Oposición por los 33 mil funcionarios del gobierno de Boric que podrían beneficiarse de los “amarres”: “Es inmoral”

La polémica norma que el Ejecutivo busca incorporar en la ley de reajuste del sector público, que endurece las condiciones para la no renovación de funcionarios a contrata, sigue escalando. 

Ahora, un nuevo foco se ha instalado, luego de que Emol dio a conocer que 32.767 funcionarios a contrata que ingresaron durante la actual administración podrían verse beneficiados por la medida, según cálculos del centro de estudios Horizontal. 

Desde la oposición, el diputado Frank Sauerbaum (RN) afirmó a a este medio que “el gobierno sufrió una dura derrota electoral y lo que propone es inmoral”, advirtiendo que insistir en la norma es un error y que ello podría “enrarecer otras negociaciones pendientes con el gobierno”. 

A su juicio, la iniciativa busca “dejar apitutados a más de 30 mil trabajadores que ingresaron al Estado, muchos de ellos sin ningún mérito y por cercanía política, lo que hace mal a la instalación del próximo gobierno”. 

“Nosotros no lo vamos a permitir, y el gobierno se está exponiendo a una serie de medidas que, como oposición, vamos a tomar, no sólo rechazando la norma, sino también afectando otras negociaciones pendientes, como el Fes, el proyecto de Gendarmería y la sala cuna universal”, advirtió. 

En la misma línea, el diputado Felipe Donoso (Udi) acusó al Ejecutivo de que, además de haber incorporado más trabajadores que todas las administraciones anteriores, ahora “quiere dejar a los activistas del Frente Amplio con sueldo. Eso es lo que está haciendo el Presidente Boric, el mismo que en su campaña prometía terminar con los pitutos. Hoy está apitutando no sólo a sus más cercanos, sino a 30 mil activistas de los partidos del gobierno”. 

Postura oficialismo 

Desde el oficialismo, el presidente de la comisión de Hacienda, Boris Barrera (PC), negó que se trate de un beneficio indebido. “La certeza respecto de la continuidad laboral de cualquier trabajador es un derecho”, afirmó, subrayando la necesidad de precisión en el debate. 

“Cerca del 90% de estas personas corresponde a trabajadores de la salud, de la educación y de los gobiernos regionales”, sostuvo, recalcando que estos últimos no dependen del gobierno central, y agregando que “habría que preguntarle a la ciudadanía si es bueno o no dar continuidad a médicos, enfermeras, profesores y asistentes de la educación”. 

En tanto, el diputado Luis Cuello (PC) rechazó que la norma implique un “amarre”. “No hay ninguna clase de amarre. Se trata de un acuerdo que aborda el problema generado por el cambio de criterio de la Contraloría respecto de la confianza legítima”, afirmó, señalando que el debate de fondo es si se debe otorgar mayor estabilidad a los trabajadores públicos. 

Emol