“Prácticamente una tortura”: ministro Kusanovic denuncia deplorables condiciones de detenidos en Puerto Williams

• Un hombre lleva 10 días detenido en la comisaría más austral sin calefacción ni camas, llegando a autolesionarse por ladesesperación. La falta de celdas de Gendarmería obliga a los jueces a dictar medidas fuera de la norma legal para evitar el colapso.

Lo que se inició como una jornada para estrechar lazos entre el Poder Judicial y la prensa en Punta Arenas terminó revelando una cruda realidad administrativa y humana en el Juzgado de Letras y Garantía de Cabo de Hornos. El ministro Marcos Kusanovic Antinopai, presidente de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, denunció una situación que calificó como propia del “lejano oeste”: un hombre lleva 10 días detenido en la comisaría de Puerto Williams en condiciones que rozan la “tortura” por la falta de infraestructura básica.

Su relato comenzó con un caso que ha conmocionado a la magistratura regional. Siendo escuchado por representantes de medios de comunicación y magistrados del Juzgado de Garantía de Punta Arenas, relató cómo un individuo, detenido por una orden pendiente de Panguipulli, Región de Los Ríos, relacionada con delitos contra la propiedad. El hombre ha permanecido privado de libertad en la Cuarta Comisaría de Carabineros de Puerto Williams durante más de una semana debido a la inexistencia de un centro de detención de Gendarmería en la zona.

Las condiciones descritas por el magistrado Kusanovic son alarmantes: la comisaría más austral del país no cuenta con calefacción adecuada para la zona, ni con espacios donde los detenidos puedan siquiera recostarse, lo que llevó al ministro a calificar las condiciones como de “prácticamente una tortura”. La situación ha derivado en una crisis de salud mental; según informó Kusanovic, el detenido -quien ya presentaba problemas previos- ha comenzado a autolesionarse, “dando cabezazos contra la pared” ante la desesperación del encierro.

Desde Carabineros han informado que los calabozos de las unidades policiales son transitorios, no de custodia permanente. “Carabineros no cumple esa función”, enfatizó Kusanovic, señalando que los efectivos policiales han tenido que alimentar al sujeto con recursos propios.

Se trata de una problemática que no es nueva; situaciones similares ocurrieron el año pasado, demostrando una falla sistémica en la red de traslados y custodia. Al encargar la tarea de custodia prolongada de detenidos a Carabineros, se les distrae de sus labores de seguridad ciudadana.

Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), el director regional, Cristian Figueroa, informó que tomaron conocimiento de la situación ayer. “Esta situación es del todo preocupante, ya que no es primera vez que ocurre. Hace más de un año tuvimos un caso similar y hoy se suma este nuevo caso. Efectivamente es una situación que no solamente pone en riesgo a la persona detenida, sino que también al propio personal de Carabineros, por cuanto no están las condiciones para tener una persona detenida por más de 24 horas en un recinto que no reúne las características de una detención de este tenor”.

El llamado que realizan desde el INDH es que “se busquen las respuestas pertinentes y soluciones de acuerdo a esta situación, ya sea en materia de infraestructura, apoyo aéreo, que son situaciones que tienen que venir de las entidades estatales”, asegura Figueroa.

Burocracia del traslado y segundo detenido

La complejidad del caso aumentó recientemente con la detención de un segundo hombre por robo de vehículo y amenazas. Al no haber espacio en la Comisaría para ambos, el tribunal ha tenido que recurrir a una “solución humanitaria” inédita: dictar un arresto domiciliario total para el segundo imputado, una medida que según reconoció Kusanovic, “no está considerada legalmente” para estos fines, pero es la única opción ante la falta de celdas.

El traslado de ambos sujetos hacia Punta Arenas está supeditado a la burocracia y al clima, ya que su movilización se realiza mediante convenios con Aerovías Dap. Por otro lado, existe el riesgo de que Gendarmería, por protocolos de dotación mínima, sólo acceda a trasladar a uno de los detenidos, obligando al Estado a costear un segundo viaje “carísimo”.

El seremi (s) de Justicia y Derechos Humanos, René Castro Cid, destacó que “el hecho de poder realizar traslados hacia y desde Puerto Williams mediante vuelos comerciales es un avance relevante que antes no existía”. Sin embargo, aclara que estos traslados se gestionan en las mismas condiciones que cualquier ciudadano, por lo que “eventuales demoras dependen exclusivamente de la oferta y disponibilidad de pasajes de la aerolínea, especialmente en períodos de alta demanda”.

Para este caso particular, informó Castro, “la orden provino de un tribunal de otra región del país (…) la cual además no consideró las coordinaciones mencionadas ni la realidad territorial de Magallanes”.

Por su parte, la dirección regional de Gendarmería informó que ya se han adoptado las “medidas necesarias” para el traslado de dos sujetos hacia el Complejo Penitenciario de Punta Arenas. La institución mantuvo bajo reserva la fecha y el modo del traslado por “motivos de seguridad”. Esta omisión coincide con la preocupación de Kusanovic, quien advirtió que los requisitos de Gendarmería podrían obligar a realizar dos viajes distintos.

“La solución que se nos da es que se traslada un contingente de Gendarmería por vía aérea, pero el traslado solamente se va a poder hacer efectivo pasado mañana. Es decir, hoy y mañana todavía tenemos que ver en qué condiciones quedan estos detenidos hasta que llegue Gendarmería el miércoles”, explicó el ministro Kusanovic.

Comisión de Justicia Penal

El ministro Kusanovic ha manifestado su preocupación directamente al general de Carabineros, Marco Alvarado, ante la incertidumbre de quién respondería si algo grave le sucede a estas personas bajo custodia improvisada. Consultada la institución, determinaron no referirse al caso, indicando que se cumple con el mandato del Ministerio Público.

Para abordar esta “necesidad del servicio judicial desatendida”, se ha convocado a una reunión de la Comisión de Justicia Penal el próximo 27 de enero en la Corte de Apelaciones. El objetivo es establecer una hoja de ruta clara que garantice que Puerto Williams cuente con una dotación mínima de Gendarmería y un recinto penal básico, evitando que la justicia en el extremo sur siga operando bajo condiciones que el ministro no dudó en calificar de “bastante negativas para nuestra comunidad”.