públicos, norma que establece que la no renovación de contratas deberá fundarse en criterios objetivos y verificables, y no solo en necesidades genéricas del servicio.

La medida fue duramente cuestionada por economistas y dirigentes de oposición, quienes advirtieron que incentiva la judicialización y limita la capacidad de gestión del próximo gobierno. Según cálculos del economista David Bravo, la disposición podría beneficiar potencialmente a cerca de 380 mil funcionarios públicos. El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, sostuvo que el acuerdo podría “dinamitar” la relación con el Presidente electo Gabriel Boric.

En el centro de las críticas quedó el ministro Nicolás Grau, quien participó directamente en la negociación. Desde el Ejecutivo, el secretario de Estado descartó que se trate de un “amarre” político y defendió la cláusula señalando que los funcionarios tendrán derecho a reclamar ante Contraloría. Kast respondió que “si alguien quiere amarrarse a un cargo, que se cuide”.

Sin embargo, por el alcance de la norma, en La Moneda reconocen que una decisión de ese calado difícilmente pudo haber sido visada solo por Hacienda. Todo apunta a que, al menos, pasó por las manos del propio Boric.

La controversia se suma a una seguidilla de flancos que ha enfrentado Grau desde su paso por Economía y ahora en Hacienda. En 2022, sus dichos sobre los “beneficios” de la inflación para las pymes generaron amplio rechazo gremial. En 2023 y 2024, la cancelación de proyectos de inversión china —como Sinovac, BYD y Tsingshan— volvió a tensionar su gestión, al igual que su ausencia en la Cesco Week y los retrasos en la agenda de “permisología”.

Más recientemente, el ministro respaldó al subsecretario de Pesca tras la entrega de cifras erróneas en la discusión del fraccionamiento pesquero, calificando el episodio como un “error importante, pero acotado”.

El “amarre” del reajuste aparece así como el último capítulo de una gestión que, a pocos meses del cambio de mando, se ha convertido en uno de los principales flancos políticos del Ejecutivo.

Con información de Ex Ante