Banda “Sin Fronteras”: integrantes condenados por contrabando, asociación ilícita y lavado de activos

Tras un extenso juicio oral que se extendió por más de dos meses, la justicia ha dictado un veredicto condenatorio contra 15 integrantes de la organización criminal denominada “Sin Fronteras”, sumándose a otros 6 imputados que ya habían sido sentenciados en procedimientos abreviados. Originalmente enfrentaron el Tribunal de Juicio Oral 16 acusados, tras lo cual uno de ellos fue absuelto, recobrando su libertad. Esta banda no operaba de forma azarosa, sino como una verdadera “empresa criminal” transnacional dedicada al contrabando de cigarrillos y al lavado de activos en la Región de Magallanes, se estableció durante el juicio.

Todos fueron condenados por delitos de contrabando reiterado, habiendo operado durante gran parte del año 2023 e incluso venía de años anteriores. Por otra parte, se suma la agravante de aumento de penalidad por ser mercancía afecta a tributación especial, por ser cigarrillos la materia de contrabando. Además, y lo que el fiscal Felipe Aguirre, a cargo de la investigación, destacó, se comprobó la existencia y operación como organización criminal y lavado de activos.

“Estas personas ocultaban y disimilaban el origen de estos bienes a través de distintas inversiones que ellos hacían y también algunas modalidades que se establecieron en el juicio”, explicó el fiscal Aguirre tras conocerse el veredicto condenatorio, que definió el funcionamiento de la banda como el de una “empresa criminal”.

Los “Sin Fronteras”

Para toda la logística que implicaba el negocio de la banda, habían roles definidos y una estructura, que permitió durante el juicio poder comprobar el delito de asociación delictiva. En ella participaban ciudadanos paraguayos, venezolanos, chilenos y un argentino. El liderazgo lo llevaba una mujer chilena, Jessica y un venezolano, Yohel, quienes se identificaban en las escuchas telefónicas como los “cabecillas”.

El fiscal Aguirre explicó que durante el juicio se estableció “una clara delimitación entre quienes ejercían labores de jefatura y quienes no tenían esas labores”. Los cabecillas lideraban los grupos, “hablando de los paraguayos y los venezolanos” y también manejaban los contactos en Argentina, así como el flujo del dinero.

Los líderes llevaban, además, cuadernos de contabilidad donde registraban minuciosamente las ganancias, el pago de “sueldos” a los reclutas e incluso descuentos por conceptos de bencina, colaciones y préstamos.

También los cabecillas proveían para cada una de las operaciones diversos medios, como furgones para el traslado de la mercancía y otros autos menores.

Contrabando en caravana

El negocio principal era el tráfico de cigarrillos, mercancía sujeta a tributación especial y la pieza clave para concretar estas operaciones durante el tiempo de su actividad fue un camionero argentino, con quien sólo los líderes tenían contacto. Gracias a su gestión, ingresaba a Chile con carga lícita, ocultando el contrabando para evitar la declaración en Aduanas.

Este camionero “coordinaba cada ingreso a Chile y el lugar específico donde se iba a hacer el traspaso”, sostiene el fiscal. Aprovechando que el camionero argentino venía en tránsito desde San Sebastián, pasaba por Tierra del Fuego y cruzaba al continente camino a Monte Aymond, era en la ruta hacia el paso internacional donde se acordaba un lugar para descargar la mercancía a otros vehículos. “Ese chofer argentino era clave porque ingresaba sin declarar, oculta en su carga lícita, estas cajas de contrabando”, complementa Aguirre.

Tras coordinar el punto de encuentro en la Ruta CH-255 para el “trasvasije” de la mercancía, la banda utilizaba caravanas de seguridad. Estas se componían de unos seis vehículos: dos furgonetas grandes para la carga y entre tres a cuatro autos pequeños y rápidos, llamados “puntas”, que alertaban sobre la presencia de Carabineros o controles.

En el juicio se corroboraron al menos 15 operaciones de este tipo. En un solo procedimiento se incautaron 55 mil cajetillas de cigarrillos y se estima que el Estado dejó de percibir cerca de $200 millones de pesos en impuestos.

Lavado de activos: palos blancos y “pitufeo”

Para ocultar el origen ilícito de sus riquezas, la organización criminal empleaba tres tácticas principales de lavados de activos, que fueron identificadas por la Fiscalía y demostradas durante el juicio. Para esto, por ejemplo, fue clave el testimonio de un funcionario de la Brigada de Lavado de Activos de la Policía de Investigaciones (PDI).

Una de las maniobras de testaferrato utilizadas fue la más conocida como un “palo blanco”. Compraban vehículos a nombre de terceros para que los bienes no figuraran a nombre de los verdaderos dueños.

Otra técnica era la conocida como el “pitufeo”, consistente en dividir envíos de dineros para no generar alertas al sistema financiero. Realizaban múltiples remesas de dinero al extranjero en un solo día y con minutos de diferencia para así no superar los umbrales de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). “Si Ud. hace envíos al extranjero que superan cierta cantidad, la empresa lo va a bloquear o le va a decir que tiene que justificar esas remesas”, plantea el fiscal Aguirre.

También se establecieron otras modalidades, como el transporte físico de divisas, que también es una forma de lavado. ¿Cómo transportaban el dinero sin declarar ante Aduanas? Movían físicamente entre 10.000 y 25.000 dólares hacia la frontera para entregarlos a transportistas sin dejar registro legal y en ocasiones con la ayuda de casas de cambio.

Penas

El proceso judicial ha dejado un saldo masivo de condenas por contrabando reiterado, asociación delictiva, receptación aduanera y lavado de activos: 15 personas en total en este juicio, sumándose a 6 imputados adicionales que ya habían sido sentenciados en procedimientos abreviados por tener participación menor.

La Fiscalía ha solicitado penas que pueden alcanzar hasta los 20 años de prisión para los líderes y financistas, considerando que los delitos de contrabando y lavado de activos tienen penas de crimen que parten desde los 5 años y un día. Las penas se conocerán en los próximos dos meses.