Alcalde de Porvenir atribuyó al gobierno regional fallo adverso a municipio isleño

Al Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena atribuyó la mayor responsabilidad de los pagos no cumplidos a la empresa Cobra, que ejecutaba el proyecto de Agua Potable Rural (APR) para los loteos periurbanos Selknam y Laguna de los Cisnes, el alcalde fueguino, Gabriel Parada, debido a los incumplimientos que significaron un fallo desfavorable a la Municipalidad de Porvenir, por parte del Juzgado de Tierra del Fuego. Como se recordará, el juez Pablo Aceituno ordenó al municipio cancelar a la citada empresa $589.848.764, más reajustes e intereses corridos desde que la sentencia quede “a firme”.

“El estado de pago N°2, que se le tenía que hacer a la empresa Cobra a través del informe que entregaba a la Dom (Dirección de Obras Municipales) y por el cual era el gobierno regional quien cancelaba, la información que tenemos es que esa documentación nunca llegó y por eso no se pudo efectuar el pago, pero estaba en curso para poder ser cancelado. Y lo otro son dos boletas de garantía por 222 millones de pesos: una es laboral, por 22 millones, que ésa sí la teníamos como municipalidad”.

“Pero la devolvimos, una vez que Cobra certificó que había cancelado todos los temas laborales a sus trabajadores. Sólo queda la boleta por $200 millones, que es de garantía de fiel cumplimiento y obligaciones de la obra propiamente tal. Pero esa boleta de garantía no la cobramos nosotros, la cobró el gobierno regional”, aseguró el alcalde porvenireño. Se refiere con ello al fallo judicial desfavorable a su gestión, en la demanda contra el municipio fueguino interpuesto por la empresa Cobra, Montajes, Servicios y Agua Ltda., por la cual el Juzgado de Porvenir determinó que esa corporación debe pagarle a la demandante poco casi 600 millones de pesos.

El desglose es: $305 millones por estado de pago no cancelado; $222 millones por restitución de boletas de garantía que el municipio cobró de manera ilegítima, tras poner término anticipado al contrato con Cobra; y $63 millones por las utilidades que la empresa dejó de percibir por dicho incumplimiento. Parada afirmó que apelarán a la Corte de Punta Arenas y, de ser necesario -y porque legalmente en el aparato público se debe llegar al final con la postura de defensa-, llegarían hasta la Corte Suprema.

“Ahora vamos a apelar a las otras instancias, porque el fallo solamente nos está exigiendo el pago de dos cosas básicas, porque también le rechazó las obras de suministro que estaba pidiendo Cobra, que no incluyó en el estado de pago 2, tampoco consideró el daño moral que exigía la empresa, que Cobra no logró acreditar. En resumen, sólo están cobrando el estado de pago 2 y la garantía”, clarificó el jefe comunal isleño.

“Tenemos un mandato por ley en que debemos agotar todas las instancias y en el caso de la municipalidad, también está por ley que tiene que ser estimado por Contraloría o por un tribunal, pero tampoco un jefe de servicio puede pagar por su cuenta”, explicó el alcalde insular. Dijo que lo mismo les sucedió cuando se debió enterar el pago del seguro del incendio del exgimnasio Zavattaro al IND, hace algunos años, donde el órgano contralor determinó que debía pagarse ese dinero y debió hacerse.

Alcalde Parada: además del gobierno regional,
hay responsabilidad de la administración anterior

“Hay que acatar lo que dicen los tribunales y Contraloría, por supuesto, siempre agotando todas las instancias para tratar de probar lo contrario”, acotó Gabriel Parada. Complementó reiterando que “el tribunal rechazó la demanda principal de Cobra, que cobraba varias cosas, aparte de las dos que estoy mencionando. Sólo dio lugar a que la municipalidad tiene que pagar el estado de pago número 2 y tiene que devolver la boleta de fiel cumplimiento”.

“Pero las dos cosas dependen del gobierno regional. Nosotros lo hemos recalcado en varias oportunidades y eso tienen que alegarlo los abogados en la Corte de Apelaciones. En primera instancia el tribunal nos obliga a pagar eso, pero al recurrir a la instancia superior vamos a ver si eso corresponde o no. Si nos va mal, hay que agotar todas las instancias, nosotros como organismo público, tenemos la potestad de apelar ante los tribunales superiores hasta llegar a demostrar nuestra postura”, añadió la autoridad comunal.

Terminó especificando que el fallo del tribunal de primera instancia deja claro que “todo lo que significan las obras y el contrato queda circunscrito a la administración anterior”, refiriéndose a la alcaldía de su antecesora, la actual concejala Marisol Andrade, en cuyo periodo como alcaldesa se licitó el proyecto del APR. “Eso también el tribunal lo deja bastante claro: que todos los temas que se están generando en este minuto son producto de la licitación, que se hizo entre 2020-2021”, cerró Parada.