Funcionarios de la Umag recurren a la justicia para impugnar criterio de desvinculación basado en deudas internas

La Asociación de Funcionarios Profesionales y Técnicos de la Universidad de Magallanes (Aprotec Umag) interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, procurando anular un decreto interno que establece un ajuste de personal no académico, el cual incluye un polémico criterio de desempate basado en el historial de deudas de los funcionarios con la institución.

El decreto N°38/2025, emitido el 20 de noviembre pasado, forma parte del plan de “Sostenibilidad y Modernización Financiera” de la Umag, que busca reducir en un 10% el gasto en remuneraciones. Entre sus normas, destaca una rúbrica que, en casos de empate entre funcionarios para un mismo cargo, considera el “cumplimiento financiero y deudas morosas con la institución” -como créditos de estudio, aranceles o fondo solidario- con un peso del 15% en la evaluación.

Para la organización gremial, este criterio es “discriminatorio, arbitrario e ilegal”, ya que penaliza a funcionarios por su situación económica personal, sin relación alguna con su idoneidad, desempeño o mérito profesional. “Establece una diferencia de trato fundada en una condición socioeconómica ajena a la capacidad laboral”, señaló la Aprotec en su escrito.

La acción judicial se fundamenta en el derecho a la igualdad ante la ley, garantizado en el artículo 19 de la Constitución, y busca que se suspenda la aplicación del decreto para evitar desvinculaciones basadas en lo que califican como un “factor de presión financiera”.

Cabe consignar que en documentos internos la universidad ha defendido el proceso de reestructuración como necesario para asegurar su viabilidad financiera y modernizar la gestión.

La Corte de Apelaciones deberá ahora resolver si admite a tramitación el recurso y, eventualmente, si acoge la solicitud de suspender el decreto mientras se resuelve el fondo del asunto.