La transición al pago electrónico en transporte

El 1 de enero marcó un hito en la movilidad urbana de la región al entrear en vigencia el sistema de pago electrónico obligatorio en el transporte público, consolidando una transformación que busca modernizar el traslado diario de miles de usuarios. 

Con multas de hasta $104 mil para quienes evadan la cancelación del servicio, la medida ha generado atención, expectativa y también debate sobre su implementación y efectos en la ciudadanía.

El primer balance, según la autoridad regional de Transportes, fue positivo, ya que no se registraron inconvenientes mayores, los usuarios se mostraron satisfechos y la penetración del sistema supera el 60%. 

Ciertamente, la transición tecnológica facilita la planificación de gastos y promete mayor eficiencia en la recaudación, alineándose con experiencias exitosas en otras ciudades del país y del mundo. La digitalización del transporte público, con tarjetas Bipay, pago mediante aplicaciones y sistemas bancarios, representa un avance hacia la modernidad y la comodidad para los pasajeros.

Sin embargo, la medida no está exenta de desafíos. La sanción económica impuesta a los infractores, aunque necesaria para garantizar cumplimiento, podría ser percibida como estricta, sobre todo en los primeros meses de implementación. La responsabilidad recae, además, exclusivamente en los usuarios: los conductores no pueden retener ni cobrar a quienes no paguen, lo que deja la fiscalización como un proceso externo, dependiente de inspectores y tecnología. Esta separación de roles requiere una campaña informativa constante y accesible, especialmente para quienes aún no han adquirido la tarjeta o descargado la aplicación.

Otro aspecto relevante es la inclusión social. A pesar de que se han vendido más de 24 mil tarjetas y entregado 6 mil de manera gratuita, persisten sectores de la población con dificultades de acceso a la tecnología o al conocimiento del sistema. El éxito del pago electrónico no se mide únicamente por la adopción tecnológica, sino por la capacidad de garantizar que todos los usuarios puedan utilizarlo sin barreras. La presencia de promotores a bordo y centros de atención con horario extendido es una medida correcta, pero debe mantenerse durante todo el proceso de consolidación del sistema.

Más allá de la fiscalización y las multas, la entrada en vigor del pago electrónico plantea una reflexión más profunda, en cuanto a que el transporte público no es solo un servicio, sino un derecho ciudadano. Modernizarlo no implica únicamente digitalizar el cobro, sino asegurar que la transición sea equitativa, comprensible y eficiente para todos. La tecnología puede ser una aliada poderosa, pero su éxito depende de cómo se acompañe de educación, información y accesibilidad.